“El Estado no actuó con la debida diligencia para garantizar la protección de la vida y laintegridad personal dentro de los recintos penitenciarios”, es una de las conclusiones del informe de la  Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional sobre la crisis carcelaria. El informe fue aprobado con 6 votos a favor por la Comisión ayer, 8 de noviembre, día que se cumplió la prórroga que le dio la Asamblea para hacerlo. 

El informe tiene 52 conclusiones de temas como: las responsabilidades del Estado, la situación de las personas privadas de la libertad, la política pública de rehabilitación social, administración y gestión, la seguridad e inteligencia penitenciaria, la política criminal. 

Este informe llegará al Pleno de la Asamblea para que sea aprobado o rechazado. 

Responsabilidades del Estado 

Según el informe, la Comisión revisó la situación de las cárceles desde 2016 a 2021. Ahí determinó que el Estado inobservó los estándares internacionales y el cumplimiento de las reglas mínimas para el tratamiento de los presos. El reporte dice que el Estado no garantizó la protección de la vida de los presos en las masacres de 2019, 2020 y 2021. La Comisión concluyó que es necesario aplicar el Protocolo de Minnesota —un modelo para que se investigue a las muertes potencialmente ilícitas dentro de las cárceles. 

La Comisión de Seguridad concluyó que el Estado no garantizó los derechos dentro de las cárceles de las embarazadas, niñas, niños, adultos mayores, personas que viven con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, que viven dentro de las cárceles

El Estado tampoco respetó la separación de los presos, según las recomendaciones y los estándares internacionales, dice el informe. Tampoco cumplió con el acceso a la justicia oportuna y eficiente, con el uso moderado de la prisión preventiva que ayudaría a reducir el hacinamiento: en las cárceles del país hay en promedio 24,4%.

Entre 2016 y 2021, dice la Comisión de Seguridad, los siguientes servidores públicos con competencias constitucionales y legales específicas, son responsables directos de estos incumplimientos: 

• Ministras o ministros de Justicia, Derechos, Humanos y Cultos 
• Secretarias o secretarios de nacionales de Derechos Humanos
• Integrantes del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social
• Presidentas o presidentes del Directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación
• Social Directores del Organismo Técnico o Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores;
• El Pleno del Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno del sistema judicial.

Situación de las personas privadas de la libertad 

“La crisis carcelaria es ante todo una crisis de derechos humanos que amenaza la seguridad del Estado”, dice el informe. “No puede ser simplificada como resultado de una pugna entre bandas delictivas”. 

La Función Judicial ha sido indiferente frente a los problemas de los Sistemas de Rehabilitación Social es otra de las conclusiones. También reconoce que las familias de los presos, en especial de los más pobres, son víctimas de extorsión y de mafias que hay dentro de las cárceles. 

La Comisión dice en el informe que el Estado no ha dado atención a los presos en actividades laborales, educativas o culturales. Esta comisión está conformada por Ramiro Narváez, presidente, María del Carmen Aquino, vicepresidenta, Xavier Jurado, Silvia Núñez, José Vallejo, Rodrigo Fajardo, Geraldine Weber, Augusto Guamán, Jorge Pinto. 

“La situación de salud de las personas privadas de la libertad es calamitosa”. Según el documento aprobado ayer por la Comisión, no hay historias clínicas completas, no hay un modelo de entrega de turnos y seguimiento de enfermedades, tampoco existía acceso a tratamientos de planificación familiar, salud o atención ginecológica. 

Los presos sufren problemas de adicción, “el Estado no ha dado respuestas”, dice el informe y añade que no hay un plan o política de prevención del consumo o tratamiento de adicciones a drogas en las cárceles. 

Política pública de rehabilitación social 

No hay una política integral de rehabilitación social, concluyó el reporte. Los presos enfrentan deficientes condiciones como la falta de acceso a servicios básicos, infraestructuras inadecuadas, no hay planes de acceso a actividades u ocupación, no hay acceso a planes de salud física y mental. 

Entre 2016 y 2021, concluyó la Comisión de Seguridad, las cárceles no fueron dirigidas por personal especializado. “El SNAI (Servicio Nacional de Atención Prioritaria de Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores) no cuenta con un sistema idóneo de gestión penitenciaria”.

Seguridad e Inteligencia Penitenciaria 

Desde el 2015, el Estado perdió de manera progresiva, el control y soberanía dentro de los centros de privación de libertad regionales, dice el informe. “Se evidencia que durante el período analizado no existió un solo plan de acción integral para dotar a los centros de privación de libertad de seguridad”. 

En las cárceles hay insuficientes y precarios equipos tecnológicos de vigilancia: cámaras, escáner o inhibidores. 

La Comisión también concluyó que no determinaron las acciones del Sistema de Inteligencia para evitar los hechos violentos en las cárceles. 

Las masacres en las cárceles, explicadas en breve 

El 28 de septiembre de 2021 fue uno de los más nefastos días de Ecuador. Ese día al menos 116 presos fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral, también se contaron 80 heridos. Mientras iba pasando el tiempo, las autoridades confirmaron el asesinato de 119 presos, por enfrentamientos entre bandas que operan al interior. 

Muchos presos fueron decapitados, en los enfrentamientos se usaron armas cortopunzantes y armas de fuego, dice la Fiscalía. 

Esta masacre ya estaba anunciada. El pasado 31 de julio, hubo un disturbio en los pabellones 7 y 8 de la cárcel, en la tarde ingresó la Policía Nacional para controlar la situación. Los presos habían retenido a un empleado de servicio de alimentos pero fue liberado con la intervención del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía. El 13 de septiembre, hubo más incidentes. La Policía dijo que la Penitenciaría fue atacada con drones que lanzaron explosivos. En la madrugada de ese día, los vecinos denunciaron una detonación en la cárcel. También se sintieron más detonaciones y disparos al pasar las horas. 

Desde mayo de 2019 hasta la fecha se cuentan 351 por las masacres en las cárceles. 2021 es el año más sangriento en la historia del sistema penitenciario del Ecuador, sumido en una crisis de presupuesto, control de bandas criminales y sobrepoblación (causada en buena parte por el abuso de la prisión preventiva desde la reforma al Código Orgánico Integral Penal de 2014).