Yutzupino, una comunidad en Tena, donde se unen los ríos Anzu y Jatunyaku, en la provincia amazónica del Napo, está siendo blanco de la minería ilegal. Hace dos días, al menos 1.800 policías y militares llegaron hasta ahí para decomisar maquinarias y equipo de minería. Hasta el momento, la Policía ha identificado 48 retroexcavadoras, de esas,  21 fueron llevadas a un centro de acopio del operativo. También decomisaron 18 extractoras de agua o motobombas y 7 motores. “Sobrevuelos y el uso de los drones nos han permitido ubicar las retroexcavadoras escondidas entre la vegetación”, dijo Alaín Luna, Director Nacional de Investigación de la Policía Judicial. 

En videos y fotografías publicados por las autoridades y activistas medioambientales se observa a algunas retroexcavadoras y los terrenos sin vegetación en los que estaban excavando, para encontrar oro. También hay galones de combustible, mangueras, palas, picos, bateas. 

La primera fase del operativo contra la minería ilegal comenzó el domingo 13 de febrero. Esta es una fase para el “control y contención” del área donde se estaba realizando minería ilegal, dijo el General Fausto Salinas, Director General de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía Nacional. Salinas dijo luego comenzará la segunda fase, en la que tienen órdenes judiciales para allanar 16 viviendas y 9 áreas. 

Ayer, Salinas dijo que en el sector están 700 policías. Los uniformados están controlando la parte externa del área donde encontraron las máquinas. Hasta Yutzupino también llegaron Alexandra Vela, ministra de Gobierno y Luis Hernández, ministro de Defensa.

En el operativo también participó el Ministerio de Ambiente. José Dávalos, Subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio,  dijo en un video que identificarán los pasivos ambientales, es decir los daños provocados por la minería ilegal y para planificar la remediación de esa contaminación. “Estamos realizando actividades ante la Fiscalía para garantizar que podremos identificar a los responsables de esta contaminación”, dijo al final del video. Como protesta contra el operativo, algunos comuneros incendiaron chozas en Yutzupino.  

Alexandra Vela estuvo en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea para hablar sobre la minería. Ayer, 14 de febrero, Vela dijo que en Napo hay 52 concesiones mineras —áreas autorizadas por el Estado donde puede llevar a cabo actividades mineras—, bajo el régimen abierto de pequeña minería  y 85 concesiones mineras de minería artesanal, que lo realizan ancestralmente las comunidades indígenas. Según explicó la ministra, el incremento de la actividad de minería ilegal se está dando en la zona concesionada —pero temporalmente suspendida— llamada Confluencia. Esta concesión está dada a la empresa china Terraearth, aunque según Vela la concesión no está en operación “porque el Ministerio del Ambiente la ha detenido como consecuencia de no haber solicitado y aprobado la licencia ambiental”. Es decir, al no tener esa licencia no puede realizar ninguna actividad.

La minería legal e ilegal en Napo, explicada rápidamente

La minería en Napo se ha intensificado hace dos años. Eduardo Vayas, uno de los activistas medioambientales de la organización Napo Ama la Vida, explicó a GK, que Terraearth y otras empresas mineras de habitantes de Napo o autoridades están relacionados con la actividad minera en Yutuzpino en Tena, pero también en en cantón Carlos Julio Arosemena Tola. 

Vayas dice que como colectivo, hace un par de años presentaron una acción de protección para frenar las actividades mineras y recuperación ambiental de la zona, y dice que aunque autoridades o los propios mineros digan que la minería sirve para el desarrollo, “no hay mejora de la calidad de vida”, en Tena. Más bien, dice que hay afectación en los ríos que son fuentes de agua para las comunidades, que ahora se abastecen comprando bidones de agua. “Es una burla el tema del discurso de que la minería es un aporte para el país”, remata. Eduardo Vayas, activista medioambiental dijo que las actividades mineras ilegales las realizan personas que no son de Napo. 

Según cuenta el activista, hace unos 10 años, en Yutzupino comenzó la minería artesanal con diferentes maquinarias esporádicamente. Vayas dice que en octubre de 2021 “entraron de golpe”, al menos 30 máquinas a ese sector que es concesión de Terraearth, pero que tiene suspendida su licencia ambiental, tal como lo dijo la ministra Vela en la Asamblea. 

El activista dice que hay grupos de mineros ilegales que se enfrentan y pretenden realizar la actividad minera escudándose en la pobreza. Ahora dice Vayas, esperan que las autoridades reporten los pasivos ambientales, se haga la recuperación de los ríos que sus aguas están contaminadas con mercurio utilizado para separar el oro de otros minerales y de color ocre y café por la mezcla de la tierra removida. Además dice que están muy preocupados por la pobreza en las comunidades y que esperan que se identifiquen a los dueños de las maquinarias para que haya sanciones. 

En noviembre de 2021, un reportaje de GK  reveló que la actividad minera de Terraearth se realizaba en terrenos alquilados y que tras la explotación no se realizaba la recuperación de las tierras. El reportaje dice que desde 2012, Terraearth está en Napo. Tiene seis concesiones mineras: El Icho, Anzu Norte, Talag y Confluencia en el cantón Tena; Vista Anzu y Regina 1 en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola. Solo en estas dos últimas la empresa tiene una licencia para explorar y explotar oro. 

Terraearth se dedica a la explotación de oro aluvial a cielo abierto. Este tipo de minería se caracteriza por emplear maquinaria pesada —como tractores, excavadora y volquetas— para remover grandes cantidades de material vegetal y pétreo a través de excavaciones de 10 a 20 metros de profundidad en las riberas de los ríos. Ahora el suelo que ocupó Terraearth está infértil y sus dueños no pueden utilizarlo para cultivar.