Cuerpos apilados, desmembrados, sangrantes, algunos quemados, todos sin vida. El suelo se tiñe de sangre, como si hubieran trapeado el cemento con los cuerpos destrozados. Todo sucede tras las rejas. Dentro se debe respirar a infierno. Cinco horas duró el acto de matar en masa sin que el Estado haga nada, “nadie llegaba, los dejaron solos, botados”, decía una mujer con angustia afuera de la cárcel. 44 muertos y 13 heridos. Sus familiares, del otro lado, a su manera, también mueren de a poco. Miedo, incertidumbre, violencia extrema. Imágenes semejantes que evocan campos de concentración nazis. Ese horror es ya usual en Ecuador. 

¿Cómo calificar tanta barbarie, quién es el responsable y qué se debe hacer?

Vamos por partes.

Las masacres carcelarias son un genocidio

Antes de desarrollar este argumento, debo aclarar que esta no es una imputación a una persona específica, sino que es el reconocimiento de que el Estado ecuatoriano es el responsable de lo que sucede en su sistema penitenciario. 

En el derecho internacional existe consenso en considerar que hay cuatro delitos que son tan graves que no pueden perdonarse y que pueden juzgarse en cualquier lugar del mundo: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión.

El genocidio es la muerte en masa. Para que haya genocidio, entre otros elementos, hay que ver si el aparato del Estado está organizado de tal modo que provoca muertes (sistematicidad) o por el número de muertes (generalizada).

Lo normal es que, como sucedió en los genocidios de Ruanda, Guatemala o el nazi, el aparato estatal se organice administrativamente para matar: se establecen normas, se definen políticas de muerte y discriminación, se forma al aparato administrativo para que sea eficiente, se designan autoridades responsables para que hagan cumplir con lo planificado, compran armas, entrenan a la gente que ejecutan las órdenes. Matan. 

Matar en masa es una tarea complicada. Por ejemplo, según el informe sobre la Comisión de Esclarecimiento Histórico en Guatemala, la política estatal denominada “tierra arrasada”, a principios de los años 80, requería sistematicidad. 

Matar a quienes viven en una comunidad demandaba toda una logística que duraba un día entero. Había que pensar en cómo alimentar a quienes masacran hasta las formas de enterrar tanto cadáver. Toda muerte en masa exige organización.

No hay cómo hacer una muerte en masa sin el Estado, por su acción o por su aquiescencia.

En las cárceles ecuatorianas sucede un fenómeno especial. El Estado ha organizado de tal forma las cárceles que, por omisión, ha terminado creando una estructura de muerte. Sí, por omisión. 

El aparato estatal ha permitido que se organice lo necesario para provocar las muertes en masa, reiteradas y en cualquier cárcel del Ecuador. 

La omisión del Estado ha provocado que agentes de la fuerza pública y autoridades administrativas permitan la corrupción, la entrada de armas, la violencia y la criminalidad como forma de organización interna, la impunidad, la falta de investigación y sanción a quienes trafican armas y organizan las muertes dentro de las cárceles. 

La omisión del Estado para controlar y prevenir las muertes, después de 6 masacres, no puede sino calificarse de sistemática y generalizada. 

El Estado es el responsable

El discurso oficial, desde la primera masacre, ha sido siempre culpar a las bandas criminales de las masacres. Quedarnos con esta mirada es no atender la complejidad de las responsabilidades ni contribuye a buscar las soluciones adecuadas. 

En un genocidio existen múltiples responsables. Hay quienes ejecutan las órdenes de matar, quienes contribuyen a la organización y quienes deciden las muertes. Estos terceros no suelen aparecer, tienen mucho poder y tienen mayor responsabilidad. 

Quienes planifican y ejecutan un genocidio no pueden matar en masa sino es con connivencia de las autoridades estatales. No hay cómo. El punto está en que, dentro de una institución cerrada, eso debería ser imposible.

Pero es posible en las cárceles ecuatorianas. Ahí está el problema y la responsabilidad de las autoridades estatales.

Hay instituciones cerradas y totales, donde el control del cuerpo y del tiempo puede ser absoluto. Esto pasa, por ejemplo, en un hospital psiquiátrico, en una escuela militar, en una cárcel. Cualquier infracción a las normas de la institución puede ser inmediatamente conocida y sancionada. Por eso, cualquier cosa que pase ahí dentro, sin excusa, es responsabilidad del Estado.

Esto genera muchísimas preguntas. ¿Cómo entran las armas? ¿Cómo se organiza la vida dentro de la cárcel? ¿Por qué se dejan de investigar y sancionar las múltiples infracciones, que son múltiples y reiteradas, que llevan al genocidio? ¿Por qué ceden autoridad los funcionarios competentes del Estado a personas privadas que tienen liderazgos violentos y criminales? ¿Por qué no se define y ejecuta una política pública encaminada a la rehabilitación y se permite una política hacia la violencia y masacre? Se podrían hacer más. 

