La madrugada del 3 de agosto de 2021, alrededor de 500 policías y 500 militares entraron a la parroquia La Merced de Buenos Aires, Imbabura, según la Alianza por los Derechos Humanos, una organización de la sociedad civil. Los habitantes de las zonas aledañas protestan contra la presencia de la empresa minera Hanrine. La Alianza denunció que los agentes llegaron en tanquetas y buses para garantizar las actividades de la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A en esa parroquia y sofocar posibles altercados.

El enfrentamiento entre Hanrine y los pobladores de la zona data desde hace más de un año. Los  habitantes de la parroquia se oponen a la minería afirmando que el Estado no cumplió con la obligación constitucional de hacer consulta previa para conocer si los habitantes de Buenos Aires están a favor o en contra de la actividad extractiva en la zona. El artículo 57 de la Constitución dice que las comunidades y nacionalidades indígenas tienen el derecho a que haya una “consulta previa, libre e informada” sobre los planes de explotación de recursos de su territorio. 

Esa consulta debe ser hecha antes de comenzar el proceso de extracción. Además, el artículo 398 de la Constitución dice que las decisiones estatales que afecten el ambiente deben ser consultadas a la comunidad. Las personas que voten a favor o en contra, deben haber sido informados “amplia y oportunamente”.  Son más de 12.000 hectáreas en las que la empresa tiene autorización para realizar actividades extractivas desde 2017, pero no ha podido realizarlas por la resistencia ciudadana. 

Ese año, hubo enfrentamientos en abril. En 2021, el conflicto entre los pobladores y la empresa que insiste en entrar al territorio generó nuevos enfrentamientos: un intento de Hanrine de entrar a la comunidad en febrero fue detenido por los pobladores. El 23 de abril siguiente, 200 personas de la zona se opusieron a la entrada de unos 150 trabajadores de Hanrine. 

El conflicto recrudeció la madrugada de hoy. Kevin Zuñiga, periodista de la zona, dijo a GK que el operativo comenzó a las tres de la mañana y duró hasta las 7 de la mañana. “La fuerzas del orden entraron con camiones y maquinaria de la empresa”, dijo Zúñiga, que estuvo en la zona a la que la Policía llegó. “Los ‘compas’ levantaron sus manos y se pusieron de rodillas clamando para que no les atropellen, entre sus gritos decían que la policía violaba los derechos de los ecuatorianos y dan prioridad a las empresas transnacionales”, contó Zúñiga. El comunicador dijo que aunque hubo militares, ellos no intervinieron en el operativo. 

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Alexa Benavides, presidenta del gobierno de la parroquia de La Merced de Buenos Aires, dijo a GK que la Policía desalojó a los pobladores con bombas lacrimógenas y a empujones. Además afirmó que arrestaron a cuatro personas que se encuentran aún bajo custodia policial en el cantón de Urcuquí, en la provincia de Imbabura. Benavides afirmóafirmó que los Policías actuaron “en consecuencia de  una acción de protección a favor de la empresa, que fue concedida la semana anterior por un juez de Quito”. En la sentencia, según Benavides, se ordena que  la fuerza pública tome las medidas necesarias para garantizar el libre tránsito de los funcionarios de Hanrine. 

Benavidez dice que esta orden contradice otra resolución judicial: a la del juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Urcuquí, que dictó medidas cautelares a favor de la población en junio de 2021. En esa orden, dice Benavides, el juez ordenó que la empresa minera desaloje el camino de ingreso del poblado donde había camiones para evitar una confrontación con la población, dijo Alexa Benavides.

En el comunicado de hoy, la Alianza dijo que el pasado 29 de julio entregaron a Alexandra Vela, ministra de Gobierno y a Marcelo Simbaña, gobernador de Imbabura, una carta pública de rechazo a la “violencia sistemática” de Hanrine contra los pobladores de la parroquia Buenos Aires, pero no han tenido respuesta. GK preguntó a una comunicadora del Ministerio para tener la versión ministerial sobre lo ocurrido hoy y sobre la carta enviada por la Alianza, pero hasta el cierre de este texto, no obtuvimos respuesta.   

¿Qué pasa en la parroquia La Merced de Buenos Aires? 

Los pobladores de La Merced de Buenos Aires, un pequeño pueblo de la provincia andina de Imbabura, se resisten a la entrada de la minera Hanrine. La zona es conocida por su riqueza mineral y por ser el foco de conflicto entre empresas mineras, mineros artesanales, grupos que operan en la minería ilegal, los pobladores y las autoridades. 

El 2 de julio de 2019, hubo un megaoperativo contra la minería ilegal en la parroquia. Más de dos mil policías y militares llegaron al lugar y descubrieron 30 plantas donde se procesaba material aurífero (que contiene oro) de forma ilegal. Además había molinos, piscinas de maceración —donde se extraen las sustancias de los minerales— con materiales químicos, cilindros de gas, motores, galones de combustible. También encontró un sistema de poleas para transportar el oro. 

Antes del megaoperativo, el entonces Presidente de la República, Lenín Moreno, declaró un estado de excepción en La Merced de Buenos Aires por 60 días por “la grave conmoción interna” y “los constantes hechos de violencia”, decía el decreto. En La Merced había problemas relacionados a la minería ilegal, la presencia de grupos armados ilegales, bandas delictivas dedicadas a la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, según el decreto 812 donde se explica por qué se dio el estado de excepción. Antes del decreto,el 23 de julio de 2019 en la parroquia cuatro personas fueron heridas luego de que supuestos miembros de bandas criminales se enfrentaron por el control de la minería. 

Sin embargo, el estado de excepción no frenó las actividades mineras en Buenos Aires, una parroquia con más de 2 mil habitantes. Desde julio de 2019, los pobladores de La Merced de Buenos Aires están en resistencia, más de una vez han bloqueado la entrada de trabajadores mineros a su comunidad. 

El  26 de febrero de 2021, más de 300 trabajadores de la empresa Hanrine, de capitales australianos, intentaron entrar, pero los habitantes no les permitieron la entrada con pancartas en las que decían “No queremos minería, queremos un ambiente sano y sin contaminación”. 

El 23 de abril, los pobladores volvieron a bloquear la entrada. Ellos argumentan que las actividades de la empresa eran ilegales y que estaban intentando invadir su territorio. La resistencia a la minería aumenta porque en la zona vive el pueblo indígena Awá, que ha sido uno de los más afectados por los efectos de las empresas mineras, aunque nunca dio su consentimiento, es decir no ha habido la consulta previa, para las actividades extractivas.