En octubre pasado, tras un poco más de cuatro meses en el poder, el gobierno de Guillermo Lasso anunció la creación de una cuenta de “verificación de información”. El comunicado enviado por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República (Segcom) dice que el objetivo de crear estas dos cuentas, una en Twitter —con 2.705 seguidores—  y otra en Facebook —con 275—  es “proporcionar a la población información fidedigna y oportuna y, a su vez, contribuir con el trabajo periodístico mediante la comprobación de datos”.

Entre lo que dice el comunicado oficial, y cómo se presenta, en su biografía, la cuenta de Twitter, que se llama Segcom Verifica —que dice que es la cuenta oficial del gobierno “para verificar y combatir las noticias falsas”— se puede inferir que el gobierno ha creado su propio mecanismo de “verificación de noticias”. Eso es, sin embargo, totalmente contradictorio con los principios que debe cumplir una organización o proyecto que se dedique a la verificación de datos: ser independiente. 

La Red Internacional de Verificación de Hechos (IFCN por sus siglas en inglés) tiene un código de principios que establece que para poder ser considerado un verificador, se debe tener independencia editorial. Un gobierno no la tiene porque, además, es precisamente su discurso el que suele ser verificado por los periodistas y no a la inversa. 

“Nosotros no intentamos que esto sea una cuenta verificadora de noticias. Entiendo que tratar de hacer eso sonaría parcializado”, dice Eduardo Bonilla, Secretario General de Comunicación en una entrevista telefónica, a pesar de que esa es la descripción que se hace en las cuentas. Niega, además, que el espíritu de la cuenta sea de controlar o deslegitimar a la prensa. Dice que, de lo que se trata, es de entregar la información oficial para que incluso los periodistas puedan usarla.

Sin embargo, entre los 40 contenidos que se han publicado en la cuenta de Twitter entre el 6 de septiembre —antes del anuncio oficial de creación de la cuenta—  y el 9 de noviembre, sí hay contenidos que tratan como “noticia falsa” a un contenido de periodistas y medios de comunicación. El primer tuit, por ejemplo, es un desmentido a una publicación del medio digital Ecuador Inmediato, sobre unos supuestos viajes irregulares a Londres del avión presidencial. 

También se califica de noticia falsa a un tuit del periodista Andersson Boscán sobre la violencia en las cárceles. “NOTICIA FALSA | Se ha difundido información falsa respecto a la situación interna en la Penitenciaría del Litoral. La @PoliciaEcuador informa a la ciudadanía que esta información no es real.”, dice el tuit de la Segcom Verifica. Sobre la captura de pantalla del tuit de Boscán, hay un cuadro rojo y se lee “Noticia Falsa”. 

“Aunque suene exagerado, cuando tenemos instancias de gobierno que se dedican a marcar como cierto o como falso ciertos tipos de contenidos, hablamos de una amenaza a la libertad de expresión porque se trata de imponer una verdad oficial”, dice Désirée Yépez, periodista verificadora de datos. 

Aquí es importante explicar que, para los periodistas, hay varios tipos de fuentes de información. Una de ellas es el gobierno. Pero no es la única. Cuando se reportan o se investigan hechos a los que difícilmente un periodista tiene acceso directo —como las masacres en las cárceles— las historias se suelen construir a partir de testimonios de fuentes extraoficiales: guías penitenciarios, policías, presos y familiares. 

Que esas versiones sean contradictorias con las que da el gobierno no necesariamente quiere decir que no son hechos. Que desde el Estado se los trate como noticias falsas produce dudas sobre la credibilidad de los periodistas y la prensa, aunque la información entregada por ellos sea verdadera no quiere decir que aquellas entregada por fuentes no oficiales no lo sea. “Eso es absurdo. No solamente existen las fuentes oficiales. Las fuentes no oficiales son perfectamente válidas para entregar información. Muchas veces las fuentes oficiales te ocultan o te dan información parcial”, dijo César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios). Ricaurte dice que lo que se necesita es mejorar la entrega de información por parte del Gobierno a los periodistas, justamente para que ellos hagan la tarea que les corresponde a los medios, no al gobierno: contrastar, verificar y poner en contexto. 

Ahí está el riesgo de ser parte interesada: el potencial propósito de que ciertos hechos no sean divulgados. Casos de gobiernos queriendo ocultar información se cuentan por decenas en todo el mundo. Desde los Papeles del Pentágono, que el gobierno de los Estados Unidos quiso evitar que sean difundidos por el New York Times y el Washington Post porque desbarataban la guerra de Vietnam hasta los autoritarios regímenes comunistas en Cuba, Corea del Norte o la Unión Soviética. 

