“Ciertos asambleístas con intereses ocultos buscan generar el caos y la desestabilización”, dijo Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, sobre los cuestionamientos a su tratamiento del veto parcial del presidente Guillermo Lasso al proyecto de ley de interrupción del embarazo en casos de violación. 

En un video publicado en su cuenta de Twitter, Llori adujo que “se cumplió con el procedimiento parlamentario” al tratar el veto que entrará en vigencia por el ministerio de la ley. 

En el video publicado la noche del 18 de abril de 2022, Llori acusó a la Comisión de Justicia de la Asamblea —encargada de hacer los informes para primer y segundo debate en el pleno— de plantear “un camino fuera del procedimiento parlamentario que limitó el tiempo de la Asamblea para tratar la objeción parcial del Presidente”. 

https://twitter.com/GuadalupeLlori/status/1516197538638045188?s=20&t=yFcJ7uZcVMK3WL0lEJjD_w

Llori se refería a que el 5 de abril el pleno del Legislativo decidió enviar el veto parcial de Lasso a la Corte Constitucional. La moción para hacerlo fue presentada por Johanna Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática, miembro de la Comisión y ponente del proyecto de ley ante el pleno.

Siete días después, la Corte Constitucional rechazó por unanimidad lo presentado por la Asamblea y le devolvió el veto presidencial para que se lo trate en el pleno del Legislativo. En el video publicado ayer, Llori dijo “seamos autocríticos, la decisión de la Comisión fue errónea”.

¿Qué pasó con el veto en la Asamblea?

Después de que la Corte Constitucional devolviera el veto presidencial, el pleno de la Asamblea se reunió una vez más para continuar el tratamiento del veto. 

Lo hizo el 14 de abril, dos días antes de que se cumpla el plazo de 30 días que tenía para emitir una resolución de las objeciones de Lasso. Llori la suspendió menos de una hora después entre gritos y cuestionamientos de los asambleístas. 

En la sesión del pleno del 14 de abril se votó por una moción que no fue aprobada, presentada por Pierina Correa, de la coalición Unión por la Esperanza (UNES) Correa, conocida por sus posturas contra la despenalización del aborto. La asambleísta pedía allanarse al veto presidencial. No fue aprobada porque solo tuvo 17 votos a favor. Después de esa votación, Llori suspendió la sesión y les deseó un buen feriado de Semana Santa a los asambleístas. 

Horas después, el asambleísta Alejandro Jaramillo —quien fue expulsado de Izquierda Democrática el mes pasado— dijo en su cuenta de Twitter que Llori ignoró una moción presentada por él. Jaramillo —quien también preside la Comisión de Justicia— publicó un oficio en el que dice que ingresó el pedido de moción para ratificar el texto de la ley que fue aprobado por la Asamblea. “¡Vergonzoso! Otra vez @GuadalupeLlori le hace juego al Gobierno”, dijo Jaramillo en la publicación.

Según el artículo 64 de la Ley de la Función Legislativa, cuando hay una objeción parcial a una ley aprobada por el pleno, la Asamblea debe examinarla en un plazo máximo de 30 días. El presidente Lasso emitió el veto la noche del 15 de marzo. Es decir, ese plazo se cumplió el pasado 16 de abril sin que la Asamblea emita una resolución para allanarse al veto o ratificarse en el texto original. 

Cuando el Legislativo no emite una resolución, la ley dice que  “se entenderá que se allanó a ésta y el presidente de la República dispondrá la promulgación de la ley” y su publicación en el Registro Oficial. En el video publicado ayer, Guadalupe Llori dijo que la ley de interrupción del embarazo en casos de violación “seguirá el trámite correspondiente, este proyecto necesitaba votos y no solo buenas intenciones”.  

Libia Rivas, Presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos y ex secretaria de la Asamblea Nacional, dice que la Asamblea no debió enviar el veto a la Corte porque solo tenía dos opciones: ratificarse o allanarse. Como consecuencia de enviarlo, dice Rivas, el tiempo que disponía la Asamblea para emitir su resolución “ya era demasiado corto” como argumenta Llori.  Sin embargo, Rivas añade que todavía se desconocen las razones por las que en esa sesión del pleno no se puso en conocimiento de los asambleístas ni se votó por la moción que estaba pendiente. “Si hubo una moción de ratificación debía haberse sometido a votación”, dice Rivas.

Luego de la suspensión de la sesión del 14 de abril, Alejandro Jaramillo dijo que “existe un pacto con el Gobierno. ¿Qué acordarían para que esto pase por el Ministerio de la Ley y no tener una ley justa y reparadora?”. Su colega, la asambleísta Johanna Moreira dijo que era un “veto criminal”. 

Las organizaciones de mujeres de la sociedad civil también han criticado fuertemente la decisión de suspender la sesión. El Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, Surkuna, le dijo a Llori que “la historia te recordará por cómplice de la tortura a las sobrevivientes de violación”.