La pugna por la elección del Superintendente de Bancos del Ecuador continúa. Desde la noche del domingo 14 de agosto de 2022, la entrada de la institución, cuya sede está asentada en Quito, ha sido cercada por al menos cien agentes policiales. La orden llegó desde el gobierno: el Ministerio de Gobierno anunció el 14 de agosto de 2022 que Raúl González Carrión, posesionado como Superintendente de Bancos por la Asamblea Nacional el 11 de agosto, no será reconocido por el gobierno de Guillermo Lasso.

La Asamblea Nacional posesionó a González en medio de una pugna por la Superintendencia de Bancos. Además de la orden judicial que declara nula su designación, la posesión de la Asamblea se hizo mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) avanza con la revisión de una nueva terna de candidatos a Superintendente de Bancos, enviada por el presidente Lasso el viernes 5 de agosto de 2022. 

Frente a la decisión del Legislativo, el Ministerio de Gobierno ha dicho, en un corto comunicado difundido a través de sus redes sociales, que “simplemente no puede posesionarse a alguien cuyo nombramiento no existe”, debido a la disposición judicial que invalidó su ascenso como titular de la Superintendencia. El Ministerio aseguró que el Ejecutivo, “en cumplimiento de sus facultades constitucionales no reconoce ni puede reconocer a Raúl González como superintendente”. Y aquella resolución tiene sus consecuencias: los ministerios de Finanzas y de Trabajo, ni el Banco Central, ni la Junta Monetaria “lo aceptarán como tal”. 

Respecto del Ing. González Carrión: No puede posesionarse a alguien cuyo nombramiento no existe. pic.twitter.com/UdxD2WLXNg

— Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) August 15, 2022

El Ministerio, además, lanzó una advertencia a González para no “intentar, ni llevar a cabo acción alguna que pueda reiterar cualquier delito de arrogación de funciones”. Y para impedir que González llegue a la institución, el cerco policial aún permanece en las inmediaciones de la Superintendencia durante la mañana del 15 de agosto. Además, una veintena de vallas fueron colocadas frente a la entidad pública para evitar el ingreso de civiles. Los agentes policiales colocaron una hoja en la entrada, en la que se detalla que no podrán realizarse trámites presenciales, sino que se harán en línea.

Pero el mayor giro se dio la tarde del 16 de agosto, cuando la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia anunció que el gobierno denunció a Raúl González ante la Fiscalía.

El secretario general jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, presentó la denuncia “por el cometimiento de infracciones” que van en contra de varios artículos del Código Orgánico Integral Penal, en los que se tipifican delitos como:

• Inclumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente
• Usurpación y simulación de funciones públicas
• Peculado

Otras consecuencias de la posesión de González

Desde un video que se viralizó en el que Raúl González es incapaz de pronunciar la palabra “obstaculizando”, hasta un comunicado por tres consejeros del Cpccs a favor de González, la pugna continúa.

El 15 de agosto de 2022, cuando González intentó viajar a Quito para entrar en el despacho de la Superintendencia —en un edificio cerrado y cercado por la Policía—, pero su vuelo fue suspendido. Intentó hacer lo mismo en Guayaquil; sin embargo, no lo dejaron ingresar a las oficinas. Improvisó una rueda de prensa en los exteriores de la regional de Guayaquil, en la que expuso que hasta administrativamente el gobierno lo “desconoció”: ya no pudo ingresar a su cuenta institucional y su Quipux —sistema digital de comunicación de todo el sector público— estaba suspendido. 

Raúl González no puede hacer nada.

En horas de la tarde del lunes 15 de agosto, los consejeros de Cpccs, David Rosero, Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos hicieron público un comunicado en el que apoyan a González y aseguran que no existe otro proceso de designación de Superintendente de Bancos. “La posición de Ulloa es unilateral”, dice el comunicado.

Hernán Ulloa, presidente del Cpccs, se ha pronunciado en contra de la posesión de González por parte de la Asamblea Nacional. Incluso, el 14 de agosto de 2022 envió un comunicado a 13 instituciones del Estado, en el que explicaba que González no había sido “designado como primera autoridad de la Superintendencia de Bancos”, en función del fallo judicial de la jueza Ibarra, que anuló su designación. 

En el mismo documento, Ulloa arremetió contras los 70 asambleístas que votaron a favor de la posesión de González. De acuerdo al presidente del Cpccs, estos legisladores podrían ser destituidos y enjuiciados por no cumplir la disposición de una autoridad competente. Para Ulloa, la Asamblea se estaría arrogando funciones del Consejo al posesionar al Superintendente de un proceso que fue anulado por la justicia. 