En Ecuador, lo vivimos hace poco. El año pasado, cuando en plena crisis por la pandemia del covid-19, se difundió información, a través de redes sociales, sobre los cadáveres que abarrotaban los corredores en un hospital de Guayaquil. El gobierno del entonces presidente Lenín Moreno se apresuró a tildar de “noticias falsas” la información que circulaba en redes sociales. Désirée Yépez fue una de las periodistas que trabajó en la verificación de esa información que finalmente fue confirmada como real por el Hospital Los Ceibos de Guayaquil. Eso demuestra claramente cómo el Estado puede dar información oficial que no necesariamente es real, es simplemente una versión que, como cualquier otra, está sujeta a verificación. 

Yépez dice que, además, no se puede desprender el contexto en el que se popularizó el término fake news y quién lo hizo: fue en 2016, el entonces candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, calificaba como tal a los contenidos de periodistas y medios que cuestionaba sus declaraciones y advertían de las implicaciones que su triunfo podría tener en el país. 

Laura Zommer, una de las pioneras de la verificación de datos en América Latina —con Chequeado de Argentina— dice que estas iniciativas carecen de legitimidad. “Eso es comunicación oficial. No es periodismo ni información imparcial. Es una voz oficial disfrazada”, dijo. 

Para Bonilla, sin embargo, no hay ningún interés de deslegitimar a los periodistas o a la prensa. “No se ha utilizado para perseguir a nadie, para hablar mal de nadie, para difamar a nadie. Esto es simplemente un efecto de la política de transparencia que tiene la Segcom y es una herramienta más para comprobar si algunas cosas son reales o no”. Bonilla asegura que no se trata de emitir una sola verdad desde el gobierno.

Fundamedios sí advirtió que este mecanismo podría convertirse en un medio de censura a través de un boletín emitido unos días después del anuncio de la creación de las cuentas, hecho por la Segcom. “Intenta constituirse en un árbitro de la verdad y eso es sumamente peligroso”, dijo Ricaurte y comparó con el gobierno de Rafael Correa, en el que se crearon espacios mediáticos —sobre todo en sus cadenas televisivas y radiales de los sábados, las sabatinas— en los que se calificaba la labor de medios y periodistas. “Lo hizo de una forma mucho más agresiva, con insultos, maltrato pero básicamente, trataba de tomar el control de la verdad y un gobierno debe alejarse de una posición de esa naturaleza. No digo que hagan lo mismo pero este es un indicio negativo”, dijo Ricaurte. 

Este tipo de iniciativas han existido en otros países como en México. 

En 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de Verificado, una sección dentro de la agencia pública de noticias para “aclarar las noticias que se transmiten en medios tradicionales o redes sociales y (que) resultan dudosas”. Los cuestionamientos fueron similares a los que hoy se hacen en Ecuador, aunque Bonilla asegura que en el país no hay una intención de crear una agencia específica para combatir la desinformación y que, además, los recursos destinados a las dos cuentas son los mismos con los que cuenta la Segcom. 

Distinto sería si es que un ente estatal técnico, como el Ministerio de Salud, por ejemplo, creara una mecanismo para explicar sobre temas científicos como los efectos de un medicamento o de la vacunación contra covid-19. Pero usar usar un rótulo propio del periodismo —la verificación de información—  para difundir información que se produce desde el estado, es preocupante. 

Calificar, desde el Estado, a un contenido como “noticia falsa” o “fake news” implica un juicio de valor sobre el trabajo periodístico. Eso puede crear confusiones para los ciudadanos, al posicionar la idea de que el gobierno es el dueño de las noticias “verdaderas” y, por lo tanto, todo lo que no sea información oficial podría ser falso, y por lo tanto, socava lo más preciado que tiene un periodista o un medio: su credibilidad. 

Por eso, a pesar de esas explicaciones de Bonilla—de las que incluso se pueden intuir buenas intenciones— es preocupante que una entidad de gobierno se atribuya funciones que no le corresponden y adopte, para ello, un mecanismo que puede ser engañoso como el de autodenominarse una cuenta de verificación de noticias. 

Una forma de contribuir a la desinformación sería mejorar sus canales de comunicación gubernamental,  incentivar la entrega de información transparente y oportuna a todas las instancias gubernamentales; y promover las vocerías de funcionarios capaces de entregar datos sólidos y veraces. 

Ese es el trabajo que le corresponde al gobierno. El otro, de verificar información siguiendo un proceso riguroso, debería dejárselo a los periodistas.