“Ni criminales, ni terroristas, somos defensores de la vida”, grita una decena de campesinos de Pacto, una parroquia rural de Quito la mañana del 20 de abril de 2022. Están afuera de la Fiscalía local, sosteniendo carteles que dicen “Resistir no es un delito, resistir es un derecho” y “Pacto por el Agua, Pacto por la vida”. A más de 5 mil kilómetros, representantes del Estado ecuatoriano hablan en Santiago de Chile, en la Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo de Escazú, sobre “los avances significativos” del país para cumplir con el tratado. En especial, de la parte del acuerdo que busca mayor protección para los defensores ambientales.

En el corto espacio que tenía el gobierno para rendir cuentas, Holger Zambrano, coordinador de indicadores ambientales del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), dijo que el país “entiende que la gobernanza ambiental debe entrar en una fase que priorice la implementación de los compromisos ambientales”. Sin embargo, cuando se trata de asegurar los derechos de los defensores ambientales como ordena el Acuerdo de Escazú, el país no ha cumplido con tal priorización. 

Escazú es el primer tratado del mundo que busca garantizar los derechos de los defensores de la naturaleza. Para que esto se cumpla, el acuerdo tiene tres disposiciones principales que los gobiernos deben cumplir. La primera es garantizar un “entorno seguro y propicio” en el que las personas que defienden el medioambiente puedan actuar “sin amenazas, restricciones e inseguridad”. 

La lideresa Sarayaku Patricia Gualinga ha recibido amenazas de muerte y ataques. Fotografía de Jonathan Rosas para GK.

La segunda disposición es tomar las medidas necesarias y efectivas para “reconocer, proteger y promover todos los derechos de los defensores” ambientales y asegurar que puedan acceder a la información y a la justicia ambiental. La tercera es que los gobiernos tomen las medidas apropiadas y oportunas para prevenir ataques, amenazas o intimidaciones contra los defensores ambientales. 

Sin embargo, la lideresa del pueblo kichwa de Sarayaku, Patricia Gualinga —quien ha recibido amenazas por su defensa de su territorio—, asegura que estas disposiciones del acuerdo han quedado en papel. “El Acuerdo de Escazú viene a recalcar los derechos por los que hemos luchado, pero ¿se ha cumplido eso? En realidad no”, dice Gualinga. 

La abogada Vivian Idrovo,  Coordinadora de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, asegura que las palabras de los funcionarios del gobierno en Chile “son huecas”. “Se sigue criminalizando a líderes comunitarios por su defensa del medioambiente”, dice Idrovo.  

§

A pesar de las denuncias y reclamos de defensores ambientales y organizaciones de derechos humanos, el gobierno ecuatoriano insiste en que sí está trabajando en cumplir con la protección de los defensores dispuesta en el Acuerdo de Escazú. 

En el primer día de la COP1 de Escazú, el Ministerio de Ambiente dijo que en relación a los defensores ambientales “se expidió la normativa para la promoción y protección de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza”. 

Estas disposiciones fueron expedidas en una resolución de la Defensoría del Pueblo en agosto de 2019, después de que Ecuador firmara el acuerdo. Sin embargo, en la práctica, ninguna de estas normas se aplica.

Uno de los puntos más importantes de la normativa de la Defensoría del Pueblo es el respeto al principio de no obstaculización. Las normas dicen que cualquier acción u omisión que entorpezca o impida las actividades que realizan los defensores medioambientales será considerada “como vulneraciones a sus derechos humanos”. Además, el documento considera obstáculos a los procesos de criminalización de defensores. En especial, los que ocurren durante su ejercicio del derecho a la resistencia —incluyendo manifestaciones, paralizaciones, plantones y marchas. Esto no se cumple, insisten activistas y organizaciones. 

Un ejemplo, dice Idrovo, es el caso de La Merced de Buenos Aires, donde muchos comuneros se oponen a la minería a gran escala. En esta comunidad de la provincia andina de Imbabura, el trabajo de los defensores ha sido reprimido hasta por las fuerzas del orden estatal. 

