La noticia empezó a circular hace una semana exacta: Naomi Arcentales, modelo manabita de 23 años, había sido encontrada muerta en la ciudad costera de Manta. Su muerte fue declarada como un suicidio. Pero muy pronto la reacción de familiares, conocidos, organizaciones sociales y ciudadanas logró que ese resultado —que podría haber cerrado el caso para siempre— se pusiera en duda. En un país de instituciones débiles, de policías y fiscales que no saben abordar casos de violencia contra las mujeres, la sociedad civil y las familias de las víctimas son las que impiden la impunidad.

A las 11 de la noche del 12 de diciembre, Jorge Luis Ortega Galarza —el abogado que Naomi Arcentales había contratado para denunciar una violación sexual— tuiteó: “Como abogado de Naomi Arcentales (+) y de su familia, comunico que el día de hoy fue hallada sin vida (suicidio) en el Hotel Poseidon de #Manta. Había denunciado una presunta violación y deficiencias en la investigación de @FiscaliaEcuador. Continuaremos exigiendo justicia. QEPD”. Junto al mensaje había una ilustración de un listón negro y una fotografía en primer plano de Arcentales —cabello negro lacio, pómulos rosados, ojos delicadamente delineados. 

El tuit de Ortega recogía información de la Fiscalía: luego de hallar el cuerpo, el departamento de criminalística hizo una autopsia y determinó que era un suicidio porque “en su cuerpo no se observaron huellas de maltrato, golpes o señales de violencia o defensa, ni puñaladas, como ha circulado en redes sociales”. Pero al día siguiente, la Fiscalía anunció que revisaría el caso para descartar que se trate de un femicidio. 

Desde entonces, ha ido apareciendo información que revela la violencia psicológica y física a la que Naomi Arcentales era sometida por su pareja, un fiscal llamado Juan Carlos Izquierdo, quien ahora ha sido llamado a rendir versión en la investigación por la muerte de la modelo manabita. 

La muerte de Naomi Arcentales debe ser aclarada por muchas razones. Porque vivía en una relación donde sufría violencia. Porque su pareja era un fiscal, una figura de poder. Porque no puede ser que la Fiscalía tenga entre sus filas a una persona que, como se ve en información que se ha difundido en estos días, podría ser el autor de agresiones físicas y verbales a una mujer. Porque en este país ya antes se han presentado falsos resultados de autopsias para encubrir el asesinato de una mujer. Basta recordar el caso de Lisbeth Baquerizo, una mujer que fue asesinada casi un año atrás en Guayaquil: el 21 de diciembre de 2020. 

Los resultados de la primera autopsia determinaron que había muerto de un infarto. Pero un día después, en el funeral, una amiga le contó a la madre de Lisbeth Baquerizo era violentada por su marido, Luis Hermida. En ese momento, la madre exigió una nueva autopsia y denunció a Hermida por femicidio.

La segunda autopsia determinó que era un “traumatismo craneoencefálico” causado por dos heridas hechas con un “objeto contundente”. Las heridas en la cabeza de Baquerizo habían sido selladas con pegamento. Hermida huyó y sigue prófugo.

Katty Muñoz, la madre de Lisbeth Baquerizo no se quedó callada. Ahora, Sara Sabando, la madre de Naomi Arcentales, tampoco. Después de la muerte de su hija exigió —con el apoyo del abogado de la familia— una exhumación del cuerpo, y que esta se haga por médicos legistas en Quito, y no de la provincia de Manabí, para asegurar imparcialidad. El abogado de la familia de Naomi Arcentales anunció también que creen que hay “inconsistencias en torno a la investigación”. 

Las organizaciones que promueven los derechos de las mujeres en el país se pronunciaron enseguida. Al día siguiente de la noticia, publicaron un comunicado exigiendo a la Fiscalía de Manabí que aplique el debido proceso en el caso de Naomi Arcentales “quien se presume fue víctima de femicidio”. Exigen la debida diligencia y que se cumpla el Protocolo para la investigación de femicidios y otros delitos que involucren muertes violentas de mujeres y niñas que recién publicó la Fiscalía, con el que la institución se comprometió a “garantizar a las víctimas su derecho al acceso a la justicia, y a una investigación diligente y oportuna”. 

En estos días, la hermana de Naomi, Taís Arcentales, tampoco se ha quedado callada.

