Todas las cargas que salgan desde Ecuador deberán pasar por un escaneo antinarcótico. La tarde de ayer, 19 de octubre, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto con el que se establece esa disposición. Además, dice que se fortalecerán los controles en los depósitos temporales, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
Para establecer la medida, el decreto firmado ayer reformó el decreto ejecutivo 758 de 2011, suscrito en el gobierno de Rafael Correa, mediante el que se expidió el reglamento para la facilitación aduanera del comercio. El nuevo decreto dice que se harán controles con equipos no intrusivos —que son máquinas de rayos X— a las “mercancías, unidades de carga y medios de transporte destinados a la exportación” en su totalidad.
Además, el decreto dice que se harán este mismo tipo de controles a las mercancías, unidades de carga y medios de transporte de importaciones “que hayan sido perfilados por riesgos”. Es decir, se analizará las cargas que por algún motivo sean consideradas sospechosas.
Debes Saber
La decisión y la operación de los equipos, dice el decreto, estará a cargo del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y será indelegable. El decreto firmado por Lasso dice que la aduana debe suscribir “los convenios necesarios” con la Policía Nacional para “el ejercicio del control correspondiente mediante los equipos no intrusivos e inspección”.
¿Por qué se incrementaron los controles?
Un comunicado publicado por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom) ayer dice que la decisión del presidente Lasso “corresponde a una acción complementaria al Plan Nacional de Seguridad”.
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También se incluyen otras medidas anunciadas recientemente como la declaratoria de estado de excepción y la creación de la Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública para proteger a todos los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que, según el Presidente, “sean demandados por simplemente cumplir su deber”. La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos dijo que rechaza la militarización de las calles y pidió que se respete el derecho a la resistencia de las organizaciones sociales que quieren protestar.
Además, está la conformación de un comité interinstitucional para prevenir y detener la adicción, y reinsertar a las sociedad a quienes consuman sustancias. Estas acciones, dice el comunicado, son parte de la lucha del gobierno contra el narcotráfico, las mafias y la delincuencia.
La próxima acción, según la Segcom, es el proyecto de Ley de Defensa del Deber de la Fuerza Pública con el que Lasso espera “respaldar a los agentes del orden”. Así, dijo Lasso, el gobierno desplegará, coordinará, protegerá y unirá a todas las fuerzas del orden para “devolver la seguridad a los ciudadanos”. La forma en que el gobierno ha abordado la crisis ha sido criticada por varios expertos como Yaakov Cedeno, experto militar, dice que sacar a los militares a la calle no es una buena idea. Según el experto, no hay ninguna evidencia que muestre que sacar a las Fuerzas Armadas reduzca los niveles de delincuencia.
El estado de excepción
La noche del 18 de octubre, el presidente Lasso decretó estado de excepción por “una grave conmoción interna” en el país por los altos índices de inseguridad en varias ciudades del país. El estado de excepción aplica en todo el país y durará 60 días. Sin embargo, la Corte Constitucional todavía debe hacer control de constitucionalidad de la orden presidencial. La Constitución establece que este es un proceso que se debe hacer con todos los decretos que incluyen un estado de excepción.
Según el decreto, los objetivos principales de la declaratoria del estado de excepción son:
- Precautelar los derechos de las personas en el país,
- controlar la inseguridad, y
- restablecer la paz y el orden público.
El decreto ordena enviar las Fuerzas Armadas a las calles, desplegar más policías, y disponer al Ministerio de Economía y Finanzas que entregue los recursos necesarios para atender el estado de excepción.
En una transmisión por las redes sociales de la Segcom, la noche del 18 de octubre, Lasso dijo que durante el estado de excepción el personal de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se encargarán de hacer controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día, requisas de drogas y otras acciones. Además, dijo que “daremos el respaldo necesario a las fuerzas del orden para llevar a cabo la lucha contra el crimen”.
Lasso dijo que se prestará mayor atención a las provincias en las que los índices de delincuencia en esos lugares lo justifican. El decreto dispone que personal de las Fuerzas Armadas se movilice en las provincias costeñas de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, y Santo Domingo de los Tsáchilas. En la Sierra, los militares estarán en Pichincha, y en la Amazonía, se enviarán militares a la provincia fronteriza de Sucumbíos. En el resto de provincias, dice el decreto, se reforzarán las acciones de la Policía Nacional.