En agosto de 2021, alrededor de 500 policías y 500 militares entraron a la parroquia en tanquetas y buses para desalojar a un grupo de líderes que se resistían a la entrada de la compañía minera Hanrine. Kevin Zuñiga, periodista comunitario local, dice que los comuneros que se oponían “levantaron sus manos y se pusieron de rodillas clamando para que no les atropellen”. La intervención de la policía resultó en la detención de cuatro activistas antimineros.

La policía trata de reprimir la resistencia en Buenos Aires. Fotografía de Kevin Zúñiga para GK.

Meses después, la acción legal con la que Hanrine pudo entrar a La Merced de Buenos Aires fue señalada como ilegítima y posiblemente fruto de un acto de corrupción. 

Los defensores enfrentan otros obstáculos, la abogada Vivian Idrovo dice que otra cosa que pasa seguido es que cuando las personas defensoras organizan acciones de resistencia, se usa el derecho penal para entorpecer su trabajo. 

En abril de 2021, personas de más de 105 comunidades kichwa organizaron una marcha para exigir justicia por un derrame de petróleo que hubo en el Río Coca un año atrás. Pero ese mismo día, la Fiscalía convocó a varios líderes kichwa y abogados que los defendían para que rindieran versión sobre un supuesto delito de instigación contra un juez. El fiscal a cargo del caso que debía tomar las versiones nunca llegó. 

§

El 10 de marzo de 2022, la Asamblea Nacional del Ecuador otorgó —con mayoría de votos— 268 amnistías, de los que 208 eran defensores de la naturaleza. La decisión fue celebrada por organizaciones sociales e incluso por Mary Lawlor, relatora de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, quien dijo que “cuando existe voluntad política, ¡sí, se puede poner fin a los ataques contra las personas defensoras!”. 

Sin embargo, el Estado ecuatoriano rechazó las amnistías otorgados a las 60 personas que tenían procesos por las protestas del paro nacional de 2019. Entre los beneficiados, estaban incluso políticos afines al correísmo, como Virgilio Hernández y Paola Pabón. Solo 19 días después de que se concedieran las amnistías, la entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela, presentó en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra todas las amnistías. En su cuenta de Twitter, Vela dijo que “en un Estado de derecho NO puede existir impunidad”.

Según Vela, la amnistía dejaba “intactos” supuestos delitos que se cometieron durante el paro de octubre. Pero lo que no contempló en su demanda es que la gran mayoría estaban relacionadas con el trabajo de los defensores de derechos humanos y la naturaleza. 

La abogada Yuly Isamar Tenorio, quien defiende a defensores en las comunidades de Buenos Aires, Cahuasquí y Pacto, dice que estas amnistías tienen un rostro: “el rostro de campesinos ejerciendo sus derechos de participación ciudadana y resistencia”. Es por eso que estos procesos, explica la abogada Vivian Idrovo, son un símbolo que reconoce su labor. 

Querer anular esos reconocimientos con una acción de inconstitucionalidad, explica Idrovo, es un retroceso. No solo porque anula la labor de los defensores ambientales sino porque además va en contra de tratados internacionales como el mismo Acuerdo de Escazú y estándares como los establecidos por las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Por eso, Idrovo critica la intervención de Ecuador en la COP de Escazú. “¿Cómo pueden decir que hay normativa [para proteger a los defensores de la naturaleza] cuando pusieron una acción de inconstitucionalidad contra las amnistías?”, cuestiona la abogada indignada. 

Daniel Barragán, director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio de la Universidad Hemisferios, dice que las amnistías que se otorgaron en marzo no se hicieron bien porque fueron un proceso muy politizado. Según Barragán, los casos debían analizarse de forma más minuciosa y caso por caso y no “todos en un mismo saco”. 

