Te explicamos el caso Furukawa

  • ¿Qué es el caso Furukawa?

    • qué es el caso Furukawa

      Fotografía del colectivo Furukawa nunca más

    En la mañana de hoy, 6 de enero de 2021, se retomó la audiencia de la acción de protección en el caso Furukawa —una demanda contra el Estado Ecuatoriano y la empresa Furukawa Plantaciones C.A. que opera en Ecuador en la producción de abacá, una fibra de origen filipino, alcanza hasta los 5 metros y crece en climas cálidos y lluviosos. El abacá es parecido a la planta de plátano. Se la usa para elaborar sogas, papel moneda, bolsas de té, filtros de café, envolturas de embutidos o papel de cigarrillos. La empresa ha operado por más de medio siglo en el Ecuador.

    La acción de protección fue interpuesta por un grupo de 123 personas campesinas afroecuatorianas, mestizas y migrantes que trabajaban en las plantaciones de la empresa en condiciones laborales precarias. La audiencia comenzó el 29 de diciembre pasado, pero fue suspendida por el juez a cargo, luego de recibir los testimonios de algunos trabajadores. 

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    La empresa Furukawa tiene sus plantaciones en la provincia costera de Santo Domingo de los Tsáchilas. En 1967, la empresa comenzó a producir abacá. La fibra de abacá es muy resistente y también se usa en la industria automotriz, como sustituta de la fibra de vidrio, un material ampliamente usado en la producción de automóviles. 

    La acción de protección de los extrabajadores de Furukawa se fundamenta en una alegada vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la salud, la educación, la vivienda, el agua, la alimentación, el hábitat, la vida digna y integridad personal, que habrían sufrido los trabajadores de Furukawa. 

    Muchos de los trabajadores nacieron y crecieron en las plantaciones. Según un reportaje del portal La Barra Espaciadora y la revista Plan V, algunos trabajadores han perdido piernas, antebrazos o dedos por la manipulación de la fibra, machetes y cuchillos sin la protección adecuada como guantes, ropa, mascarillas. En el reportaje, el gerente de ese entonces de la empresa, dijo que los trabajadores sí recibían y reciben equipos de protección. 

    La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha llamado al caso de Furukawa uno de  “esclavitud moderna”. La esclavitud moderna, según el Índice Global de la Esclavitud, se da cuando una persona toma un trabajo en el que sufre explotación pero al que no puede negarse por que ha sido objeto de amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño. Según el reporte más reciente de la organización, en 2016, más de 40 millones de personas en el mundo vivían en esclavitud moderna, especialmente en el Asia. 

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    Según la información del caso Furukawa, los trabajadores ganaban entre 200 a 300 dólares al mes, vivían dentro de las 32 haciendas de la empresa en construcciones viejas y no tenían acceso a baños, electricidad o agua potable. Los trabajadores tampoco tenían un contrato laboral, dice la alianza

    La abogada Mayra Tirira, del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, Surkuna, dice que las mujeres no ganaban un sueldo, “normalmente el jefe de familia era quien recibía esos ingresos”. Tirira dice que dentro del campamento de Furukawa había niñas embarazadas por violación. Las niñas no tenían acceso a la salud o justicia, dice la Tirira.

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    El caso de Furukawa fue denunciado en la Defensoría del Pueblo, el 16 de octubre de 2018 por 40 trabajadores de la empresa que fueron despedidos.  Pero antes que la Defensoría reciba el caso, la Secretaría de Gestión de la Política ya lo conocía. En reunión con otras instituciones del Estado, decidieron que el Ministerio de Trabajo realice visitas a varios campamentos de Furukawa.  Pero hace 14 años la empresa recibió un reconocimiento de este mismo ministerio, por impulsar el cultivo del abacá, por crear fuentes de trabajo y contribuir al desarrollo del país, según  el acuerdo ministerial publicado en 2005.  

    En junio de 2019, la empresa habría negociado individualmente con los empleados para darles una indemnización. Según dijo Pablo Iturralde, director ejecutivo del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)en una entrevista en 2019. Iturralde dijo que alrededor de 100 empleados habrían aceptado, y la empresa les hizo firmar un documento aceptando un pago de 350 dólares. Sin embargo, en algunos casos las personas aceptaron porque son analfabetas y no estuvieron acompañadas de un abogado.

  • Así avanza la audiencia de la acción de protección en el caso Furukawa

    • audiencia del caso Furukawa.

