Cada 41 horas, una mujer es asesinada en Ecuador por razones de género. Hoy, un día antes de que se celebre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la Fiscalía presentó un protocolo para investigar los femicidios y otras muertes violentas de niñas y mujeres en el país.
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El documento (que se puede descargar aquí) busca “facilitar la labor de investigación, recolección de indicios y elementos de convicción”.
El protocolo se realizó en conjunto con la iniciativa Spotlight, una alianza entre las Naciones Unidas y la Unión Europea que busca eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
En Ecuador el femicidio se tipificó en el Código Orgánico Integral Penal en agosto de 2014. Desde esa fecha hasta agosto de 2021 se han registrado 499 casos, según la Fiscalía.
Sin embargo, la Alianza para el Monitoreo de Femicidios, una coalición de organizaciones sociales, contó entre 2014 y 2020 casi el doble: 849 femicidios. Las cifras no coinciden porque la Fiscalía solo clasifica a un asesinato como femicidio luego de una investigación —que puede durar años— en la que determina si los motivos fueron de género. La Alianza, en cambio, trabaja con organizaciones en las 24 provincias ecuatorianas que envían alertas cuando una mujer es asesinada violentamente y luego de un ágil análisis lo catalogan y registran como tal.
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Durante el lanzamiento del nuevo protocolo, Ana Badilla, representante de ONU Mujeres en Ecuador, dijo que “se requiere que cada uno de los funcionarios del sistema judicial hagan un pacto consigo mismos y el país para que la investigación de femicidios sea efectiva”. Daniel Vejar, de la Fiscalía, recordó que, además de Ecuador, solo las fiscalías en Argentina y Perú han creado su propio protocolo para este tema.
Según la Fiscalía, el documento está dirigido al personal administrativo y misional de la institución. En particular “a los servidores de las unidades que llevan casos de femicidio y muertes violentas contra mujeres y niñas, la Unidad de Atención de Peritaje Integral (UAPI) y al Sistema de Protección y Atención a Víctimas, Testigos y otros Participantes del Proceso Penal (Spavt)”.
En el Ecuador, la atención a víctimas de violencia de género —que son potenciales víctimas de femicidio— es deficiente. Una investigación de Surkuna —organización dedicada a la promoción de los derechos de las mujeres— reveló que una mujer tiene que insistir hasta 17 veces para ser atendida en las instituciones donde pusieron la denuncia. “En muchas ocasiones, al intentar hacer sus denuncias, las mujeres son re victimizadas”, dice el estudio. La abogada Carla Patiño, de Fundación Idea Dignidad, dice que en el país no hay una sola mujer que haya denunciado violencia que no haya sido revictimizada.
Esto dice el protocolo para la investigación de femicidios
El protocolo, que tuvo como consultora a la abogada defensora de los derechos de las mujeres Mayra Tirira, está dividido en seis capítulos:
- Definiciones y conceptos generales
- Ruta de acción en casos de femicidio y muertes violentas de mujeres y niñas (roles y competencia y normativa aplicable)
- Debida diligencia en las investigaciones en caso de muertes violentas de niñas y mujeres
- Diseño de la investigación, teoría del caso, y diligencias investigativas transcurridas las primeras horas
- Actuaciones para garantizar los derechos de las víctimas
- Recomendaciones para prevención y atención el síndrome de burnout
El capítulo uno detalla conceptos como la violencia de género, la diferencia entre femicidio y feminicidio, y la revictimización.
El dos, detalla los roles y competencias de cada institución del Estado que debería estar involucrada en la investigación, como el ECU 9-1-1, la Policía Nacional, la Fiscalía, Medicina Legal, entre otros.
El tres se enfoca en la debida diligencia —es decir en que los procesos como el levantamiento de las pruebas sean más rápidos, y cumplan con estándares internacionales.
El cuarto capítulo es sobre cómo actuar en las primeras horas de ocurrido el delito, ya que existen casos en los que los distintos funcionarios que debían actuar para llevar una investigación que permita que los crímenes no caigan en la impunidad, han fallado en actuar en esas horas iniciales. Sucedió, por ejemplo, en el femicidio de Lisbeth Baquerizo en el que el médico forense no incluyó en su reporte que la víctima tenía heridas en el cráneo que el asesino y sus cómplices habían intentado ocultar con pegamento. En este mismo caso, la justicia no actuó de manera eficiente y el principal acusado, el esposo de Baquerizo, está prófugo.
En el quinto capítulo, que trata sobre las actuaciones para garantizar los derechos de las víctimas, hay detalles sobre la investigación y las audiencias, para que los funcionarios entiendan claramente qué pueden o no hacer. Un caso que ejemplifica la importancia de estas indicaciones, es el de Vanessa Landínez, cuyo femicida salió en prelibertad por haber cumplido la mayoría de su pena, pero al otorgarle esta medida, no se consideró que él cumpliese con la reparación integral a sus familiares.
El último capítulo se enfoca en el burn out, que es el síndrome de desgaste profesional por un estado de agotamiento mental, emocional y físico que podría afectar a los funcionarios que atienden casos de violencia de género.
