La Contraloría General del Estado aprobó la auditoría a los contratos suscritos por la Embajada de Ecuador en España para asesoría legal y asistencia psicosocial. Así lo anunció la institución la tarde del 4 de mayo de 2022, en un boletín de prensa

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La auditoría aprobada examinó varios contratos suscritos por la sede diplomática ecuatoriana entre enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2021. Según la Contraloría, estos contratos estaban relacionados con servicios de asesoría legal, hipotecaria y de asistencia psicosocial para migrantes ecuatorianos que viven en España.

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Los contratos que se analizaron, dice la Contraloría, tenían irregularidades y le habrían costado al Estado 1,3 millones de dólares

Las empresas a las que se suscribieron los contratos fueron:

  1. Mi País Consultores S.L.
  2. Innovación Tecnológica y Consultoría WJ Europa SLU 
  3. Intercon Iberoamericana SLU
  4. Kinema Sociedad Cooperativa Madrileña.

Dos de las cuatro empresas con las que la Embajada de Ecuador en España suscribió contratos han sido ya señaladas por sus conexiones con el país. 

En agosto de 2021, el entonces Embajador de Ecuador, Pascual del Cioppo, afirmó que el gobierno de Guillermo Lasso ocultó pagos que el gobierno de Rafael Correa había hecho a la cooperativa Kinema, que presuntamente daba asesoramiento jurídico a ecuatorianos en España, para encubrir aportes del gobierno al partido Podemos.

renuncia de Pascual del Cioppo

Pascual del Cioppo dando un discurso. Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Embajada de Ecuador en España.

Mi País Consultores S.L. fue señalada por el portal OkDiario por una presunta recepción de aportes para el partido izquierdista español Podemos. Según OkDiario, los pagos al partido Podemos continuaron a través de una nueva empresa que el portal catalogó como “fantasma”: Mi País Consultores S.L. 

Según el portal, Mi País Consultores S.L. se constituyó en 2016 y está inactiva desde 2019. Además, Walter Jaramillo Lema, un ecuatoriano que vive en España, sería el único administrador y accionista de la empresa.

Según OkDiario, los aportes continuaron al menos hasta el año 2019, a través de “tapaderas” con contratos con la Embajada de Ecuador en España. 

Tras haber denunciado que el gobierno de Lasso ocultó esta información, del Cioppo renunció

Kinema, fundada por Rafael Mayoral, diputado del partido español Podemos, habría recibido pagos del gobierno de Correa entre 2013 y 2014.  Se estima que el Estado ecuatoriano, durante el gobierno de Correa, pagó al menos 394 mil euros a Kinema. 

La auditoría, formalmente llamada examen especial, se hizo al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana tras una orden de la Contraloría del 18 de octubre de 2021.

¿Por qué se hizo la auditoría?

Según la Contraloría, la auditoría se hizo por dos motivos. El primero, fue verificar que la Embajada de Ecuador en España ha cumplido con las disposiciones legales requeridas para contratar servicios. 

La segunda razón, dice la institución, fue determinar la “propiedad, veracidad, y legalidad de ‘los presupuestos de ejecución’” —es decir, el dinero asignado para financiar proyectos cada año— en base a los cuales se hicieron los pagos de los contratos de la Embajada. 

Los principales hallazgos de la auditoría

Según el boletín de la Contraloría, la auditoría se autorizó porque los contratos se suscribieron “sin estudios y parámetros que garanticen la experiencia de las compañías seleccionadas”. 

El informe de los auditores de la institución dice que tampoco se elaboraron términos de referencia que detallaran las necesidades a ser cubiertas, las características de los servicios y otros parámetros que garanticen la experiencia y capacidad de las empresas para cumplir con las obligaciones del contrato. 

Según el informe del examen especial, los términos de referencia eran una parte esencial para establecer el presupuesto referencial y la idoneidad de las empresas que se contrataron.

La renuncia de la subcontralora

Fotografía de la Controlaría General del Estado.

La Contraloría encontró que entre 2015 y 2021, la Embajada de Ecuador en España realizó pagos sin sustento por gastos administrativos a cuatro empresas, por 1,3 millones de dólares. 

Según el examen especial de la Contraloría, los funcionarios de la misión diplomática ecuatoriana en España no pidieron facturas que demuestren el desglose de los gastos por los contratos con estas empresas. 

Además, dice la Contraloría, no se pudo corroborar que contratar a estas empresas “fue la decisión más beneficiosa para los intereses del Estado”, requisito indispensable para la contratación con el Estado. Según la auditoría, para otorgar estos contratos no se cumplió tampoco con la normativa interna del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

La auditoría también encontró que la documentación con la que sustentaban los pagos de los contratos “no se mantuvo completa y no fue archivada cronológicamente”. La Contraloría dice que la falta de esta información limitó el trabajo de los auditores para verificar los gastos.

Además, según la institución, parte de la responsabilidad de la falta de esta información recae sobre los jefes de la Embajada de Ecuador en España, porque no emitieron las disposiciones adecuadas para el almacenamiento de la documentación sobre los contratos. 

Sanciones sugeridas

La Contraloría dice en el boletín de prensa que frente a las irregularidades encontradas en el examen, los auditores “sugirieron la imposición de responsabilidades civiles y administrativas para los funcionarios que actuaron en el periodo examinado”. Imponer responsabilidades civiles o administrativas podría significar que los funcionarios tengan que pagar glosas por el monto con el que se le perjudicó al Estado. 

El informe no incluye menciones a posibles indicios de responsabilidad penal, que acarrearía un potencial proceso por potenciales delitos.  

Según la Contraloría, los funcionarios que estarían involucrados incluyen a ex encargados de negocios, administradores de contratos, coordinadores, directores financieros e, incluso, hasta ex embajadores

Estos comentarios y hallazgos, dice la Contraloría, fueron enviados al área de juzgamiento de cuentas para su estudio y análisis. Esta área será la encargada de decidir si se imponen o no glosas contra los involucrados. 

Según el informe de Contraloría, el embajador de Ecuador en España entre 2018 y 2021, Cristóbal Roldán, rechazó los señalamientos de la entidad de control. Roldán habría dicho que “el que lamentablemente la Contraloría no haya podido contar con todos los respaldos debidamente organizados no obedece a una potencial omisión o incumplimiento de mi gestión”. 

Sin embargo, la Contraloría dice que lo que dijo el ex embajador no pudo ser verificado por el equipo de auditoría. La institución dice que el problema fue que la Embajada “no detalló los documentos que sustentaron los pagos efectuados en su gestión”. 

Además, dice la Contraloría, lo que dijo Roldçan “no es compartido por el equipo de control”. La institución dice que se corroboró que la empresa Mi País “no tenía experiencia” para ser contratada. 

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Doménica Montaño
(Quito) Reportera de GK. Cubre medioambiente y derechos humanos.

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