¿Qué es el caso Furukawa?
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Fotografía del colectivo Furukawa nunca más
En la mañana de hoy, 6 de enero de 2021, se retomó la audiencia de la acción de protección en el caso Furukawa —una demanda contra el Estado Ecuatoriano y la empresa Furukawa Plantaciones C.A. que opera en Ecuador en la producción de abacá, una fibra de origen filipino, alcanza hasta los 5 metros y crece en climas cálidos y lluviosos. El abacá es parecido a la planta de plátano. Se la usa para elaborar sogas, papel moneda, bolsas de té, filtros de café, envolturas de embutidos o papel de cigarrillos. La empresa ha operado por más de medio siglo en el Ecuador.
La acción de protección fue interpuesta por un grupo de 123 personas campesinas afroecuatorianas, mestizas y migrantes que trabajaban en las plantaciones de la empresa en condiciones laborales precarias. La audiencia comenzó el 29 de diciembre pasado, pero fue suspendida por el juez a cargo, luego de recibir los testimonios de algunos trabajadores.
La empresa Furukawa tiene sus plantaciones en la provincia costera de Santo Domingo de los Tsáchilas. En 1967, la empresa comenzó a producir abacá. La fibra de abacá es muy resistente y también se usa en la industria automotriz, como sustituta de la fibra de vidrio, un material ampliamente usado en la producción de automóviles.
La acción de protección de los extrabajadores de Furukawa se fundamenta en una alegada vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la salud, la educación, la vivienda, el agua, la alimentación, el hábitat, la vida digna y integridad personal, que habrían sufrido los trabajadores de Furukawa.
Muchos de los trabajadores nacieron y crecieron en las plantaciones. Según un reportaje del portal La Barra Espaciadora y la revista Plan V, algunos trabajadores han perdido piernas, antebrazos o dedos por la manipulación de la fibra, machetes y cuchillos sin la protección adecuada como guantes, ropa, mascarillas. En el reportaje, el gerente de ese entonces de la empresa, dijo que los trabajadores sí recibían y reciben equipos de protección.
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos ha llamado al caso de Furukawa uno de “esclavitud moderna”. La esclavitud moderna, según el Índice Global de la Esclavitud, se da cuando una persona toma un trabajo en el que sufre explotación pero al que no puede negarse por que ha sido objeto de amenazas, violencia, coerción, abuso de poder o engaño. Según el reporte más reciente de la organización, en 2016, más de 40 millones de personas en el mundo vivían en esclavitud moderna, especialmente en el Asia.
Según la información del caso Furukawa, los trabajadores ganaban entre 200 a 300 dólares al mes, vivían dentro de las 32 haciendas de la empresa en construcciones viejas y no tenían acceso a baños, electricidad o agua potable. Los trabajadores tampoco tenían un contrato laboral, dice la alianza.
La abogada Mayra Tirira, del Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, Surkuna, dice que las mujeres no ganaban un sueldo, “normalmente el jefe de familia era quien recibía esos ingresos”. Tirira dice que dentro del campamento de Furukawa había niñas embarazadas por violación. Las niñas no tenían acceso a la salud o justicia, dice la Tirira.
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El caso de Furukawa fue denunciado en la Defensoría del Pueblo, el 16 de octubre de 2018 por 40 trabajadores de la empresa que fueron despedidos. Pero antes que la Defensoría reciba el caso, la Secretaría de Gestión de la Política ya lo conocía. En reunión con otras instituciones del Estado, decidieron que el Ministerio de Trabajo realice visitas a varios campamentos de Furukawa. Pero hace 14 años la empresa recibió un reconocimiento de este mismo ministerio, por impulsar el cultivo del abacá, por crear fuentes de trabajo y contribuir al desarrollo del país, según el acuerdo ministerial publicado en 2005.
En junio de 2019, la empresa habría negociado individualmente con los empleados para darles una indemnización. Según dijo Pablo Iturralde, director ejecutivo del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)en una entrevista en 2019. Iturralde dijo que alrededor de 100 empleados habrían aceptado, y la empresa les hizo firmar un documento aceptando un pago de 350 dólares. Sin embargo, en algunos casos las personas aceptaron porque son analfabetas y no estuvieron acompañadas de un abogado.
