Hoy, 20 de octubre de 2021, el presidente del Ecuador Guillermo Lasso debía ir a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional que abrió una investigación por la publicación de los Pandora Papers, donde el presidente Lasso es mencionado. Pero no lo hará.
Lasso anunció que no asistirá en una carta dirigida al asambleísta Fernando Cabascango, presidente de la Comisión. En ella, el presidente Lasso dijo que ni la Asamblea Nacional ni la Comisión “son los órganos competentes para investigar las causas relativas con el incumplimiento de la referida ley (Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular Efectuada el 19 de febrero de 2017)”.
El presidente adujo que la Contraloría General del Estado es la entidad que debe investigar estos casos y dijo que colaborará en la investigación que dicha institución haga. Esta mañana, ni su esposa, ni su hijo (ni el abogado de ambos) asistieron. Ellos declinaron comparecer ayer.
En la carta, Lasso repite como ya lo dijo en una entrevista con el periodista Carlos Vera que ha “pagado todos los impuestos de ley”. El presidente insiste en que toda su renta ha sido declarada en Ecuador, y que no ha “recibido ninguna renta del exterior”. Lasso afirma, además, que por tanto debe “descartar cualquier insinuación en el sentido de que yo no hubiese cumplido cabalmente con el pago de todos mis impuestos”. Según Lasso, en los últimos 15 años ha pagado más de 588 millones de dólares en tributos.
Lasso dice que al inscribir su candidatura presidencial no fue propietario directo o indirecto, de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regímenes considerados paraísos fiscales. Lasso dice que las preguntas que le ha enviado la Comisión de Garantías Constitucionales, están dirigidas a determinar eso. Afirmó, además, que no ha incumplido el artículo 4 de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, sobre la prohibiciones de ocupación y desempeño de cargos en el sector público. Además, Lasso dice que ya hubo una investigación sobre su presunto incumplimiento de esta ley en 2017, que ya fue resuelta, por lo que en este tema habría “cosa juzgada”, un principio legal que dice que una misma cuestión no puede ser juzgada más de una sola vez.
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La mañana de hoy, la Comisión de Garantías Constitucionales inauguró la sesión 34 para continuar con las comparecencias por la investigación de los Pandora Papers, pero la esposa de Lasso, María de Lourdes Alcívar, ni su hijo Santiago Lasso y otros funcionarios públicos convocados, tampoco comparecieron. Alcívar y Lasso hijo habían dicho que su abogado estaba dispuesto a ir a la Comisión. El asambleísta Edgar Quesada, miembro de la comisión, dijo que la solicitud para que ellos comparecen fue para “brindar transparencia al caso, así como de recopilar información del mismo”.
La comisión fue designada por el pleno de la Asamblea el pasado 10 de octubre para que investigue el caso “porque es un tema de interés ciudadano” que además ha causado una “seria conmoción social”.
Según el cronograma de comparecencias aprobado por la Comisión de Garantías Constitucionales, también deben comparecer funcionarios públicos, delegados de la academia, y periodistas y medios parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que publicó los Pandora Papers. Según la Comisión, entregará un informe sobre la investigación el próximo 28 de octubre.
¿Qué son los Pandora Papers?
Los Pandora Papers es una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que reveló los vínculos con entidades offshore y fideicomisos de más de 300 políticos y funcionarios públicos en más de 90 países en el mundo.
Según el sitio web del ICIJ, la investigación se hizo gracias a la “filtración más amplia de archivos de paraísos fiscales en la historia”. Se filtraron un total de 11,9 millones de archivos de 14 proveedores de servicios de empresas offshore. Los periodistas que participaron en la investigación examinaron “miles de correos electrónicos, documentos e imágenes para encontrar nombres que fueran de interés público”. La investigación duró dos años y logró revelar las conexiones de muchos políticos y sus familias con paraísos fiscales.
En Ecuador, el único político que aparece en la investigación es el presidente Guillermo Lasso. Según la investigación, Lasso ha tenido vínculos con 14 entidades —entre compañías offshore y fideicomisos— en Panamá y Estados Unidos (en los estados de Dakota del Sur y Delaware). Algunas de las empresas de Lasso que fueron disueltas eran: la Fundación Bernini, Bretten Holdings, la Fundación Da Vinci, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas SA, Postiano Trade LLC y la Fundación Internacional Tintoretto.
Lasso eliminó esas empresas en 2017, después de que se aprobara una ley que prohibía que los candidatos y funcionarios sean beneficiarios de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.
