Han pasado cuatro años desde que el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra —equipo periodístico de Diario El Comercio— fueron secuestrados y asesinados por una organización narco delictiva en la frontera norte con Colombia, entre marzo y abril de 2018. Con investigaciones pausadas y un clamor por justicia, las familias aún exigen respuestas al Estado ecuatoriano por sus muertes. Como un tributo a sus vidas y a su oficio, la Unión Nacional de Periodistas (UNP) ha decidido declarar el 8 de abril como el Día del Luto del Periodismo Ecuatoriano. 

La organización, además, colocará una placa en el edificio que alberga sus oficinas mañana, a las once de la mañana, junto a sus familiares. La UNP dijo en un comunicado, que es una forma de “rendir tributo a su sacrificio para perennizar su memoria y levantar el pendón de lucha contra la impunidad”. 

Desclasificación de información, una deuda 

Si bien el ex presidente Lenín Moreno anunció sus muertes el 13 de abril de 2018, la investigación periodística de Arturo Torres y María Belén Arroyo, condensada en el libro Rehénes, reveló que la posible fecha de asesinato fue entre el 7 y el 8 de abril de ese mismo año. Murieron a manos del Frente Óliver Sinisterra —un grupo financiado por el narcotráfico, disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— liderado en aquel entonces por Walter Patricio Arizala, alias Guacho. Fue por medio de esa investigación que se logró saber que sus muertes ocurrieron antes del anuncio oficial pero que, además, hubo incursiones militares y operativos binacionales durante los días aún más críticos del secuestro. 

Pese al paso de los años, el caso aún no encuentra rumbo y en Ecuador continúa en indagación previa, la primera fase del proceso penal, sin nuevos indicios. El caso ha llegado a la mesa de cuatro fiscales, sin embargo, todavía no hay avances. Las familias, en cambio, mantienen una exigencia: la desclasificación de las actas 18, que corresponde al 28 de marzo de 2018, 19, del viernes 13 de abril, y 20, del martes 17 de abril, del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe). Aunque el ex presidente Moreno prometió desclasificarlas más de una vez, como lo hizo en enero de 2019, eso no ocurrió. Dos años después, el Cosepe negó esa posibilidad en marzo de 2021 y decidió mantener la información con carácter de reservado.

El 12 de julio de 2021, Ricardo Rivas, hermano de Paúl, y Galo Ortega, padre de Javier, acompañados por su defensa técnica legal, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional para exigir la desclasificación de información. Aquella causa recayó sobre el abogado Hernán Salgado, ex presidente del órgano. Sin embargo, Salgado admitió a GK, luego de su salida, que no pudo conocer la causa debido al gran flujo de casos represados. 

El recurso en la máxima Corte es el último que pueden interponer en instancias nacionales. Las familias aseguraron que, de no obtener un fallo favorable, recurrirán a organismos internacionales. 

Memoria y clamor por justicia 

Para Galo Ortega, padre de Javier —o el ‘Pistacho’ como solían decirle sus amigos más cercanos’ —, han sido cuatro años de “desidia, impunidad y burla”. Él, quien lleva siempre el carné de prensa de su hijo y unas cadenas en su cuello como acto simbólico del secuestro que Javier vivió, se ha convertido en un defensor de los Derechos Humanos y se ha unido a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec). Hace una semana recorrió siete ciudades, desde la región Sierra hasta la Costa, para pedir justicia, visibilizar su caso y acompañar a las familias que buscan a más de cuatro mil desaparecidos en Ecuador. 

“Yo estoy aquí, en esta lucha, por mi soldado periodista, porque no voy a permitir que nuestro caso quede en la impunidad. Nos mintieron, se burlaron en nuestra cara. Yo les grito para que sepan que sabemos que el gobierno no hizo nada, que ya sabían que los habían matado, que son corruptos. Por eso yo no me canso, por eso voy a seguir saliendo, porque exigimos que se sepan quiénes fueron los responsables y que se haga justicia”, dice a GK, con la voz quebrada, pero firme.

A las siete de la noche de este 7 de abril, los gritos, velas y pancartas volvieron a la Plaza Grande. Sus familias, amigos y compañeros —quienes durante 93 días en 2018 exigieron su regreso cada noche en ese mismo espacio— regresaron a la Plaza, donde los lloraron y donde exigieron su regreso. Ahora su indignación es la misma y siguen reclamando contra el gobierno que, dicen ellos, “no hizo nada” por traerlos de vuelta sanos, salvos y vivos.