La revocatoria del mandato en Ecuador es un derecho político constitucional y un mecanismo de democracia directa. Permite a los ciudadanos que la proponen intentar que una autoridad de elección popular no continúe en su cargo.
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Existe desde la Constitución de 1998. Pero, hasta 2007, explicó el abogado Julio Verdugo en una publicación académica, no se había utilizado. Al año siguiente, el Ecuador expidió su vigésima constitución, en la que mantuvo el mecanismo de la revocatoria de mandato.
Según el texto actualmente vigente, las personas que gocen de sus derechos políticos pueden pedir la revocatoria de las autoridades de elección popular.
Esa solicitud puede presentarse una vez que se cumpla el primer año en el cargo y antes del último año del periodo para el que fue electa esa autoridad. Por ejemplo, en el caso del presidente de la República, el primer año de su gobierno se cumple el 24 de mayo siguiente a su posesión. (En 2022, el presidente Guillermo Lasso cumplió su primer año).
Para que proceda, la solicitud de revocatoria debe estar respaldada por un número no inferior al 10% del padrón electoral correspondiente. Para el caso del Presidente de la República, esa cifra debe ser del 15%.
En 2021, en el Ecuador estaban habilitados para votar 13.107.457 personas. Es decir, para que proceda una revocatoria de mandato contra el Presidente, la solicitud precisa de 1.966.118 firmas.
Otros requisitos para la solicitud de revocatoria de mandato en Ecuador
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece las demás condiciones para que prospere este pedido.
- Comprobar la identidad del proponente y que esté en ejercicio de sus derechos de participación ciudadana.
- Demostrar no estar inhabilitado para pedir este proceso por ningún motivo.
- Determinar de forma clara y precisa los motivos por los que se solicita la revocatoria. Esa información, dice la ley, será la base para la recolección de firmas y el proceso de revocatoria.
La ley dice que el proceso de admisión de la solicitud se notificará a la autoridad de la que se pide la remoción. Esta tendrá siete días para impugnar “de forma documentada” la solicitud “por no reunir los requisitos de admisibilidad”.
Cuando ese plazo se termine, el CNE tendrá 7 días para decidir si admitir o negar la solicitud de revocatoria.
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana dice que la solicitud de los formularios para recolectar las firmas que se deben adjuntar deben “contener la motivación que la respalde de manera clara y precisa justificando las razones en las que se sustenta la solicitud”.
Una vez que reciban los formularios, los proponentes tendrán 180 días para recolectar las firmas necesarias para la solicitud de revocatoria de la autoridad impugnada.
Después de que se entreguen las firmas, el CNE tendrá 15 días para verificar su autenticidad, según lo establece la ley. Si ese es el caso, tendrá hasta 3 días para convocar al proceso de revocatoria que se deberá hacer en un máximo de los 60 días siguientes a la convocatoria. Es decir, en este caso, se convocará a elecciones para decidir si se remueve a la autoridad impugnada.
En esa elección participarán los electores de la autoridad —en el caso del presidente de la República, por ejemplo, votarán todos los ecuatorianos empadronados. Pero si la revocatoria de mandato es contra un alcalde, participarán los electores de esa ciudad.
La ley dice que en ese caso, para que se apruebe la revocatoria de mandato se necesita tener los votos de la mayoría absoluta de los sufragantes, es decir de más del 51%. “El pronunciamiento popular será obligatorio y de inmediato cumplimiento”, dice la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
El presidente Lasso dio su primer informe a la nación el 24 de mayo de 2022. Al día siguiente, un grupo de ciudadanos presentó un pedido de revocatoria en su contra. Fotografía tomada del Flickr de la Asamblea Nacional.
La Constitución ordena que en el periodo de una autoridad solo se puede hacer un proceso de revocatoria de mandato.
El Código de la Democracia dice que el proceso se considerará como concluido cuando la autoridad electoral —en este caso el CNE— proclame los resultados y estos sean notificados.
Algunos pedidos de revocatoria en Ecuador
En el Ecuador, en 2018, el mandato del entonces alcalde de la ciudad austral de Loja, José Bolívar Castillo Vivanco, fue revocado. El 70,8% de los lojanos votaron para que Castillo deje su cargo.
El proceso de revocatoria del mandato fue impulsado por Segundo Armijos, un dirigente de la Unión Provincial de Cooperativas de Taxi de Loja. Según su proponente, Castillo habría cometido arbitrariedades en la firma del contrato e implementación del sistema de las fotomultas por exceso de velocidad.
Al año siguiente, un grupo de migrantes ecuatorianos presentó un pedido de revocatoria contra el entonces presidente Lenín Moreno, a quien señalaban por el presunto incumplimiento promesas de campaña y de supuesta corrupción. Pero el grupo no consiguió las firmas suficientes y Moreno terminó normalmente su período presidencial, el 24 de mayo de 2021.
Lenín Moreno también enfrentó un pedido de revocatoria de mandato. Fotografía de la presidencia de la República.
Su sucesor, Guillermo Lasso, también ha sido blanco de un pedido de revocatoria. Un colectivo llamado Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato presentó el 25 de mayo de 2022 un pedido de revocatoria.
Su vocero, Pedro Granja, dijo que presentaron una copia certificada del plan de gobierno de Lasso y los documentos de los representantes de la Coordinadora Popular por la Revocatoria del Mandato para demostrar que votaron en las últimas elecciones. Granja adujo que probarán que habría 70 incumplimientos al plan de gobierno de Guillermo Lasso. Esa sería la causal por la que este grupo de personas ha iniciado el proceso contra el presidente ecuatoriano.