En su cuenta de Twitter, publicó capturas de pantalla de conversaciones de Whatsapp que serían entre su hermana Naomi y el fiscal Izquierdo. El tuit con las imágenes dice “Él la agredía psicológica y verbalmente. La verdad saldrá a la luz, esto no queda impune”.

En las capturas de pantalla que circularon el viernes 17 de diciembre por la tarde, está una presunta conversación entre ambos:

— “El ojo me quedó un poco morado”, escribe supuestamente Naomi Arcentales.

—“Y así te vas a donde tu mamá para que vea eso”, responde presuntamente Juan Carlos Izquierdo.

—“Bueno es problema tuyo”, de nuevo escribe Izquierdo. 

—“Me tapo con maquillaje”, “vez que sí me pegaste fuerte”. “Me diste puñetes”, dice quien sería Arcentales.

En el resto de la conversación, quien sería en el chat Juan Carlos Izquierdo le dice que “no le aguanta”, y ella le responde que una de sus heridas le “duele demasiado”.

El Presidente de la República, Guillermo Lasso, también se pronunció sobre el caso. “En memoria de Naomi, hago un llamado a las instituciones pertinentes al caso a que sigamos trabajando juntos para brindar reparación y que se conozca la verdad. A su familia: lamento mucho esta dolorosa pérdida. Pido a Dios que la tenga en su gloria y que descanse en paz”, escribió.

Tras las muestras de solidaridad y las exigencias de que se investigue el caso a profundidad, nuevas evidencias de violencia contra Arcentales han aparecido. Este fin de semana circuló un video de una cámara de seguridad en que se ve cómo un hombre —presuntamente Izquierdo— le da una cachetada a quien sería Naomi Arcentales. El golpe es tan fuerte que ella casi cae al piso y cuando se acerca para reclamarle, otro hombre se interpone entre ambos. 

Hoy, la hermana de Naomi Arcentales ha revelado que el abogado de su hermana en el caso de violación tenía una amistad con la ex pareja de Naomi Arcentales. “Cuando salga de la fiscalía me uno a tu consorcio”, le dice Izquierdo al abogado en lo que sería una conversación entre ambos. Desde el 16 de diciembre, ese abogado ha dejado de patrocinar el caso de violación y sostiene que no representa legalmente al fiscal Izquierdo. 

Por supuesto que el fiscal Izquierdo tiene derecho a que se presuma su inocencia hasta que un tribunal declare lo contrario. Pero la aparición de esa información exige que la Fiscalía haga su trabajo completo, tomando el contexto de la vida de Arcentales. No puede quedar ni un solo viso de duda en este caso porque Izquierdo es un fiscal ¿cómo puede la Fiscalía decir que promueve la defensa de la vida de las mujeres si no logra siquiera erradicar a presuntos agresores de sus propias filas? 

Sea por la presión ciudadana o por convicción, ayer, domingo 19 de diciembre, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, anunció que suspendía del cargo de fiscal a Juan Carlos Izquierdo como medida preventiva, mientras el Consejo de la Judicatura “investiga posibles infracciones disciplinarias de nuestra competencia”. Maldonado también recordó que la Fiscalía General del Estado debe investigar cualquier presunto delito. 

Del paradero de Izquierdo no se sabe nada. En más de una ocasión, reporteras de GK han consultado a la Fiscalía sobre dónde está uno de sus fiscales, pero no hemos tenido respuesta. 

El 2021 ha sido el año más violento para las mujeres y niñas en Ecuador desde que se tipificó el femicidio como delito: sólo entre enero hasta el 15 de noviembre de 2021, hubo 172 muertes violentas de mujeres por razones de género. 

La de Naomi Arcentales podría ser parte de esta indignante lista, pero para que se sume o se descarte es necesario que las instituciones actúen como deberían actuar, sin la necesidad de que haya una presión tan grande que hasta el Presidente lo haya exigido. 

Las sombras que rodean el caso de Naomi Arcentales tienen que disiparse completamente. Porque hay demasiados elementos que muestran que ella murió tras vivir en una relación donde era violentada. Y que sea la presión de su familia, de las organizaciones sociales y de la ciudadanía, lo que hace poner en movimiento el aparato investigativo de este país es, al mismo tiempo, preocupante y admirable. 

Preocupante porque queda claro que la Fiscalía, más allá de sus declaraciones bienintencionadas, sigue sin poder contra los delitos contra las mujeres. Admirable porque muestra la fuerza y la valentía de quienes han decidido no callar más.