El presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, redefinió la política petrolera del Ecuador. El 7 de julio de 2021 se expidió el decreto en el que Lasso estableció un “Plan de Acción Inmediato para el desarrollo del sector hidrocarburífero para los próximos 100 días”. El decreto tenía 4 artículos y una disposición transitoria. 

Sin embargo, el 1 de julio, el presidente Guillermo Lasso dio marcha atrás para cumplir con uno de los siete acuerdos que llegó con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) para terminar el paro nacional que duró 18 días, del 13 al 30 de junio. La mañana de este 1 de julio, Lasso derogó el decreto 95. Así puso fin a la hoja de ruta petrolera que se había planteado al iniciar su gobierno: duplicar la producción de petróleo del país hasta un millón de barriles diarios. 

¿Qué establecía el plan? 

El objetivo del Plan de Acción Inmediato era optimizar los ingresos estatales, para lo que se debía incrementar la producción de hidrocarburos, de una manera “racional y ambientalmente sustentable”, decía el decreto. Además, ordenaba reducir lo que llama la “ineficiencia y costos” en las áreas de industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos.  

El plan se aplicó en los siguientes 100 días a partir del día de la firma del decreto, es decir hasta el 17 de octubre de 2021.

Los ingresos que se obtuvieron de la actividad hidrocarburífera serían invertidos en programas sociales para la población más necesitada, en particular en las zonas de influencia de la actividad de explotación de los recursos. 

Según el artículo 2 del decreto, el sector hidrocarburífero, dedicado a la explotación de recursos naturales no renovables, debe ser eficiente, competitivo, sostenible y ambientalmente responsable. El sector se debe basar en la innovación, garantizando la seguridad jurídica y potenciando la inversión nacional y extranjera y las exportaciones.  

Andrés Albuja, analista económico y miembro del Foro de Economía y Finanzas Públicas del Ecuador, dice que para garantizar la seguridad jurídica el Ecuador debe modificar la Constitución para combatir la corrupción en el sector. “No basta con un decreto sino que se necesita ir por la vía constitucional”. Albuja dice que se debería modificar el artículo 5 sobre la prohibición de instalación de bases militares extranjeras, el 283 sobre el sistema económico social y solidario del país y el 303 sobre la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera. “Ecuador necesita cooperación internacional, pero Ecuador tiene un candado ahí”, dice Albuja.

​​El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables deberá cumplir 22 acciones dice el artículo 4 del decreto. Entre las que están: 

Deberá implementar políticas públicas o normativas para atraer la inversión privada para participar en el sector hidrocarburífera. Andrés Albuja dice que de esa forma el Estado pasa de la prestación de servicios a la participación de servicios, porque el gobierno central y la empresa privada recibirán utilidades.  En la actualidad el gobierno permite la concesión de campos, entrega licencias ambientales y con el decreto lo que se quiere es que el gobierno central tenga una participación en la producción, exploración y explotación petrolera. 

El decreto ordena reformular el modelo de Contrato de Participación para la Exploración y Exportación de Hidrocarburos, que permitan reducir la exposición del Estado a los riesgos financieros, geológicos y ambientales. Deberá reformarse la escala de participación en la producción justa y equilibrada sobre los riesgos y beneficios obtenidos. También deben reformularse las cláusulas de estabilidad económica, para que permitan el equilibrio económico del contrato en caso de factores externos. 

La Ley de Hidrocarburos dice que hay varias modalidades de contratación. Con la política petrolera que ha estado vigente desde 2010, se hacen contratos de prestación de servicios en los que una petrolera es el contratista y el Estado el contratante —es decir, los contratos se han hecho con una tarifa fija. Con el decreto de Lasso, se podrá realizar contratos de participación en un porcentaje de la producción. Una fuente que pidió no ser identificada explicó que un contrato de prestación de servicios garantiza derechos y obligaciones para ambas partes. Además, explicó que el decreto dice que para los futuros contratos serán de participación, los que se han firmado antes pueden cambiar su modalidad de forma “libre y voluntaria”.

