El proyecto de Ley de Inversiones beneficiaría a la producción audiovisual en Ecuador, asegura la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador (COPAE). El 5 de marzo, la Corporación presentó una propuesta para que al proyecto se incorporen artículos que incentivarían la creación de empleo a los profesionales del audiovisual en Ecuador y atraerían a cineastas extranjeros para producir en el país.  

El sábado 5 de marzo, el director de cine Camilo Luzuriaga y Mariana Andrade presidenta de la Corporación de Productores y Promotores Audiovisuales del Ecuador y productora y exhibidora de cine, junto a la abogada tributaria Paola Robalino, comparecieron ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, y propusieron cuatro artículos para atraer la inversión a través de producciones audiovisuales de gran escala. Andrade dijo a GK que los artículos ya están incorporados en el informe para el segundo debate. 

Andrade y Luzuriaga dijeron a la Comisión que Colombia ha atraído miles de millones de dólares en inversión extranjera audiovisual a través de un esquema de incentivos similar. Por esa misma razón, el director Jorge Ulloa, filmó en el país vecino la película “Dedicada a mi ex”, que está en la plataforma Netflix como una producción colombiana. 

El sector audiovisual propone que: 

• La actividad audiovisual sea considerada sector prioritario, así como el desarrollo, preproducción, producción, postproducción y distribución de contenidos audiovisuales.
• Se cree el Certificado de Inversión Audiovisual (CIA) para que sea enviado al Servicio de Rentas Internas para que los productores nacionales y extranjeros puedan recuperar hasta un 37% de los costos y gastos que incurran en el Ecuador en servicios audiovisuales y logísticos necesarios, siempre que se encuentre soportados en comprobantes de venta válidos y previa suscripción del contrato de filmación con el Ministerio de Cultura.
• Se atraiga inversión extranjera que permitirá aumentar exponencialmente el empleo de los profesionales ecuatorianos del cine y el audiovisual.
• La importación de bienes destinados a la producción audiovisual esté exenta de aranceles.
• La importación de bienes destinados a la producción audiovisual esté exenta del impuesto de salida de divisas. La propuesta de los cineastas dice que la importación de bienes esté exenta de todo derecho arancelario, impuesto, gravamen, tasa o contribución en régimen de consumo o internación temporal. 
• Los pagos de salarios, honorarios, remuneraciones o viáticos a personas naturales o jurídicas que tengan residencia fiscal en el extranjero, que trabajen en producciones realizadas en Ecuador, estén exentos del impuesto de salida de divisas y de la retención en la fuente del impuesto a la renta.

En la propuesta, también plantean objetivos; que:

• Haya competición con otros países, como Colombia, Chile, República Dominicana o Uruguay, que tienen proyectos de incentivos para la producción de cine, miniseries, telenovelas, documentales o videos musicales. 
• Se aumente el número y calidad de las producciones nacionales.
• Ecuador se convierta en un destino internacional para las producciones de cine y audiovisual.
• Se dé un impulso no solo a la cinematografía nacional sino también al turismo. 

Según Mariana Andrade, directora del cine Ocho y Medio y miembro de la COPAE, dice que esta propuesta fue presentada al Ejecutivo, antes que Guillermo Lasso envíe el proyecto a la Asamblea, pero él no la acogió. Por eso, asistieron a la Asamblea Nacional para presentar su propuesta y que sea incorporada en el proyecto de ley de inversiones. 

Andrade dice que esta propuesta ha sido trabajada desde antes de las elecciones de 2021. “Siempre manifestamos la necesidad de crear incentivos tributarios para mejorar las condiciones de producción”. Andrade explica que ha habido un “crecimiento exponencial del consumo digital en el mundo entero” y ese crecimiento ha dejado beneficios en la región pero Ecuador está fuera de eso, dice. Mariana Andrade dice que actualmente el Ecuador no es un país atractivo con incentivos para la producción de cine “porque no existe una ley normativa en incentivos tributarios para producción de cine”. 

La propuesta de la COPAE también tiene detractores. Tania Hermida, directora de cine ecuatoriano, dijo en su cuenta de Twitter que “la Ley (500pgs) enviada por el ejecutivo beneficia a la banca, no al país” y que “los incentivos a la producción audiovisual no requieren esta trampa”. Según la cineasta, los incentivos se podrían lograr por gestión del Instituto de Cine y el Audiovisual pero “hoy el país no tiene esa autoridad”. El Instituto de Cine y Creación Audiovisual (ICCA) dejó de existir en 2020, durante el gobierno de Lenín Moreno, cuando fue absorbido por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación (IFCI) que agrupa a diferentes áreas como artes escénicas, editorial, entre otras. Como dice Hermida, actualmente, no hay una autoridad estatal dedicada plenamente al cine. 

Según Hermida, los incentivos se podrían lograr a través de decretos ejecutivos o resoluciones del Ministerio de Producción.

Paola Robalino, abogada tributaria y que acompaña la propuesta de COPAE, explica que los incentivos tributarios, exoneraciones, extinciones de tributos no se pueden hacer por decretos, según la Constitución y el Código Tributario. Robalino dice que se debe hacer a través de una ley, por el principio de legalidad y la seguridad jurídica. 

“Uno de los sectores más golpeados en el mundo es el sector cultural, del cual el cine y el audiovisual son parte”, dice Mariana Andrade. Por eso, COPAE propone que haya inversión extranjera para la producción en el país.  Andrade hace énfasis que los cineastas que presentaron la propuesta no “hablan de política partidista o gobiernista”; lo que buscan es que se replique lo que ha pasado en países como Colombia para que el cine se convierta en una industria y atraiga la inversión. 

El proyecto del presidente Lasso fue entregado a la Asamblea Nacional el 22 de febrero de 2022. Tiene carácter urgente en materia económica por lo que la Asamblea tiene solo 30 días para aprobarlo o archivarlo, ese plazo se cumple el 24 de marzo. Si no lo trata en ese periodo, la propuesta entrará en vigencia por el ministerio de la ley.