La llamada de Aparicio Caicedo

El 9 de agosto de 2022, se hizo público un audio de una llamada en el que se escucha a Aparicio Caicedo, presionar a Raúl González. 

En el audio se escucha una conversación telefónica que aparentemente sostuvieron Caicedo y González, en la que el consejero reclama a González por no haber renunciado a la terna para Superintendente de Bancos.

En un punto de la conversación, Aparicio Caicedo le dice a González: “Te quise hacer terminar esto de una buena forma y no tienes palabra. Por dignidad, si el presidente de la República no te quiere en su terna, deberías renunciar a ella. Solamente te llamaba a decir eso”.

En un comunicado de prensa, Aparicio Caicedo no negó que el audio era real. Caicedo dijo que “el señor Raúl González perdió la confianza dada para integrar la terna cuando empezó a negociar políticamente, tras bastidores, durante el proceso con asambleístas y otros actores políticos”. 

La rendición de González

Seis días después de haber sido posesionado como Superintendente de Bancos por la Asamblea Nacional, Raúl González se cansó de insistir en ocupar el cargo para el que según el gobierno, no existe un nombramiento. 

En una entrevista radial con Jimmy Jairala la mañana del 17 de agosto, González habló sobre la pugna por la Superintendencia de Bancos. En la entrevista, González dijo que su designación y posesión como Superintendente se ha vuelto un tema político que ha originado “un caos a nivel institucional” y que no quiere ser parte de él. 

Por eso, aseguró que “si se necesita que haya un sacrificado, yo me voy a sacrificar”. Raúl González dijo que no va hacer nada a nivel jurídico y que dará “un paso al costado para que siga el proceso correspondiente” de la designación de la cabeza de la Superintendencia. 

González dijo que lo único que quiere es “llamar al diálogo al poder ejecutivo, a los actores políticos del gobierno, a los asambleístas, para que lleguen al diálogo para buscar el norte”. 

Además, al ser cuestionado sobre la apelación a la decisión de la jueza Larissa Ibarra, que dejó sin efecto su designación, González prefirió no dar mayores detalles. El economista solo dijo que dejará que ese tema sea resuelto por la justicia y que “yo voy a apartarme”, dijo. 

La tarde del 17 de agosto, González publicó un comunicado en el que aclaraba que lo que dijo en la entrevista con Jairala no significa que haya renunciado a su «legítimo derecho adquirido durante un proceso de designación”. Además, dice que eso tampoco involucra que desista de los recursos judiciales que ha planteado sobre el caso. 

González dijo que decir que iba a dar un paso al costado se trataba de un “mensaje conciliador para que el gobierno nacional y todas las demás funciones del Estado converjan en un solo objetivo nacional a beneficio de los ecuatorianos y el bien común”. 

Hasta el 17 de agosto, no se había sorteado la causa de apelación de González que debería determinar si era legal o no que ocupe el cargo de Superintendente de Bancos. 

Las acciones constitucionales

El nudo gordiano en que se está convirtiendo esta designación había tenido ya una vuelta de cuerda la tarde del 1 de agosto de 2022. Ese día, la jueza Larissa Ibarra, de la Unidad Judicial Multicompetente de la ciudad de Samborondón, en la provincia del Guayas, resolvió una acción de protección interpuesta por la ciudadana Michelle Guerra para dejar sin efecto la designación de González. 

Ibarra ordenó que el Presidente de la República remita al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) una nueva terna para seleccionar al reemplazo de la anterior superintendenta, cesada en febrero de 2022.

El 5 de agosto el juez Jhon Rodríguez Mindiola, que despacha desde la pequeñísima ciudad agrícola de Yaguachi, ordenó que la Asamblea Nacional posesione de inmediato a Raúl González, como el nuevo superintendente. Rodríguez acogió un pedido de medida cautelar interpuesto por el ciudadano Diego Trujillo Llumiquinga. 

Dos acciones constitucionales sobre el mismo hecho, con cuatro días de diferencia, con dos pedidos completamente distintos. Normalidad jurídica en Ecuador.

Sin embargo, la mañana del 8 de agosto de 2022, en una entrevista en Teleamazonas, el presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, aseguró estar tranquilo con lo que el Consejo está haciendo. Es decir, revisar la nueva terna enviada por Lasso. Según él, lo que corresponde al organismo es acatar la decisión de la jueza Ibarra, que “revisó a fondo esta decisión, dando una disposición”.

