Estamos acostumbrados a abrir los grifos y que el agua caiga abundante y cristalina. Estamos acostumbrados a sin tanto esfuerzo comprar agua embotellada o siempre tener agua para bañarnos y lavar. Para quienes vivimos en ciudades son pocas o inexistentes las veces que nos detenemos a pensar cuán complicado es obtenerla. En Ecuador, los páramos andinos son el más grande depósito de agua y sumideros de carbono — depósitos naturales que absorben y capturan el dióxido de carbono. Despampanantes y gélidos, los páramos son también sistemas frágiles. Y aunque solo cubren el 7% del territorio ecuatoriano son vitales para regular el clima, el ciclo hidrológico, y el desarrollo económico, social y cultural de la población que vive a su alrededor.
Sin embargo, muchas hectáreas de páramos en el país están bajo concesiones de empresas extractivas. Este es el caso de Fierro Urco, un páramo de la cordillera sur compartida por las provincias de Loja y El Oro. En Fierro Urco también está lo que se conoce como la Estrella Hídrica — donde nacen los ríos más importantes del sur ecuatoriano: Guayabal, Santiago, Tenta, Ambocas, San Luis y las subcuencas del río Catamayo, Santiago, Jubones y Puyango.
En este páramo hay alrededor de 28 mil concesiones mineras otorgadas a las empresas de Canadá CorneStore, de Ecuador Guayacán Gold y la australiana Sold Gold.
En el 2002, estas concesiones obligaron a los comuneros de Gualel, la parroquia más cercana al páramo Fierro Urco, a organizarse y crear un Comité de Defensa del Agua y los Páramos. Desde entonces estos defensores del agua han trabajado con los pueblos aledaños a Fierro Urco y colectivos sociales de Loja para detener el paso a los proyectos mineros que están próximos a explotar oro, plata y cobre de los páramos, a cielo abierto.
En uno de estos intentos para detener el avance de la minería, el 15 de octubre de 2020, Jovita Curipoma y su esposo Juan Angamarca —ambos de la tercera edad— junto a dos comuneros más, Salomón Tene y Jhon Morocho, fueron detenidos en sus domicilios. Los cuatro dirigentes comunitarios de la parroquia de Gualel junto a otros 10 comuneros fueron acusados de presunto delito flagrante por ataque, resistencia y daño al bien ajeno, después de que un vehículo de la minera Guayacan Gold — de capitales ecuatorianos— fuera incendiado en un enfrentamiento entre comuneros y personal de la minera.
La audiencia preparatoria de juicio fue el 23 de junio de 2021 en la ciudad de Loja. Días antes, los dirigentes comunitarios hicieron una Asamblea General con todas las comunidades aledañas a Fierro Urco y conversaron sobre su preocupación por la criminalización de sus dirigentes y por la forma en la que las empresas están persuadiendo a las comunidades dividiendo a sus pobladores entre los que están a favor de la minería y sus contrarios.
Para manifestar su rechazo a estas prácticas de las mineras, la mañana del 21 de junio de 2021 los comuneros lideraron una marcha pacífica desde Gualel hasta la ciudad de Loja. Caminaron 91 kilómetros—como la distancia entre Quitumbe—al sur de Quito— y Cayambe. La marcha pasó por las diferentes parroquias afectadas por el proyecto minero como Chuquiribamba, Chantaco, Taquil y Cera. En el camino se sumaron comuneros campesinos que respaldan a sus dirigentes y gritaban consignas antimineras. En total al menos 80 personas se unieron para reclamar por la defensa de los páramos y el agua, que a veces tomamos por sentado.
Después de dos días de caminata, el 22 de junio llegaron a Loja y en el centro de la ciudad, a las afueras de la Gobernación lojana, instalaron una vigilia. Allí reunidos le pidieron al gobernador Mario Mansino que organice una audiencia para escuchar sus exigencias. Algunas de ellas eran el cese de los procesos de judicialización a los 14 miembros del comité de defensa del agua y los páramos —conocidos como “los 14 de Gualel”—el impulso a una acción de protección constitucional frente a las acciones de prospección minera en los páramos de Fierro Urco, y el cumplimiento de la resolución de cantón Loja libre de minería metálica que se firmó el 27 de agosto de 2019. Además, pedían la salida total de las empresas mineras que están en la zona.
El 23 de junio a las 10 de una soleadísima mañana fue la audiencia preparatoria de juicio por el presunto delito de ataque y resistencia contra los 4 dirigentes comuneros de Gualel. A la defensa jurídica se sumó Yaku Pérez, ex prefecto del Azuay, defensor del agua, y ex candidato presidencial, quien arribó a Loja para el día de la audiencia. Más de 3 horas de audiencia después, los líderes fueron sobreseídos por la Fiscalía ya que no se encontraron suficientes elementos para acusarlos.
Esta ha sido una pequeña victoria para la comunidad de Gualel, pero aún falta un largo camino por recorrer. Queda pendiente todavía la audiencia preparatoria de juicio por daño al bien ajeno en el que se encuentran involucrados 14 comuneros. Además, sigue sin resolverse la lucha por la salida de las empresas mineras que se establecieron en la cordillera sin una consulta previa y consensuada.
Este es un recuento gráfico de lo vivido por los comuneros de Gualel, Loja, previo a los días de la audiencia y el momento de su absolución.