La acción de protección es una garantía de los derechos que da la Constitución de la República del Ecuador. La acción de protección se desarrolla de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el artículo 39. Según esta disolución legal, la acción de protección amparará los derechos que establece la Constitución y los tratados internacionales.
Christian Paula, abogado especialista en Derechos Humanos y Director del Instituto de Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, explica que cualquier persona que haya sentido vulnerados sus derechos por el Estado o por un tercero en conocimiento del Estado, puede interponer una acción de protección. Paula dice que la acción de protección está diseñada para interponerla contra el Estado: Ministerios, Secretaría u otros instituciones públicas. Cuando se interpone contra “terceros”, puede ser contra empresas concesionarias del Estado, o que operen en el país, como la acción de protección en el caso Furukawa.
La acción de protección está dentro de lo que se conoce como las garantías jurisdiccionales —es decir, que deben otorgarse por un juez. Entre otras garantías están la acción de hábeas corpus, la de hábeas data, la acción por incumplimiento, la acción de acceso a la información pública y la acción extraordinaria de protección.
Mayra Tirira, abogada del Centro de Derechos Humanos Surkuna, dice que una acción de protección es una demanda judicial. Para iniciar una acción de protección, hay que acudir a una Unidad Judicial en la ciudad o provincia donde sucedió la vulneración de los derechos o donde surte efecto la vulneración.
En el caso Furukawa, la acción de protección fue interpuesta en la Unidad Judicial de Santo Domingo, la provincia donde está ubicada la plantación de la empresa Furukawa Plantaciones C.A del Ecuador, en la que trabajaban 123 personas sin buenas condiciones laborales. Además la abogada explica que cualquier juez (niñez, tránsito, de lo civil o penal) está habilitado para resolver una acción de garantía jurisdiccional, excepto la acción extraordinaria de protección que se debe presentar y resolver en la Corte Constitucional. La acción extraordinaria de protección se presenta cuando se agotan los recursos, dice Tirira. Por ejemplo cuando ya se perdió la acción de protección en la Unidad Judicial, en ese caso se puede ir a la Corte Constitucional a interponer esa medida extraordinaria.
Según la ley ecuatoriana, para presentar una acción de protección no se necesita un abogado. Sin embargo, Mayra Tirira dice que en la práctica hay casos que si no hay un abogado representando a la persona accionante, puede ser que la acción se pierda. La Defensoría del Pueblo o la Defensoría Pública pueden acompañar a las personas que presentan la acción de protección con un abogado de oficio.
Una acción de protección debe resolverse de forma expedita, pues está destinada a salvaguardar derechos constitucionales. En teoría, la Unidad Judicial que la recibe tiene un día para calificar y tres días para llamar a una audiencia. “Lo ideal sería que la aceptación a trámite de una acción de protección se realice en un mes, pero no pasa así en la realidad”, dice el abogado Paula. En la práctica, puede tomar entre tres a seis meses para que se llame a una audiencia dentro de la acción.
En el caso de Furukawa, sin embargo, la audiencia se demoró en ser convocada porque el juez que la conocía alegó ser incompetente para resolverla. Sin embargo, una corte superior resolvió que sí debía conocer y resolver la causa, explica Tirira. Además, dentro de la acción de protección de los extrabajadores de Furukawa se realizaron peritajes, que tardaron más de lo normal por la llegada al Ecuador de la pandemia del covid-19. En este caso, la audiencia se está realizando más o menos un año después de presentada.
| Si quieres recibir los textos de GK en tu correo, regístrate aquí. |
En las audiencias de una acción de protección participan los accionantes, los demandados y quienes presentaron amicus curiae. Un amicus curiae (o amigo de la corte) son los argumentos que cualquier persona interesada en el caso que se juzga puede presentar. Paula explica que un amicus curiae no precisa ser presentado por un abogado o especialista, y puede presentarse de manera escrita o verbal. Surkuna presentó un amicus curiae por escrito en favor de las mujeres y niñas que trabajan y vivían en Furukawa.
En el Ecuador, en los últimos meses, la acción ha sido utilizada por comunidades afectadas por la industria petrolera. En diciembre de 2020, la nacionalidad waorani presentó una contra empresas petroleras que operan en el país. En la acción el pueblo indígena amazónico exigen que se protejan sus derechos y los de la naturaleza, que aseguran han sido afectados por el impacto de la extracción de crudo.
En febrero de 2020, nueve niñas y adolescentes de las provincias de Sucumbíos y Orellana presentaron una contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el Ministerio del Ambiente y Agua, pidiendo que se apaguen los mecheros de las empresas petroleras. La última audiencia, la de apelación, fue el 2 de octubre, pero se suspendió. La audiencia fue reprogramada para el 26 de enero de 2021.
Las comunidades indígenas kichwas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en abril de 2020 interpusieron una acción de protección pero en septiembre de 2020 un juez negó la acción a las comunidades indígenas.
|Para saber las últimas actualizaciones sobre las Elecciones de 2021 en Ecuador, haz clic aquí|
También hay acciones que se presentan y son desechada por carecer de fundamento. Un grupo de ciudadanos interpuso una acción de protección contra el Ministerio de Salud para que se apruebe al dióxido de cloro como tratamiento contra el covid-19. En octubre pasado, un juez rechazó esa pretensión. El dióxido de cloro es un gas desinfectante que se compone de dos moléculas de oxígeno y una de cloro. Es usado para procesos de potabilización de agua y como un agente blanqueador por lo que es perjudicial para la salud de los humanos.