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Alianza de Derechos Humanos

    La mañana de hoy, 6 de enero de 2021, se reinstaló la audiencia de acción de protección contra el Estado ecuatoriano y la empresa Furukawa Plantaciones C.A del Ecuador. 

    La audiencia sobre este caso comenzó el 29 de diciembre de 2020. Se trata sobre “servidumbre de la gleba que han sido sometidas varias familias por dicha empresa”, dice un comunicado de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. De acuerdo a una definición de la ONU, la servidumbre de la gleba es la condición de una persona que está obligada por ley o por costumbre a vivir y trabajar en una tierra (gleba) que le pertenece a otra persona. En algunos de los casos el trabajo lo hacen de forma gratuita. 

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    Las 123 personas accionantes trabajaban en la empresa Furukawa, productora de abacá —una fibra muy resistente que se usa para hacer papel o reemplazar la fibra vidrio, principalmente en la industria automotriz. Al ser como una fibra de vidrio, existe un riesgo al trabajar con esa planta. Muchos trabajadores sufrieron accidentes como pérdida de extremidades y dedos. 

    En la parte de la audiencia que se hizo el 29 de diciembre pasado, se presentaron ante un juez de la Unidad Judicial de Santo Domingo, varios testigos, peritos y amicus curiae, un documento en el que cualquier persona que tenga interés en la causa puede exponer por escrito u oralmente argumento para ser considerados por el juez de la causa. La traducción de la frase latina es “amigo de la corte”. Entre quienes intervinieron en la audiencia estaban  en la que rindieron su testimonio los asambleístas Juan Cristóbal Lloret y José Chalá, miembros de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea.

    Sin embargo, muchos de quienes debían participar en la audiencia no pudieron llegar a Santo Domingo porque en ese momento regía un nuevo estado de excepción con toque de queda por la pandemia del  covid-19, que restringía la libre movilidad en vehículos particulares.  Los que sí llegaron, algunos trabajadores, sus abogados y otros acompañantes no pudieron ingresar con facilidad porque la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y guardias de la empresa privada de la compañía lo impedían. 

    Según el comunicado de la Alianza, la audiencia duró casi ocho horas pero en la Unidad Judicial no se cumplieron las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de covid-19. Las personas que asistieron “tuvieron que permanecer hacinadas durante el proceso en varias salas habilitadas para el efecto”.  La audiencia se suspendió a las 4 de la tarde del 29 de diciembre.

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    En la continuación de la audiencia, hoy 6 de enero, intervino Catalina Campo, antropóloga, etnobiologa e investigadora, quien ha sido designada perito judicial para este proceso. Campo dijo que los sistemas de opresión en los que están los trabajadores no les permite cambiar de actividad. La experta argumentó que hombres, mujeres y niños nacieron y crecieron en las plantaciones de abacá, sin agua ni luz. Dijo que hay una letrina por cada campamento. Además, dijo que los trabajadores debían pagar 40 dólares por el uso de una cama que no tiene tablas ni colchón. 

    Alejandra Zambrano, abogada de los extrabajadores, dijo que una de las reparaciones que deben recibir sus representados es económica. Dijo que se podría incluir a estas personas en los planes de entrega de viviendas que tiene el gobierno nacional. También habló sobre la reparación del derecho a la educación “ellos quieren estudiar, que concluyan con su educación, para que salgan de su situación de pobreza”. 

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    En la tarde, la empresa pidió que se declare la nulidad del proceso porque no habían asistido a la audiencia todos los trabajadores accionantes. El argumento de la empresa es porque “no ha sido declarada ninguna relación laboral con los accionantes”. Sin embargo la audiencia continuó con la intervención de María Alejandra Aguirre, jefa de recursos humanos de la empresa, quien dijo que la empresa no se encarga de la educación de los niños. 

     

    A las tres y media de la tarde, la audiencia continuaba.

  • ¿Qué es una acción de protección?

    • acción de protección

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos. Audiencia de acción de protección en el caso Furukawa

    La acción de protección es una garantía de los derechos que da la Constitución de la República del Ecuador. La acción de protección se desarrolla de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el artículo 39. Según esta disolución legal, la acción de protección amparará los derechos que establece la Constitución y los tratados internacionales.  

