En junio de 2013, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley de Comunicación y varios de sus artículos prendieron alarmas. Lo más preocupante parece ser el espíritu ambiguo de la ley, sobre la que el Presidente de la República ya ha anunciado el veto. 

El artículo 2 es uno de los más preocupantes, pues pretende eliminar la opinión como contenido comunicacional. ¿Cuál es el propósito de eliminar un género periodístico? 

Podría pensarse que se pretende evitar que cualquier contenido de opinión sea considerado un discurso protegido, como lo es de acuerdo a los estándares internacionales relacionados a la libertad de expresión. “La Corte Interamericana ha sido categórica en decir que no se puede tratar por cuerdas separadas la libertad de opinión y prensa de la libertad de expresión como si fueran distintas. La opinión es una forma de ejercer la libertad de expresión, por lo tanto está sometida a la misma protección”, me dijo María Dolores Miño, abogada experta en libertad de expresión. Para ella, la reforma es un retroceso. 

Pero la reforma es tan enredada que, unos párrafos más abajo, en el artículo 9, garantiza la “libertad de pensamiento, expresión y opinión” que incluye “no ser molestado a causa de sus opiniones”. Esa confusión —e incluso contradicción— podría permitir lo que ya vivimos en el pasado: una incertidumbre muy conveniente a la hora de interpretar y aplicar la ley contra quienes están en el poder consideran incómodos. Amordazar la opinión puede poner en riesgo la democracia, pues precisamente esos espacios son los que están destinados a exponer posturas de disenso con el poder. 

Puede haber opinión de calidad, argumentada y sustentada. Puede haber opinión salida de las vísceras, sin argumentos y basada únicamente en la animadversión de quien la emite hacia un gobernante o político en específico. Da igual. La opinión es un discurso protegido internacionalmente, y así debe mantenerse en la ley. 

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El simple intento de censurar, restringir, limitar o amedrentar el ejercicio de la opinión debe ser una alarma para todos los ciudadanos. ¿O queremos volver a aquella época en la que se sancionaba la opinión —por más pobre o carente de argumentos que esta sea— y se tasaba la honra del gobernante de turno en millones de dólares? 

Esas prácticas no solamente han dejado una huella profunda en el ejercicio del periodismo. Han sido un precedente nefasto para el fortalecimiento de la democracia y terminaron en un fallo en contra del estado ecuatoriano por “la violación de los derechos a la libertad de expresión” en el caso El Universo. 

Por supuesto que todos tenemos derecho a la honra y que éticamente es cuestionable que la opinión, en lugar de ser rigurosa, sea visceral y basada en el rechazo que un columnista puede tener con un actor político o gobernante. Pero es verdad también que toda persona pública —los funcionarios de gobierno y políticos con más razón aún— están sujetos al escrutinio público en un grado muy superior al resto de los ciudadanos. Por lo tanto, su tolerancia debe ser también superior. 

Los dos límites aceptados internacionalmente son la incitación a la violencia y el discurso de odio. Más allá de eso, los funcionarios públicos deben comprender que aceptar la crítica, justificada o no, es una dimensión básica de su trabajo. 

Por eso es inaceptable que nuevamente se abra una ventana para que exista la posibilidad de coartar o sancionar la opinión —por más burda que esta sea. Por mucho que, como lector o audiencia, esa opinión disguste, incomode o moleste. Esa es la gracia de vivir en una democracia, que hay espacio para la diversidad.

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Bajo esa misma lógica de control del Estado y de exclusión de un género periodístico de la protección que ofrece el ejercicio de la libertad de expresión, es igual de preocupante la intención de que el Estado garantice “el derecho a la verdad”, tal como lo plantea la ley en su artículo 17. 

Nuevamente el artículo es muy ambiguo: qué es la verdad, quién la determina, quién define si un medio o periodista miente, qué criterios se usan para discernir una información imprecisa de una mentirosa.

Qué peligroso pretender que el Estado, cuyas instituciones están precisamente bajo el escrutinio de la prensa, sea quien determine qué es verdad y qué no. 

Es preocupante porque históricamente al Estado, en todo el mundo, muchas veces no le ha interesado que se sepa la verdad. Basta con revisar los casos históricos de revelaciones de prensa, como Watergate, que terminó con la caída del presidente estadoundiense Richard Nixon, o los Panama Papers, que significó la dimisión del primer ministro islandés. 

En otros casos, el Estado ha querido escribir la verdad. La Nobel de Literatura 2015, Svetlana Alievich contaba en su libro La guerra no tiene rostro de mujer, una convesación que tuvo con un censor estatal soviético. Cuando ella le dice que en su libro lo que buscaba era “la verdad”, el hombre le responde: “Para usted, la verdad está en la vida. En la calle. Bajo nuestros pies. Para usted es tan baja, tan terrenal. Pues se equivoca, la verdad es lo que soñamos. ¡Es cómo queremos ser!”. Pocas veces ha habido una cándida admisión de que para los regímenes totalitarios la verdad es una cuestión inexistente. 

