La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra dos ex gerentes y el gerente actual de Furukawa Plantaciones C.A. Así lo anunció la Fiscalía en su cuenta de Twitter la tarde de hoy, 28 de octubre de 2021.  La empresa Furukawa es investigada por presunta trata con fines de explotación laboral. La Fiscalía alega que los exgerentes de Furukawa Marcelo Almeida y Ángel Iván Segarra, y el gerente actual José Adrián Herrera, habrían cometido el delito. 

El 14 de septiembre, cuando la Fiscalía pidió fecha para formular cargos el delito del que se los acusaba era otro, el de trabajos forzados u otras formas de explotación laboral. 

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de trata de personas con fines de explotación laboral ocurre cuando una persona capta, o retiene a otra persona en el país, o la traslada hacia otros países con fines de explotación laboral —incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil. El COIP dice que para cometer este delito, las personas suelen usar amenazas, violencia, fraudes, o engaño, o pueden también abusar de su poder o de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.  

Este delito se sanciona con una pena de privación de la libertad de trece a dieciséis años.

La jueza a cargo del caso además dictó medidas cautelares contra los tres involucrados en el caso. Las medidas son: la prohibición de salida del país, presentación periódica ante ella cada 15 días y el uso de grillete electrónico. La jueza también prohibió enajenar los bienes de la empresa “para garantizar posibles reparaciones integrales” y emitió medidas de protección a favor de los trabajadores de Furukawa para evitar “actos de persecución e intimidación”.

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Tras la formulación de cargos, el caso avanzará a la siguiente etapa procesal, que es la audiencia preparatoria de juicio. En esta audiencia, la Fiscalía presentará las pruebas y el juez de garantías penales decidirá si la evidencia presentada demuestra o no el delito. Si el juez resuelve que la evidencia sí prueba el delito, el caso pasará a su siguiente etapa: la audiencia de juzgamiento. En esta etapa se decidirá finalmente si los exgerentes y el gerente actual de Furukawa cometieron o no el delito de trabajos forzados del que se les acusa. 

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¿Qué es el caso Furukawa?

El caso Furukawa salió a la luz en 2019 después de la publicación de un reportaje de la Barra Espaciadora y la revista Plan V. En él se reveló que algunos trabajadores de la empresa Furukawa habían perdido piernas, antebrazos y dedos mientras trabajan manipulando machetes y cuchillos, sin la protección adecuada. Además, muchos de los trabajadores nacieron y crecieron en las plantaciones de la empresa. 

Furukawa Plantaciones C.A. es una empresa de producción de abacá que opera en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas desde hace más de medio siglo. El abacá es una planta parecida al plátano que se usa para hacer sogas, papel moneda, bolsas de té, filtros de café, envolturas de embutidos o papel de cigarrillos. 

Según varios trabajadores de Furukawa, las condiciones laborales en la empresa han sido precarias y se han vulnerado sus derechos al trabajo, la salud, la educación, la vivienda, al agua, a la alimentación, al hábitat, a la vida digna y a la integridad personal.  

Según el reportaje de La Barra Espaciadora y Plan V sobre el caso, los trabajadores de la empresa ganaban entre 200 y 300 dólares al mes (menos del sueldo básico), vivían dentro de las 32 haciendas de la empresa en construcciones viejas, y no tenían acceso a baños, electricidad o agua potable. Según la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, los trabajadores tampoco tenían un contrato laboral. 

Esta misma Alianza dice que Furukawa es un caso de  “esclavitud moderna”, que es cuando una persona acepta un trabajo en el que sufre explotación pero al que no puede negarse debido a amenazas, violencia, o engaño. 

El caso Furukawa fue denunciado en la Defensoría del Pueblo en octubre de 2018. Un año más tarde, en 2019, más de 120 extrabajadores presentaron una acción de protección contra la empresa y el Estado en la Unidad Judicial de Santo Domingo. 

En enero de 2021, un juez constitucional aceptó la acción de protección y declaró al Estado ecuatoriano y a la empresa Furukawa Plantaciones C.A, culpables de la vulneración de derechos de los extrabajadores. Por esa sentencia, en mayo de 2021, el Ministerio de Trabajo tuvo que pedir disculpas públicas a los afectados en el caso Furukawa.

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El pasado 15 de octubre de 2021, la Corte Provincial de Santo Domingo ratificó la sentencia a favor de los trabajadores de Furukawa. El fallo también ratificó las medidas de reparación para los extrabajadores, por lo que los demandantes recibirán terrenos y compensaciones económicas por parte de la empresa.