    Christian Paula, abogado especialista en Derechos Humanos y Director del Instituto de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, explica que cualquier persona que haya sentido vulnerados sus derechos por el Estado o por un tercero en conocimiento del Estado, puede interponer una acción de protección.  Paula dice que la acción de protección está diseñada para interponerla contra el Estado: Ministerios, Secretaría u otros instituciones públicas. Cuando se interpone contra “terceros”, puede ser contra empresas concesionarias del Estado, o que operen en el país, como la acción de protección en el caso Furukawa

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    La acción de protección está dentro de lo que se conoce como las garantías jurisdiccionales —es decir, que deben otorgarse por un juez. Entre otras garantías están la acción de hábeas corpus, la de hábeas data, la acción por incumplimiento, la acción de acceso a la información pública y la acción extraordinaria de protección. 

    Mayra Tirira, abogada del Centro de Derechos Humanos Surkuna, dice que una acción de protección es una demanda judicial. Para iniciar una acción de protección, hay que acudir a una Unidad Judicial en la ciudad o provincia donde sucedió la vulneración de los derechos o donde surte efecto la vulneración. 

    En el caso Furukawa, la acción de protección fue interpuesta en la Unidad Judicial de Santo Domingo, la provincia donde está ubicada la plantación de la empresa Furukawa Plantaciones C.A del Ecuador, en la que trabajaban 123 personas sin buenas condiciones laborales. Además la abogada explica que cualquier juez (niñez, tránsito, de lo civil o penal) está habilitado para resolver una acción de garantía jurisdiccional, excepto la acción extraordinaria de protección que se debe presentar y resolver en la Corte Constitucional. La acción extraordinaria de protección se presenta cuando se agotan los recursos, dice Tirira. Por ejemplo cuando ya se perdió la acción de protección en la Unidad Judicial, en ese caso se puede ir a la Corte Constitucional a interponer esa medida extraordinaria. 

    Según la ley ecuatoriana, para presentar una acción de protección no se necesita un abogado. Sin embargo, Mayra Tirira dice que en la práctica hay casos que si no hay un abogado representando a la persona accionante, puede ser que la acción se pierda. La Defensoría del Pueblo o la Defensoría Pública pueden acompañar a las personas que presentan la acción de protección con un abogado de oficio. 

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    Una acción de protección debe resolverse de forma expedita, pues está destinada a salvaguardar derechos constitucionales. En teoría, la Unidad Judicial que la recibe tiene un día para calificar y tres días para llamar a una audiencia. “Lo ideal sería que la aceptación a trámite de una acción de protección se realice en un mes, pero no pasa así en la realidad”, dice el abogado Paula. En la práctica,  puede tomar entre tres a seis meses para que se llame a una audiencia dentro de la acción. 

    En el caso de Furukawa, sin embargo, la audiencia se demoró en ser convocada porque el  juez que la conocía alegó ser incompetente para resolverla. Sin embargo, una corte superior resolvió que sí debía conocer y resolver la causa, explica Tirira. Además, dentro de la acción de protección de los extrabajadores de Furukawa se realizaron peritajes, que tardaron más de lo normal por la llegada al Ecuador de la pandemia del covid-19. En este caso, la audiencia se está realizando más o menos un año después de presentada. 

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    En las audiencias de una acción de protección participan los accionantes, los demandados y quienes presentaron amicus curiae. Un amicus curiae (o amigo de la corte) son los argumentos que cualquier persona interesada en el caso que se juzga puede presentar. Paula explica que un amicus curiae no precisa ser presentado por un abogado o especialista, y puede presentarse de manera escrita o verbal.  Surkuna presentó un amicus curiae  por escrito en favor de las mujeres y niñas que trabajan y vivían en Furukawa. 

    En el Ecuador, en los últimos meses, la acción ha sido utilizada por comunidades afectadas por la industria petrolera. En diciembre de 2020, la nacionalidad waorani presentó una contra empresas petroleras que operan en el país. En la acción el  pueblo indígena amazónico exigen que se protejan sus derechos y los de la naturaleza, que aseguran han sido afectados por el impacto de la extracción de crudo. 

    En febrero de 2020, nueve niñas y adolescentes de las provincias de Sucumbíos y Orellana presentaron una contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente y Agua,  pidiendo que se apaguen los mecheros de las empresas petroleras. La última audiencia, la de apelación, fue el 2 de octubre, pero se suspendió. La audiencia fue reprogramada para el 26 de enero de 2021.

    Las comunidades indígenas kichwas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en abril de 2020 interpusieron una acción de protección pero en septiembre de 2020 un juez negó la acción a las comunidades indígenas. 