§

Otro de los mayores problemas es que la criminalización de estas personas no para. Idrovo explica que los procesos de criminalización se dan desde hace muchísimos años y que “si bien las amnistías son reconocimientos simbólicos, no significan cambios estructurales”. Ella dice que en Ecuador hace falta una verdadera política pública enfocada en la situación de las personas defensoras para definir directrices y estándares que aseguren sus derechos. 

Los expertos dicen que se necesita una política pública para proteger a los defensores de la naturaleza. Fotografía de Mateo Barriga, Amazon Frontlines.

Daniel Barragán, Director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio de la Universidad Hemisferios, dice que Ecuador sí ha buscado construir una política integral para los defensores de derechos humanos y de la naturaleza. 

En diciembre de 2019, la Defensoría del Pueblo empezó a liderar una mesa interinstitucional con otras entidades gubernamentales para construir una propuesta de política que garantice la actividad ejercida por los defensores. Pero el proceso no ha avanzado. 

Consulté a la Defensoría del Pueblo sobre el proceso de creación de esta política. La respuesta fue que ahora está “en la fase de elaboración del diagnóstico” —para entender cuál es la situación actual de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza— y que según su hoja de ruta, el diagnóstico estará listo en agosto de 2022. 

El proceso para que esta política integral se vuelva algo concreto tomará tiempo.  Vivian Idrovo cree que hasta que eso suceda, las solicitudes de amnistía van a tener que seguirse haciendo. 

En marzo de 2008, ya se concedieron amnistías a 362 personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza. Pero como la criminalización ha continuado a través de los años y los diferentes gobiernos, la Asamblea ha tenido que conceder más. En julio de 2020, los asambleístas otorgaron otras 20 amnistías. “Y seguramente en unos años tendremos que pedir más [amnistías]”, dice Idrovo. 

Lo dice segura porque ahora, que no han pasado ni dos meses desde que se aprobaron las últimas, ya hay más de 105 procesos judiciales nuevos contra personas defensoras ambientales: 28 de ellos corresponden a la resistencia antiminera en Pacto. 

Yuly Isamar Tenorio, abogada de las personas criminalizadas en Pacto, dice que este es un “proceso sistemático de criminalización”. Los 28 comuneros están siendo investigados por presuntos delitos como sabotaje, violación de propiedad privada e intimidación: todos se sancionan con prisión. 

Los procesos en su contra se abrieron tras denuncias del gerente de Natural Resources, una empresa minera ecuatoriana. Tenorio dice que las personas que están siendo investigadas no son delincuentes, sino comuneros que protegen el agua y los recursos alimenticios de los impactos negativos de la minería. 

Según los defensores, las mineras están operando en Pacto sin permisos. Fotografía de la cuenta de Twitter del colectivo Quito sin Minería.

Los comuneros criminalizados, cuenta la abogada, reclaman que Natural Resources está operando en Pacto, dentro del área protegida Sistema Hídrico y Patrimonio Arqueológico Pachijal en el límite de la ciudad de Quito, sin permisos ni consulta ambiental. Además, el mismo gobierno autónomo de Pacto dice que se les ha negado el acceso a la información en varias ocasiones —un derecho que debería ser asegurado porque es una de las disposiciones del Acuerdo de Escazú.

El pasado 20 de abril de 2022, las personas defensoras de Pacto debían rendir versión en la Fiscalía, pero no pudieron hacerlo porque se fue la luz. Fanny Durán, una de las campesinas criminalizadas, dice con lágrimas en los ojos y voz quebrada que “la minería es tan fuerte como un monstruo que nos pisa a nosotros los campesinos”. Pero a pesar de que no puede ni dormir de pensar en los trámites legales, dice que seguirá en su lucha porque quiere que sus hijos vivan en una naturaleza libre de la destrucción que es la minería. 

Hasta la publicación de este texto, la Fiscalía no les había notificado a los comuneros una nueva fecha para que se acerquen a rendir versión.