Las respuestas, todas, tienen como responsable a un funcionario público por acción y por omisión. Afirmar que son bandas criminales es desviar la atención y no asumir la responsabilidad.

Sin el Estado no puede haber masacres.

Las políticas públicas para prevenir la violencia

Vivimos en un régimen liberal que tiene como modelo de gestión la empresa privada. En una empresa se organizan todos los recursos para cumplir sus objetivos. El éxito de una empresa es efectivizar la ganancia de quienes invierten. Para organizar los recursos, se tiene información del mercado, se invierte en los insumos necesarios, se contrata al personal necesario y se les capacita, se controla efectivamente todo el proceso productivo, se hacen campañas de publicidad para garantizar la compra del producto o servicio, el producto se vende y los accionistas ganan. 

La clave es tener información, planificar, ejecutar y cumplir objetivos.

No quiero sugerir que hay que replicar el modelo privado. Lo que quiero decir es que, así como tanto saben quienes nos gobiernan de gestión privada, hagan algo parecido con las políticas públicas y en las cárceles. La gran diferencia en el sector público es que hay que poner en lugar de la palabra “lucro” o “ganancia” la palabra “garantía de derechos.” Esto vale para la inclusión, la educación, la salud, y, por supuesto, para las políticas de contención y reducción de la violencia.

Ante una crisis de las dimensiones de la carcelaria, podrían existir dos aproximaciones. Una miope y a corto plazo. Otra integral y a largo plazo. 

En una empresa, la aproximación miope lleva a la quiebra. La otra mirada es mirar de forma integral los problemas. Invertir de forma planificada, de acuerdo con las condiciones del mercado —supongo— lleva a la ganancia.

En la cárcel igual. Si la mirada es miope y a corto plazo, la “quiebra” significa más violencia y más masacres. Si la mirada es integral, la ganancia es garantía de derechos y rehabilitación. 

La mirada miope, en materia de seguridad, es más punitivismo, más policías y militares, control de armas para familiares, restricción de derechos como las visitas, más violencia estatal, no asumir la responsabilidad. En esta línea está el pronunciamiento del ministro del Interior, Patricio Carrillo: “Lo que se vivió hoy en el CRS de #StoDgo fue una crueldad de una banda criminal que perpetuó los mismos hechos hace un mes en Azuay. Hay que revisar los mecanismos de acumulación de penas y negar beneficios a los involucrados, y someterlos a un régimen disciplinario más exigente.

Esta fórmula, que a veces viene con un estado de excepción y promesas de mano dura, no ha funcionado. Está sucediendo una masacre tras otra. Hay que explorar otros mecanismos y otros enfoques. 

Ese otro mecanismo se llama políticas públicas con enfoque en derechos. Está en la Constitución como una garantía. Así que de lo que se trata es de cumplir la Constitución y pensar de forma integral y asumir la responsabilidad. 

Algunas condiciones básicas para formular una política decente y efectiva son:

Información completa, desagregada y actual. 

No existe. 

Ni siquiera sabemos cuántas muertes existen en cada masacre ni tampoco de quienes son los responsables por acción y por omisión.

Definición de objetivos de reducción de la violencia

Debe hacerse con medidas concretas a corto, mediano y largo plazo. 

Esta política debe ser parte de las políticas sociales de inclusión. 

Si están desvinculadas, no se atenderán los problemas profundos que permiten que las personas escojan la vía criminal como medio de vida.

Respeto y garantía irrestricta a los derechos de las personas en general y de las privadas de libertad y sus familiares en particular. 

Participación de las personas privadas de libertad 

En la definición, ejecución y evaluación de las políticas. Deben tomar parte, también, personas con conocimiento de criminología y políticas públicas. 

Estas políticas no pueden venir de una persona iluminada, ni de un ministro, sino de un grupo de personas que no tengan otro interés que promover y garantizar los derechos de todas las personas, sin excepción, aún si cometieron delitos. Tampoco pueden hacerse cada vez que hay una masacre y de forma improvisada. 

Las políticas de seguridad y reducción de la violencia, ligadas a una mayor de inclusión social, requiere voluntad política, tiempo, dedicación e inversión social. 

El presidente de la República ha afirmado que “por primera vez hemos tenido que crear una verdadera política de rehabilitación social con enfoque en derechos humanos”. 

A pesar de que no reconoce aún su responsabilidad, como él mismo dice, la sociedad le debe tomar la palabra. 

Esperamos que esta vez sí no tengamos más masacres, tengamos menos presos hacinados, menos abuso a la privación de libertad y más inclusión social.