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    También hay acciones que se presentan y son desechada por carecer de fundamento. Un grupo de ciudadanos interpuso una acción de protección contra el Ministerio de Salud para que se apruebe al dióxido de cloro como tratamiento contra el covid-19. En octubre pasado, un juez rechazó esa pretensión. El dióxido de cloro es un gas desinfectante que se compone de dos moléculas de oxígeno y una de cloro. Es usado para procesos de potabilización de agua y como un agente blanqueador por lo que es perjudicial para la salud de los humanos. 

  • Juez aceptó la acción de protección a favor de los extrabajadores de Furukawa

    • juez aceptó acción de protección

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Furukawa Nunca Más

    El juez constitucional Carlos Vera Cedeño a cargo del caso Furukawa aceptó la acción de protección interpuesta hace más de un año en la Unidad Judicial de Santo Domingo. La tarde de ayer, 15 de enero de 2021, el juez declaró al Estado ecuatoriano y a la empresa Plantaciones Furukawa Plantaciones C.A, culpables de la vulneración de derechos a los 123 extrabajadores de la empresa.

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    La audiencia por la acción de protección que se realizó en Santo Domingo concluyó con la resolución del juez sobre la existencia de servidumbre de la gleba,-forma contemporánea de esclavitud.  La audiencia comenzó el 29 de diciembre pasado, pero fue suspendida y se reinstaló  el 6 de enero de 2021. En la audiencia el juez recibió varios testigos, peritos y amicus curiae que es una declaración de forma escrita u oral que hace cualquier persona interesada en el caso. 

    En la continuación de la audiencia, este 16 de enero, Paola Guerra, abogada de la empresa Furukawa dijo que la empresa ya fue sancionada por las irregularidades cometidas.  La abogada Guerra se mantuvo en que no hubo vulneración  de derechos como el acceso a los servicios de salud y dijo que la empresa no tiene responsabilidad en el caso. 

    La empresa Plantaciones Furukawa C.A opera en el Ecuador hace más de medio siglo, se dedica a la producción del abacá, una planta de origen filipino, que se usa para elaborar sogas, papel moneda, bolsas de té, filtros de café, entre otros. Es como una fibra de vidrio por eso el riesgo de trabajar con esta planta. Muchos trabajadores han perdido brazos o dedos en la manipulación del abacá, de machetes y de las máquinas procesadoras sin equipos de protección.  

    Los trabajadores y sus familias vivían en los campamentos de las plantaciones. Un reportaje de Plan V y el portal La Barra Espaciadora reveló que los trabajadores vivían en condiciones precarias, no tenían acceso a baños, electricidad o agua potable. Ganaban entre 200 a 300 dólares mensuales,  en los campamentos también trabajaban niños y mujeres. 

    La abogada Alejandra Zambrano, defensora del grupo de los 123 extrabajadores de la empresa Furukawa que presentaron la acción de protección contra el Estado y la empresa, dijo que el juez aceptó la vulneración de los derechos al trabajo, la salud, la educación, la vivienda, el agua, la alimentación, el hábitat, la vida digna y la integridad personal. 

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    Sobre las violaciones al acceso a los derechos, el juez Vera Cedeño dijo que los culpables, el Estado y la empresa deberán pedir disculpas públicas. 

    El 16 de octubre de 2018, un grupo de trabajadores de la empresa denunció que fueron despedidos en la Defensoría del Pueblo. Funcionarios del Ministerio de Trabajo realizaron visitas a varios campamentos de la empresa Furukawa pero la situación no cambió. Además, la empresa había negociado en junio de 2019 con algunos trabajadores para darles una indemnización. 

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    El lunes 18 de enero de 2021 habrá una rueda de prensa para saber más detalles de la resolución del juez. 

  • Compensación económica y disculpas públicas entre las medidas de la sentencia del caso Furukawa

    • medidas de reparación en el caso Furukawa

      Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Furukawa Nunca Más.

    Hoy, 18 de enero, los abogados del caso Furukawa hablaron sobre las medidas de reparación que incluye la sentencia a favor de los extrabajadores de la empresa en la acción de protección presentada por presuntas violaciones a derechos básicos. El pasado 15 de enero, el juez Carlos Vera Cedeño aceptó la acción de protección interpuesta por interpuesta por 123 personas que trabajaban en la empresa en condiciones laborales precarias. 