El Ministerio de Energía debe identificar los campos productivos para que Petroecuador, la empresa estatal petrolera, delegue a las empresas privadas su reactivación e incremento de producción. Albuja dice que “el gobierno debe enfocarse en identificar las fuentes de ingreso y no pensar solo en el petróleo”. Albuja dice que el petróleo es necesario, pero el gobierno debería fortalecer el sector exportador o producir energías limpias. “No salen de una economía lineal para ir a una economía circular”, dice. 

El 5 de junio de 2021, el presidente Guillermo Lasso firmó la política ambiental en la que se comprometió a la transición ecológica para garantizar el desarrollo sostenible que es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las capacidades del futuro. Además, declaró como prioridad nacional al desarrollo sostenible. 

El Ministerio de Energía deberá reportar a la Presidencia de la República, en un plazo de 60 días, el estado del sistema de transporte de hidrocarburos —es decir, de los oleoductos—, para promover proyectos de inversión, dice el decreto. Entre el 7 y 8 de abril de 2020, los oleoductos SOTE y OCP se rompieron y derramaron cerca de 15 mil barriles de petróleo en el río Coca, afectando a comunidades campesinas e indígenas kichwa aguas abajo.  En un plazo de 60 días, el Ministerio de Energía  deberá reportar a la Presidencia de la República el funcionamiento del sistema integral de las refinerías de Petroecuador. 

El decreto también ordena que el Ministerio reforme la Ley de hidrocarburos y su reglamento. El decreto dice que a partir de los 30 días luego de su expedición, el Ministro de Energía deberá enviar los proyectos de ley a la Presidencia. El proyecto deberá permitir delegar a empresas petroleras de reconocido prestigio internacional, en concursos licitatorios competitivos y transparentes o campos en producción a cargos de Petroecuador para obtener recursos económicos suficientes. 

El Ministerio de Energía deberá vender las gasolineras de Petroecuador. También se decretó que se haga un proyecto de ley para la creación de un fondo de sostenibilidad petrolera, en el que habrá un porcentaje de la renta petrolera neta del Estado, con el que se beneficiará a personas en los programas para la erradicación de la desnutrición infantil. Estos fondos fueron eliminados por el gobierno de Rafael Correa para utilizar los recursos en el gasto corriente del Estado. 

“Los fondos de por sí no son buenos o malos. Su utilidad para un país depende de cómo se los utilice”, explicaba el economista Raúl Aldaz en una columna en GK en 2018, apuntando que el país ya ha tenido antes este tipo de fondos. “Después de estas experiencias, es indispensable poner muchísima atención cómo se diseña un nuevo fondo petrolero, pero sobre todo, qué tipo de apoyo se construye alrededor de él. Por un lado, idealmente, la decisión de qué hacer con la renta petrolera debería ser parte de un nuevo acuerdo social para promover estabilidad económica y política en el futuro”, opinaba Aldaz. 

Además, el Ministerio de Energía deberá establecer un programa que incentive una cadena productiva en el sector. 

El Ministerio de Energía también deberá auditar la fusión de Petroecuador y Petroamazonas para determinar la situación actual de la fusión. El Ministerio deberá contratar una consultoría internacional para que diseñe un nuevo modelo de negocio, según los estándares internacionales y buenas prácticas empresariales.  Desde el 1 de enero de 2021, Petroecuador y Petroamazonas son una sola empresa pública, esto fue decretado por el expresidente del Ecuador Lenín Moreno. El objetivo de la fusión es que haya una sola empresa encargada de la exploración, explotación, transporte, refinación y comercialización de los hidrocarburos.

El Ministerio de Energía deberá realizar un proceso de selección de perfiles con la asesoría de una firma “especializada e independiente” para seleccionar a los gerentes general, de exploración y producción, de transporte, de refinación, de comercio internacional y de comercio nacional de Petroecuador. 

Otra de las acciones que ordena el decreto es desarrollar políticas de sanciones y amonestaciones para los funcionarios que no cumplan con sus responsabilidades profesionales o dilaten sin justificación la solución de problemas en la administración y ejecución de contratos.