Para Ulloa, el juez de Yaguachi ha actuado fuera de su competencia. “Una medida cautelar no puede ir en contra de una decisión judicial. Este es un candado que existe en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para evitar el abuso del derecho. Para evitar que usted presente una acción de protección, le niegue un juez y como le negó ese juez, usted va y presenta otra a otro juez. Eso no existe, existe un candado constitucional, donde los jueces están prohibidos en hacer medidas cautelares o dictarlas en contra de decisiones judiciales”, dijo Ulloa en Teleamazonas.

El CPCCS ya presentó una apelación ante la acción de protección de la jueza Ibarra. Por ende, de acuerdo a Ulloa, el fallo de Rodríguez no surte efectos aún. Será potestad de los jueces de apelación que conozcan el caso pronunciarse de forma definitiva sobre el pedido hecho por Guerra.

Pero Ulloa deja de lado la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas cautelares, una vez que se expiden. Las medidas cautelares, cuando se emiten, no pueden ser apeladas.

Para la abogada constitucionalista Ximena Ron en ese momento existían dos sentencias constitucionales contradictorias. Según Ron, el pedido de medidas cautelares no debió ser admitido porque hay una prohibición legal, así como jurisprudencia de la Corte Constitucional, que establece que no pueden existir sentencias contradictorias. Si un juez, según Ron, emite una sentencia que impida la ejecución de una sentencia constitucional, corre el riesgo de ser destituido por parte de la Corte Constitucional.

Además, dice Ximena Ron, ambas resoluciones —la de acción de protección y la de medidas cautelares— eran improcedentes. La acción de protección fue emitida para impedir un proceso de designación que “de haberse incurrido en inobservancias o en violaciones, tiene un procedimiento adecuado y debido que no es el proceso constitucional”.

El 8 de agosto, el juez Jhon Rodríguez Mindiola revocó la medida cautelar que había concedido tres días antes. En el documento que consta en el sistema del Consejo de la Judicatura sobre el caso, uno de los motivos de la revocatoria es que Rodríguez dice que ese día “llego a su conocimiento” la sentencia de la jueza Larissa Ibarra, de Samborondón. 

El abogado constitucionalista Esteban Polo dice que después del 8 de agosto y de la revocatoria de la medida cautelar esas decisiones contradictorias dejan de existir y la que se mantiene vigente hasta el 11 de agosto es la sentencia de Ibarra, en la que declara nulo el proceso de selección de González. Por eso, dice el abogado Polo, la Asamblea no debía posesionar a Raúl González como superintendente de bancos. 

Polo dice que es probable que el caso sea remitido a la Corte Constitucional con una acción de incumplimiento para que sea resuelto por el tribunal más alto de la nación. La Corte podría exigir que se cumpla el fallo y que todo el proceso de selección de González sea declarado como nulo. Sin embargo, dice que antes de eso la jueza Ibarra deberá agotar todos los recursos posibles para hacer que su sentencia se cumpla. 

La nueva terna enviada por el presidente Lasso

El 5 de agosto de 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso, envió una nueva terna de candidatos a la Superintendencia de Bancos, luego del pedido formal del CPCCS.

Entre los nuevos nombres puestos a disposición se encuentran:

• Roberto José Romero Von Buchwald
• Rosa María Herrera Delgado
• Felipe Andrés Cabezas-Klaere

Se supone que de estos tres nombres saldría ahora el reemplazo de Ruth Arregui, que fue censurada por la Asamblea Nacional en febrero pasado. El 20 de julio de 2022, con cuatro votos, Raúl Agustín González Carrión fue designado como el nuevo Superintendente de Bancos. Y debía cumplir el cargo hasta el 2026.

Pese a que los consejeros David Rosero, Juan Javier Dávalos, Francisco Bravo y Sofía Almeida votaron favorablemente por González —el único de los miembros de la terna anterior, que el Ejecutivo envió en abril pasado, que llegó hasta el final del proceso—, hubo dos abstenciones —de las consejeras María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán— y un voto en contra, del presidente del CPCCS, Hernán Ulloa.

Si bien Ulloa aceptó el voto de la mayoría, manifestó que González incurría en prohibiciones para ejercer el cargo, al constar como representante legal de dos instituciones financieras que están en liquidación, ko que podría considerarse un conflicto de intereses que le inhibe de asumir el cargo. 

Lo curioso de esta designación es que ni bien se hizo pública, se desató una “pequeña batalla” en redes sociales entre seguidores y detractores del gobierno de Guillermo Lasso. La conversación fluctuaba entre dos extremos: la acusación de que González sería correísta —o que respondería a los intereses del corresísmo—, y el hecho de que esa acusación no tendría sentido ya que González fue parte de la terna que envió el propio presidente Lasso.