Armas y municiones, objetivo de operativos de Fuerzas Armadas en estado de excepción

Control de armas, municiones y explosivos. En eso se ha enfocado la serie de operativos de las Fuerzas Armadas en el estado de excepción decretado ayer, 18 de octubre de 2021, por el presidente Guillermo Lasso.  

Los militares se despliegan en nueve de las 24 provincias ecuatorianas. En una medida que ha sido cuestionada por defensores de derechos humanos y expertos legales, el presidente del Ecuador eligió la militarización y mayor presencia policial en las calles, como respuesta a la crisis de seguridad que vive el Ecuador. 

Con el decreto, el gobierno ordenó la movilización de militares en siete provincias costeras: El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas. Pichincha  es la única provincia de la región Sierra con presencia militar. Lo mismo ocurre con la provincia fronteriza de Sucumbíos, en la Amazonía. 

Hoy las Fuerzas Armadas arrancaron con sus operaciones en el cantón costero de La Libertad, en Santa Elena. Allí revisaron el interior de buses urbanos y vehículos particulares. Lo mismo ocurrió en Machala y Arenillas, ciudades pertenecientes a la provincia de El Oro. 

En Guayaquil, la ciudad portuaria donde la delincuencia ha golpeado con particular fuerza, 50 infantes de marina de la Armada del Ecuador ejecutan las tareas de control. Hoy recorrieron  Monte Sinaí, en el noroeste de la ciudad, la Isla Trinitaria, al sur, y el Batallón del Suburbio, en el suroeste. Los infantes requisan a usuarios de transporte público y vehículos en general. En esa ciudad, se reportaron hoy dos robos violentos. Hubo, además, una persona asesinada.

En Pichincha, los militares hicieron su trabajo en Conocoto, en Quito, y otros en sectores del cantón Rumiñahui: Cashapamba y el parque central de Sangolquí. 

La presencia militar, además, se extendió a otras provincias como Loja, Zamora Chinchipe, Morona Santiago y también llegó a las islas Galápagos. 

Las operaciones de las Fuerzas Armadas continuarán 59 días más, hasta que el estado de excepción termine —aunque se sabe ya que enfrentará al menos una demanda de inconstitucionalidad. La demanda se ha presentado antes de que la Corte Constitucional se pronuncie, como es su obligación, sobre la constitucionalidad del estado de excepción, una medida que permite al Estado limitar el ejercicio de garantías fundamentales. 

Militarización, la solución del gobierno 

Cuando anunció el decreto 224, el presidente Lasso dijo que en las calles hay un “único enemigo”: el narcotráfico, pese a que analistas como Daniela Oña o Andrea Sánchez, de Fundación Dignidad, una organización que trabaja con las personas privadas de la libertad, han dicho que la inseguridad y la criminalidad deberían ser abordadas de forma integral —es decir, tomando en cuenta el empobrecimiento del país, la corrupción, entre otros factores determinantes. 

Durante el mensaje a la nación, Lasso habló específicamente de la situación de inseguridad que vive la provincia del Guayas. Según cifras del Ministerio de Gobierno, la inseguridad en Guayaquil ha crecido aceleradamente en el último año. En 2020, entre enero y agosto, hubo 216 homicidios. 

Este año, en el mismo periodo de tiempo, ha habido casi el doble de homicidios: 413. La solución gubernamental para combatir la inseguridad fue acogerse al estado de excepción “empezando de inmediato nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles”.

Lasso decretó la militarización, además, en un contexto en el que varias organizaciones han anunciado protestas en su contra. Para el próximo 26 de octubre está convocada una movilización nacional convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones sociales que que insisten en que se congele el precio de los combustibles y que, afirman, exigen que el presidente Lasso cumpla sus promesas de campaña al movimiento campesino y que se respeten sus derechos laborales. En el Ecuador, con la legislación actual, apenas 3 de cada 10 personas en capacidad de trabajar, tienen un empleo formal. 

¿Es la militarización efectiva? 

Para muchos expertos, no. En un reportaje de Doménica Montaño, publicado en GK varios de ellos hablaron de los efectos nocivos que ha tenido históricamente la militarización en las calles, sobre todo, en contextos de protesta social.  

El 15 de noviembre de 1922, por ejemplo, oficiales de la Zona Militar de Guayaquil arremetieron contra miles de obreros que manifestaban contra el gobierno de José Luis Tamayo y la aguda crisis económica que afectaba al país. No existe un número exacto del número de fallecidos pero se estima que supera el centenar. 

Durante el gobierno de José María Velasco Ibarra, el 29 de mayo de 1969, un número indeterminado de estudiantes que reclamaban la democratización de la educación superior, murieron en las afueras de la Casona Universitaria en Guayaquil cuando policías y soldados del ejército abrieron fuego para reprimir su protesta. 

Quince años después, León Febrés-Cordero aprobó su Plan de Seguridad Nacional contra la subversión interna que permitía que unidades policiales y militares, legales y clandestinas (como el SIC-10), efectuaron detenciones, torturas, desapariciones y ejecuciones. De acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, al menos 310 personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas.

La muerte del profesor Bosco Wisuma, en 2009, se dio en un momento de represión militar a civiles durante el gobierno de Rafael Correa. Por último, en la más reciente protesta de 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que se constataron afectaciones a la integridad personal  de los ciudadanos por la actuación violenta de agentes de la policía y las Fuerzas Armadas. Como resultado, decenas de manifestantes resultaron heridos, algunos de ellos, de gravedad. Al menos 8 personas fallecieron como consecuencia del uso desproporcionado de la fuerza de los agentes del Estado.