Desde las 3 de la madrugada del 20 de mayo de 2022, los habitantes de la urbanización La Rioja, a un kilómetro de la Penitenciaría del Litoral, en la vía a Daule de Guayaquil, reportaron en redes sociales al menos tres explosiones en el cerro frente a la cárcel más violenta del país.
Horas después, la Policía llegó a la zona. Encontró los cuerpos desmembrados de tres hombres. Las detonaciones ocurrieron un día después de que en Esmeraldas explotaran dos taxis (uno amarillo, otro “ejecutivo” y un auto blanco), le dijo una fuente reservada a GK.
La Policía confirmó a GK que, entre las tres personas fallecidas, hay un ex preso que habría recibido beneficios judiciales durante al menos dos veces. Dos de ellos ya están identificados:
- Javier Iván Vera Paladines, de 39 años, con antecedentes penales por asociación ilícita, robo, e ingreso de artículos prohibidos a prisión.
- Eloy Fabricio Carrillo Solórzano, de 41 años, con antecedentes penales por robo y asociación ilícita.
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El mayor Henry Meneses, jefe de Operaciones del Distrito Daule-Guayas de la Policía Nacional, dijo que cree que las personas fallecidas estaban “manipulando este explosivo”. “Están con sus extremidades mutiladas”, aseguró Meneses.
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— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) May 20, 2022
Ante hecho suscitado esta madrugada en un cerro por el sector de la urbanización La Rioja, #Daule, unidades especializadas de @PoliciaEcuador toman el respectivo procedimiento y realizan las investigaciones para dar con los responsables. pic.twitter.com/B3MZ8PhJfb
Agentes de Criminalística y del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), encontraron varias baterías de drones en el cerro donde estaban los cuerpos desmembrados. Además, dijo Meneses, hallaron “droga” —aunque especificó cuáles— en un vehículo sin placas. En las cárceles, el ingreso de objetos prohibidos utilizando drones se ha convertido en una práctica habitual, según varias personas presas.
Luego de anunciar el comienzo de una investigación por la muerte de las tres personas, la Fiscalía también dijo que los fallecidos habrían intentado ingresar los explosivos a la Penitenciaría. Sin embargo, en su trayecto, las detonaciones causaron su muerte.
En la urbanización La Rioja, una pequeña ciudadela, el temor recorre los parques y espacios comunales de lo que fuera un tranquilo vecindario. Un morador que prefirió no ser identificado, dijo estar cansado. “Escuchamos las balas, los gritos, las muertes. Hay vecinos que también han visto cómo han ingresado cosas recorriendo el río Daule que está atrás de la Peni. Muchos no quieren decir nada porque tienen miedo, porque igual no pasa nada”, lamentó.
Es, además, común ver a los presos recorriendo los muros superiores de sus propios pabellones. “Ese es el control que tiene el gobierno sobre las cárceles: ninguno”, dice Nelsa Curbelo, la activista que decidió renunciar a la Comisión de Pacificación Penitenciaria porque “no quería ser manipulada”, le dijo a GK.
Luego de seis masacres carcelarias —que han dejado al menos 372 muertos en menos de 15 meses, el gobierno aún no logra responder cómo continúan ingresando fusiles, armas, televisores de alta gama, cilindros de gas a las prisiones.
Informes de organizaciones sociales como Kaleidos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Pacificación han denunciado el sistema de privilegios enquistado en las prisiones que favorecería a los cabecillas de varias bandas narcodelictivas.
Sin embargo, el general Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), dijo a GK que “no hay privilegios para nadie”. Cuando se le preguntó por las denuncias de los informes, dijo: “Pero, ¿es de ahora? Eso ha venido pasando durante años. ¿Es de ahora?”, volvió a preguntar el policía que lleva más cinco meses en el cargo.
Pero miembros de organizaciones como Los Tiguerones, una de las cuatro bandas que anunció haberse alineado a un proceso de pacificación, contradicen al general Ramírez.
El 24 de abril de 2022, en la cárcel de Esmeraldas —liderada por Los Tiguerones— las visitas habían ingresado pasadas las nueve de la mañana, pero fueron retenidas por los presos.
Ahí, con micrófono en mano, un preso, identificado como tiguerón, anunció en el patio central de esa prisión: “La persecución es solo para nosotros. Quieren trasladarnos, amedrentarnos y alejarnos de nuestras familias cuando estamos en paz, en armonía”, dijo el hombre.
Las visitas fueron liberadas horas después. Pero la “protesta” —como aseguró el preso— se dio luego de la detención en un megaoperativo desplegado en tres provincias del futbolista Gabriel Cortez y otras 17 personas —entre ellas, tres policías en servicio activo.
El hombre preso que lideró la protesta acusó al ministro del Interior, Patricio Carrillo, al general Pablo Ramírez y también a Claudia Garzón, delegada de la Comisión de Pacificación Penitenciaria, encargada de la inteligencia con líderes delictivos, de haber recibido dinero de otras bandas.
“Quieren movernos para que los de alias JR se queden con esta cárcel, ¿por qué quieren trasladar a todos nuestros líderes a La Roca?, ¿por qué se meten en la “guerra de bandas”, como ustedes le dicen? Ustedes son la ley, la autoridad, tienen que ser equitativos”, cuestionó.
En videos, Los Tiguerones han hablado de una presunta colaboración de la fuerza pública con Los Choneros, su banda enemiga.
Ramírez dijo a GK que los presos “estaban desinformados”. El general policial aseguró que habló con ellos y alegó que no había privilegios.