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    Los extrabajadores alegan que la empresa vulneró sus derechos económicos, sociales y culturales. Entre ellos, afirman, su derecho al trabajo, salud, educación, vivienda, agua, alimentación, hábitat, vida digna y su integridad personal. La empresa Furukawa produce abacá, una fibra que se usa para elaborar sogas, papel moneda, filtros de café, envolturas de embutidos, bolsas de té o papel de cigarrillos.

    Alejandro Morales, uno de los abogados de los accionantes, dijo en una rueda de prensa que el juez Vera en su sentencia oral declaró la vulneración de los derechos de libertad, prohibición de esclavitud y servidumbre, salud y los otros argumentados en la demanda. Según Morales, los testimonios de los trabajadores fueron clave para que el pronunciamiento sea favorable. El abogado dijo que también se consideraron las evidencias documentales y las pericias —en las que se visitaron las instalaciones de la empresa— para determinar el contexto en el que trabajaban en Furukawa.  

    La sentencia oral del juez Vera incluye medidas de reparación. Según Morales, el juez dijo que incluirá más medidas en la sentencia escrita, que puede ser dictada hasta 10 días después del pronunciamiento oral. Una de las que ya fueron leídas por el juez es la reparación económica por una suma de dinero aún no determinada. El abogado Morales dijo que la sentencia escrita también debe incluir la regularización de la situación migratoria de los trabajadores extranjeros y que se solucionen los problemas de vivienda de los empleados.

    Además, el fallo ordena que la empresa y todas las instituciones que vulneraron derechos por omisión se disculpen públicamente con los empleados. Según la sentencia, dijo Morales, el Ministerio de Trabajo debe vigilar permanentemente la situación laboral de Furukawa y el Ministerio de Salud Pública está obligado a garantizar atención física y psicológica a todos los accionantes. 

    Un reportaje del portal La Barra Espaciadora y la revista Plan V dice que muchos trabajadores perdieron piernas, antebrazos y dedos por manipular la fibra sin usar el equipo de protección adecuado. El entonces gerente de la empresa dijo en el reportaje que los trabajadores recibían y reciben equipos de protección. 

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    Es un caso de “esclavitud moderna”, según la Alianza de las Organizaciones por los Derechos Humanos. La esclavitud moderna, según el Índice Global de la Esclavitud, se da cuando una persona toma un trabajo en el que sufre explotación, pero no puede negarse por amenazas, violencia, abuso de poder, coerción o engaño. 

    En la rueda de prensa del 18 de enero también participaron representantes de los accionantes y de los colectivos que apoyaron la causa. Mayra Valdez, representante de los trabajadores de Furukawa, agradeció la confianza de sus compañeros y el apoyo de los abogados del caso. Valdez dijo que sentía que “finalmente existen leyes”. Susana Quiñonez, extrabajadora de Furukawa, dijo que piden al Estado “tierra, justicia y reparación”. Jacqueline Gallegos, del comité de solidaridad Furukawa Nunca Más, dijo que sus compañeros eran “un ejemplo de lucha en medio de un estado colonial, racista que ha sometido a hombres y mujeres durante toda su historia”. Todos los participantes insistieron en la importancia de que un caso como el de Furukawa nunca más vuelva a suceder. 

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    Alejandra Zambrano, otra de las abogadas de los accionantes, reconoció la valentía de los 123 trabajadores que interpusieron la acción de protección. Dijo que su papel fue esencial para probar la vulneración de derechos. Además, Zambrano dijo que al proteger los campamentos para que la empresa no pueda borrar las evidencias, permitieron que en las pericias encuentren “las estructuras de la condiciones de vida indigna” que la empresa les daba a sus empleados. 

    Los abogados dijeron que esta acción de protección es un primer paso. Esperan que en el futuro más empleados tomen acciones legales para que se constate la vulneración de sus derechos y pidan reparaciones. Según Zambrano, la información levantada por el Estado dice que hay al menos otros 1.241 empleados cuyos derechos habrían sido violentados. Sin embargo, dijo que podrían ser muchos más. 

    Cuando la sentencia sea notificada por escrito a las partes, podrá ser apelada. Zambrano dijo que al final de la audiencia del 15 de enero el Ministerio de Trabajo dijo que apelará, pero que las otras partes —incluyendo a Furukawa— no se han pronunciado todavía. La abogada dijo que cuando sean notificados tendrán tres días para presentar apelaciones.

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