La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de interrupción del embarazo en casos de violación cuando se publique en el Registro Oficial. Este proyecto de ley entró en vigencia por el ministerio de la ley con las modificaciones del veto parcial presentado por el presidente Guillermo Lasso.

El anuncio de la demanda de inconstitucionalidad fue hecho la mañana del 19 de abril de 2022. por la asambleísta por Izquierda Democrática, Johanna Moreira, quien es miembro de la Comisión de Justicia y fue la ponente del proyecto de ley ante el pleno. Moreira dijo que “lamentablemente los cambios [del veto] la convierten en una ley criminal para las víctimas de violencia sexual”. 

Por eso, dijo Moreira, la Comisión de Justicia está “planteando una demanda de inconstitucionalidad con la mayoría de sus miembros”. Sin embargo, la asambleísta no dio nombres de quienes participarían en el pedido ante la Corte Constitucional. Ella aseguro que la demanda es “el camino con el que vamos a continuar la lucha” por la víctimas de violencia sexual. 

Una de las funciones de la Corte Constitucional, el mayor tribunal del país, es decidir si los actos normativos y administrativos —como los reglamentos y las leyes— de las autoridades del Estado son constitucionales. Es decir, debe analizar si se apegan al marco jurídico establecido por la Constitución. En estos casos, la Corte necesita que haya una demanda de inconstitucionalidad para poder revisarlos. 

¿Por qué el veto a la ley se aprobó por el ministerio de la ley?

La ley de interrupción del embarazo en casos de violación entrará en vigencia con las modificaciones hechas en el veto parcial del presidente Guillermo Lasso porque la Asamblea Nacional no emitió una resolución en los 30 días de plazo que tenía para hacerlo. 

La ley dice que  cuando el Legislativo no emite una resolución en ese periodo “se entenderá que se allanó a ésta y el presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley” y su publicación en el Registro Oficial. 

En el veto, Lasso incluyó 61 objeciones a los artículos de la ley y propuso textos alternativos para esos puntos de la legislación. En ellos modifica varios de los puntos más discutidos de la ley como los plazos para la interrupción del embarazo, la objeción de conciencia y los requisitos para el procedimiento. 

El veto de Lasso fue presentado el 15 de marzo. Sin embargo, el 5 de abril el pleno del Legislativo decidió enviar el veto parcial de Lasso a la Corte Constitucional. Siete días después, la Corte Constitucional rechazó por unanimidad lo presentado por la Asamblea y le devolvió el veto presidencial para que se lo trate en el pleno del Legislativo. 

En un video publicado ayer, 18 de abril, Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, dijo “seamos autocríticos, la decisión de la Comisión fue errónea”. En el video, Llori acusó a la Comisión de Justicia de la Asamblea —encargada de hacer los informes para primer y segundo debate en el pleno— “planteó un camino fuera del procedimiento parlamentario de limitó el tiempo de la Asamblea para tratar la objeción parcial del Presidente”. 

Guadalupe Llori publicó un video en el que dice que el veto a ley de aborto por violación siguió el proceso constitucional. Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la Asamblea.

Después de que la Corte Constitucional devolviera el veto presidencial, el 14 de abril el pleno de la Asamblea se reunió una vez más para continuar el tratamiento del veto, dos días antes de que se cumpla el plazo que tenía. Después de menos de una hora, Llori suspendió la sesión entre gritos y cuestionamientos de sus compañeros. 

En la sesión del pleno del 14 de abril solo se votó por una moción que pedía allanarse al veto presidencial y que no fue aprobada. Fue presentada por Pierina Correa, de la coalición Unión por la Esperanza (UNES) Correa, conocida por sus posturas contra la despenalización del aborto. Después de esa votación, Llori suspendió la sesión y les deseó un buen feriado de Semana Santa a los asambleístas. 

Horas después, el asambleísta Alejandro Jaramillo —quien fue expulsado de Izquierda Democrática el mes pasado— dijo en su cuenta de Twitter que Llori ignoró una moción presentada por él. Jaramillo también preside la Comisión de Justicia y publicó un oficio en el que dice que ingresó el pedido de moción para ratificar el texto de la ley que fue aprobado por la Asamblea. “¡Vergonzoso! Otra vez @GuadalupeLlori le hace juego al Gobierno”, dijo Jaramillo en la publicación.

Libia Rivas, presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos y exsecretaria de la Asamblea Nacional, dice que la Asamblea no debió enviar el veto a la Corte y que al hacerlo el tiempo que disponía la Asamblea para emitir su resolución “ya era demasiado corto” como argumenta Llori. Sin embargo, Rivas dice que “si hubo una moción de ratificación debía haberse sometido a votación” y que todavía se desconocen las razones por las que en esa sesión del pleno no se puso en conocimiento de los asambleístas ni se votó por esa moción.