Una de las promesas del gobierno para reducir los niveles de hacinamiento en el sistema penitenciario, que llegó hasta el 30% en 2021, fue acelerar los procesos de emisión de boletas de excarcelación. Otra medida fue dar beneficios penitenciarios como el régimen semiabierto y prelibertad. 

Hoy, 7 de enero de 2022, el Servicio Nacional de Atención Integral para Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) informó que emitió 680 boletas de excarcelación durante una semana: entre el 15 y el 22 de diciembre del 2021. Además, dijo que 162 personas cumplirán sus condenas en libertad a través de cambios de régimen. 

De acuerdo con el Servicio, las cifras de boletas y acceso a derechos carcelarios fueron en las cárceles de cuatro provincias: Azuay, Cotopaxi, Guayas y Manabí. Según datos oficiales del SNAI, hasta diciembre de 2021 había 37.533 presos en el sistema penitenciario del país. La salida de casi 700 personas privadas de la libertad implicaría una reducción del 1,9%. 

Sin embargo, las cifras de personas presas varían cada semana y no hay un censo poblacional actualizado que permita conocer de forma confiable cuántos y quiénes están cumpliendo sus condenas y órdenes de prisión preventiva. Es decir, no es posible saber si la excarcelación masiva cumple con el objetivo de relajar la población penitenciaria.

Trámites carcelarios, un nudo crítico

Las 680 personas que recuperaron su libertad recibieron sus boletas de excarcelación ya habían cumplido con su sentencia. Sin embargo, el SNAI no aclaró desde cuándo se comenzaron a tramitar. 

El Código Orgánico integral Penal establece que, cuando una persona cumple su condena, recibe amnistía o se revoque una medida cautelar, debe ser liberada inmediatamente. El único requisito es la boleta de excarcelación, que debe ser emitida por un juez. 

Sin embargo, más de una vez ha sido denunciada la demora de los trámites por parte del SNAI y el Consejo de la Judicatura que, según organizaciones como Fundación Dignidad, puede extenderse hasta seis meses, según los casos que han acompañado. La burocracia en las solicitudes no solo dificulta la reinserción de los expresos a la sociedad, sino que también ha causado muertes. 

Ese fue el caso de Erick Ortiz, una de las víctimas de la masacre de entre el 12 y 13 de noviembre de 2021 en la Penitenciaría del Litoral. Una semana antes, habían empezado los trámites para su liberación, luego de cumplir una sentencia de casi un año.

Realizar el trámite implica que los familiares de una persona presa acuda a la cárcel con el expediente penal del solicitante y certifique que ha cumplido su condena. Pero los familiares de Ortiz no podían, trabajaban casi todo el día y no podían pedir permiso. Su hermana logró pedir un día libre pero no logró concretar el trámite porque el funcionario encargado de receptar los documentos no llegó a la Penitenciaría. 

Aún así, su boleta de excarcelación que ya había sido emitida por un juez, fue firmada cinco días antes de su asesinato. Se demoró en ser entregada: llegó el viernes 12. Pero Erick Ortiz no pudo salir. Ese mismo día fue asesinado durante la masacre. 

Los tiempos y procesos de las solicitudes 

La misma semana de las boletas de excarcelación, entre 15 y el  22 de diciembre de 2021, el SNAI también tramitó 162 solicitudes de beneficios penitenciarios —la prelibertad y el régimen semiabierto. Sin embargo, dos meses antes, la situación era diferente. Entre septiembre y la primera quincena de octubre —más de un mes y medio— apenas se gestionaban dos solicitudes de prelibertad y 41 trámites de régimen semiabierto. Ambos son mecanismos alternativos a la prisión para que las personas puedan cumplir sus penas en libertad. 

Las solicitudes de beneficios para los presos son llevadas por los familiares a la Dirección de Beneficios Penitenciarios del SNAI. Ahí se analizaban antes de ser enviadas a un juez. Hasta finales del 2021, la respuesta a ese pedido de beneficios podía demorar hasta casi dos años, como fue el caso de Freddy Salas, un sobreviviente de las cuatro masacres carcelarias. Desde el 2020 él pedía una audiencia para acceder al régimen semiabierto. 

Uno de los requisitos principales para obtener el beneficio de régimen semiabierto es superar el 60% de la condena. Pero en el caso de Salas tardaron tanto que cuando le otorgaron ese derecho, en diciembre de 2021, había sobrepasado el 90% de su condena. 

Muchas de las víctimas de los episodios de violencia querían también cumplir su pena en libertad pero no lo lograron: fueron asesinados. Un ejemplo es Yolkin, quien murió alcanzado por un disparo en la masacre de septiembre de 2021. 

La demora en los trámites es una realidad de las 37 cárceles ecuatorianas. En noviembre del año, el SNAI dijo a GK que los trámites de las cárceles de todas las provincias se revisaban en Quito, donde está la plaza central de la institución. 

La abogada Vianca Gavilanes, coordinadora de gestión de proyectos de Fundación Dignidad —una organización que trabaja por la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad—, dijo a GK que había varios nudos críticos en los trámites. 

El primero, dijo, es que solo exista una planta central en Quito y que, además, el espacio en el que se receptan las carpetas con las solicitudes se reduce a una pequeña oficina en las instalaciones de la Secretaría de Derechos Humanos, en el norte de Quito. 

La demora en los trámites es estructural, explica Gavilanes. Es larga como los casi dos años que Freddy Salas esperó para salir de la Penitenciaría. “En nuestra experiencia, al menos se extiende hasta más de seis meses. Es un proceso burocrático que radica en que todas esas certificaciones e informes que deben entregarse como requisitos para las solicitudes recién comienzan a generarse cuando una persona intenta acceder al cambio de régimen”, dice.

La abogada indica que aquellos informes de los presos deben irse alimentando de forma progresiva “a medida que vaya cumpliendo su condena”. Pero en la práctica, explica Gavilanes, en el informe jurídico les piden a las familias las copias certificadas de la sentencia, la boleta de encarcelamiento, el parte policial o las boletas de excarcelación de procesos anteriores, “cuando es el SNAI quien debe solicitar toda la información al Consejo de la Judicatura, como fija el reglamento, y no en el momento de realizar el trámite”.