El escándalo permea al y emana del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Durante años, este organismo ha enfrentado críticas sobre su utilidad y que plantean su extinción. La verdad es que el órgano, que según la Constitución debería ser independiente y no partidista, está sumido en una profunda crisis institucional. Ahora, una pugna por su presidencia recrudece la mala reputación del Consejo.
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Esta es una cronología de 2022 de la crisis en el CPCCS, un organismo que es fundamental a la hora de escoger altas autoridades, como el Contralor del Estado, miembros del Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo.
5 de enero de 2022
La consejera Ibeth Estupiñán votó por primera vez en contra de la mayoría de la que era parte.
Estaba conformada por:
La entonces presidenta Sofía Almeida,
El vicepresidente David Romero, y
El consejero Juan Dávalos
Pero ese día votó con la que era entonces la minoría del pleno del Consejo:
Hernán Ulloa,
Francisco Bravo, y
María Fernanda Rivadeneira
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Estupiñán votó con ellos y aprobaron el reglamento para la designación del titular de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, luego de que Víctor Anchundia fuera destituido por la Asamblea.
En este momento, se trocaron los papeles y la mayoría se convirtió en minoría y viceversa.
Horas después, ese mismo día, Almeida dijo que habría presión de “grupos políticos” para elegir autoridades “a dedo”, además adujo que el CPCCS estaba “paralizado” por la nueva mayoría.
26 de enero de 2022
La crisis entró en su fase más crítica. Durante la sesión ordinaria tres, el consejero Francisco Bravo (de la nueva mayoría) planteó una moción para conocer el informe de un “presunto incumplimiento de funciones de la presidenta” Almeida.
La moción no fue tramitada porque la sesión fue suspendida. Desde entonces, no se había logrado reinstalar.
9 de febrero de 2022
En la mañana, un piquete de policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden —que se moviliza para reprimir protestas callejeras— llegó al edificio del CPCCS.
Mientras los uniformados se dispersaban en la entrada de la institución, los consejeros Hernán Ulloa, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán llevaron a un cerrajero que abrió la puerta del edificio.
Una vez adentro, reinstalaron la sesión tres, con la ausencia de Almeida, Rosero y Dávalos. Tampoco estuvo el secretario del pleno del CPCCS, quien dijo que esa sesión debía instalarse la próxima semana. Ahí, la nueva mayoría removió a Almeida de la presidencia y Rosero de la vicepresidencia.
Luego de cesarlos, nombraron presidente a Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira, vicepresidenta.
Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Estupiñán alegaron dos motivos principales para remover a Almeida y Rosero.
Primero que Almeida y Rosero, supuestamente, no convocaron, durante 13 días, a una sesión declarada permanente —es decir, que no debía suspenderse. Segundo, adujeron presuntas irregularidades en los procesos de selección de autoridades, como el Contralor General del Estado
Ese mismo día, Sofía Almeida acusó en una rueda de prensa al presidente Guillermo Lasso de injerencia. “Le pido que saque las manos del CPCCS”, cuestionó.
Horas después, Almeida fue al CPCCS para reclamar por el puesto, argumentando que ella sigue siendo su presidenta. Esa misma tarde, el Ministerio de Trabajo confirmó la posesión de Ulloa.
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República le dijo a Sol Borja, editora política de GK, que el Ministerio del Trabajo se había limitado a “certificar el ingreso del documento en el que se acredita que el Pleno del Organismo nominó a su presidente y vicepresidente”.
El Ministerio de Gobierno decidió no pronunciarse sobre por qué había un contingente policial en las inmediaciones del Consejo. Pero un policía, según un comunicado del CPCCS, le dijo a Sofía Almeida que estaba ahí debido “a una disposición verbal por pedido del consejo Hernán Ulloa”.
10 de febrero de 2022
Los consejeros Almeida y Rosero insistieron en retomar sus cargos.
Almeida dijo que iba a poner una denuncia contra Hernán Ulloa por el presunto delito de usurpación de funciones. Anunció que la jueza Karly Vargas, del pequeño cantón agrícola de Samborondón (a más de 400 kilómetros de Quito, donde está el Consejo), había ratificado que regían las medidas cautelares a favor Almeida y que habían sido revocadas por otra jueza.
Esta acción había sido interpuesta por Almeida para evitar que se trate la moción de remoción en su contra —aquella planteada en la sesión tres de enero.
Sin embargo, el pleno del Consejo de la Judicatura del Guayas suspendió a Vargas, quien, según los magistrados, cometió una infracción disciplinaria “gravísima”.
Ese mismo día, Hernán Ulloa interpuso su propia acción de protección —un mecanismo legal para garantizar derechos constitucionales— contra la medida cautelar que blindaba a Almeida como presidenta del Consejo. Otra juez, también de Samborondón, aceptó el recurso legal y ratificó la validez de la sesión donde fueron posesionadas las nuevas autoridades del órgano.
“Los políticos se están malacostumbrando a zanjar sus disputas de poder utilizando al sistema judicial”, dijo el constitucionalista Ismael Quintana en una entrevista en FM Mundo.
Ese mismo día, durante su visita a Balao, una pequeña ciudad de la provincia del Guayas, el presidente Lasso dijo: “Que ellos [los consejeros] resuelvan sus problemas porque son independientes, no son parte de la función Ejecutiva. Mientras exista esta normativa, hay que respetar esa independencia”, señaló Lasso.
La Asamblea tampoco se quedó quieta. Días antes, las bandadas de los movimientos políticos Pachakutik, el Partido Social Cristiano y la coalición correísta UNES decidieron empezar el trámite de juicio político contra la mayoría que Ulloa ahora encabeza en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Este día, sus proponentes, Ángel Maita y Mireya Pazmiño, pidieron que el proceso se agilice y que el legislativo lo trate como una prioridad.
11 de febrero de 2022
Dos días después de haberse iniciado la pugna por la presidencia del Consejo de Participación, el gobierno se pronunció.
A través de una comunicado, la Presidencia y la Secretaría de Comunicación negaron cualquier tipo de intervención en la institución.
“El Gobierno reafirma su absoluto compromiso con el principio de separación de poderes y el Estado de derecho. En consecuencia es nuestra obligación respetar la decisión tomada por el pleno del CPCCS y el fallo de la justicia que la avala”, decía el boletín.
El problema, sin embargo, es que no se refería a cuál: si al que ratificaba a Almeida en el cargo, o al nuevo presidente Hernán Ulloa.
12 de febrero de 2022
Hernán Ulloa firmó el primer comunicado como presidente del Consejo.
En un boletín, hizo un recuento del conflicto interno de la institución. Dijo que la decisión judicial de ratificarlo como presidente ordenaba que las decisiones tomadas en la sesión del 9 de febrero eran legítimas.
Además, dijo que las actividades en el Consejo se mantenían con normalidad. Ofreció seguir informando de las acciones del órgano a través de sus canales de información.
Por su parte, Sofía Almeida afirmó que lo ocurrido era un golpe de Estado contra ella y su gestión.