También hay ejemplos locales. 

En 2020, cuando en plena crisis por la pandemia del covid-19, se difundió información, a través de redes sociales, sobre los cadáveres que abarrotaban los corredores en un hospital de Guayaquil. 

El gobierno del entonces presidente Lenín Moreno se apresuró a tildar de “noticias falsas” la información que circulaba en redes sociales. La información que finalmente fue confirmada como real. De hecho, mucha gente sigue sin encontrar los cadáveres de sus familiares que se perdieron. Eso demuestra claramente cómo el Estado puede dar información oficial que no necesariamente es real, es simplemente una versión que, como cualquier otra, está sujeta a verificación.

En 2021, cuando la Secretaría de Comunicación de la Presidencia —ya en el período de Guillermo Lasso— dio marcha atrás en el intento de crear una verificadora de datos oficial. 

El organismo —entonces encabezado por Eduardo Bonilla— entendió que no puede ser juez y parte. Una cosa es la información —aquella que viene de la vocería de una fuente gubernamental, legislativa o de cualquier otra índole y que surge con autorización de esa entidad. Otra cosa, es la información que surge de otras fuentes y que puede incluso contradecir a la versión oficial. No significa que aquella otra fuente, la que contradice la versión oficial, esté diciendo una mentira.  

Hay, además, otro problema en esa clasificación. De acuerdo a los estándares internacionales, la discusión sobre si un periodista dijo o no la verdad en una publicación es obsoleta.  El concepto, además, está atado al de la objetividad, también obsoleto. Porque sí, la obligación de un periodista es decir la verdad pero no existe una verdad absoluta, totalmente objetiva e incuestionable: todo depende desde dónde se mira. 

María Dolores Miño, abogada experta en libertad de expresión, dice que ese no es un parámetro de sanción. “La única forma de que proceda una sanción es que se compruebe que un periodista no actuó con debida diligencia o buena fe a la hora de informar”, dice. Es decir, que haya cumplido con los criterios básicos del periodismo: investigar, llamar a las fuentes involucradas, contrastar, y verificar. 

Por eso, la ambigüedad que propone la ley, de establecer una “verdad”, controlada, además, por el Estado, debería preocuparnos a todos. 

Aún más cuando hay contextos de polarización tan profundos como el que vivimos ahora, tras un paro nacional en el que cada actor alegaba tener la “verdad” y cuestionaba a la prensa por no comunicar exactamente lo que ellos esperaban. Cuán peligroso sería eso si es que le damos al Estado, uno de los actores, la potestad de definir cuál es la verdad y, por lo tanto, qué debe ser transmitido por la prensa y qué no.

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Es muy grave que hoy se vuelva a discutir una ley de comunicación con ambigüedades y espacios para la interpretación antojadiza, después de haber vivido bajo una ley que sirvió como castigo a los medios que al gobierno no le gustaban. 

En marzo de 2015, diario El Universo publicó un reportaje sobre la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Al gobierno de entonces no le gustó el titular y acudió a la Superintendencia de Comunicación, institución creada a través de la Ley de Comunicación del correísmo votada en 2012.

La Superintendencia, cuya cabeza era Carlos Ochoa, quien hasta pocos meses antes de ocupar ese cargo fuera el presentador estrella de la opinión gubernamental del correísmo, sancionó al diario, en junio de 2015, tras la queja presentada por el entonces Secretario de Comunicación de la Presidencia, Fernando Alvarado. El pedido de Alvarado —convertido en sanción por decisión de Ochoa— pretendía obligar al diario a publicar una noticia diagramada y con el titular que debía ser: “El IESS ha progresado y mejorará aún más en los próximos años”.  

Las sanciones administrativas pusieron en riesgo la solvencia de muchos medios y no ayudaron a mejorar la calidad del periodismo. Al contrario, lo debilitaron al punto de que los medios y periodistas se autocensuraban por miedo a las represalias.

Evidentemente el Estado no pretendía un periodismo libre, crítico e independiente del poder. Wuería, un periodismo obsecuente, más cercano a la propaganda política que a la independencia editorial. ¿A eso queremos volver, sea quien esté en el poder

María Sol Borja
Periodista. Ha publicado en New York Times y Washington Post. Fue parte del equipo finalista en los premios Gabo 2019 por Frontera Cautiva y fue finalista en los premios Jorge Mantilla Ortega, en 2021, en categoría Opinión. Tiene experiencia en televisión y prensa escrita. Máster en Comunicación Política e Imagen (UPSA, España) y en Periodismo (UDLA, Ecuador). Es editora asociada y editora política en GK.
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