Cuatro personas presas presuntamente se suicidaron en la Penitenciaría del Litoral. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) dijo en su cuenta de Twitter la mañana de hoy, 14 de octubre, que los cuerpos se encontraron en el pabellón 8 del centro penitenciario. 

En la misma publicación, el SNAI dijo que “brinda todas las facilidades” para que la Policía Nacional y la Fiscalía investiguen lo que pasó y que van a activar protocolos de seguridad en la Penitenciaría del Litoral. El SNAI todavía no ha dado más información sobre lo sucedido ni las medidas que se tomarán. A las 12 del día, la Fiscalía dijo en un tuit que comenzará una investigación sobre estas muertes violentas. 

La Policía dijo que hoy en la madrugada se activaron los protocolos de seguridad después de que encontraron a 4 personas muertas en la Penitenciaría ubicada en Guayaquil. Además, confirmaron que hicieron un operativo con las Fuerzas Armadas y encontraron dos maletas con municiones y una amoladora, una herramienta que sirve para lijar, pulir y cortar ciertos materiales. Generalmente es usada en materiales como piedra, cerámica, metal, madera, ladrillo y granito. Sin embargo, la Policía no dijo para qué era utilizada por los privados de la libertad. 

La crisis carcelaria en Ecuador

Las Fuerzas Armadas intervinieron en el operativo porque desde el pasado 29 de septiembre el presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción por 60 días en las 37 cárceles del país y los centros de rehabilitación de adolescentes infractores. Entre otras cosas, el decreto dispone que las Fuerzas Armadas, la Policía y otras instituciones competentes se dispongan a: 

  • Realizar acciones necesarias para restablecer y mantener el orden en el sistema penitenciario.
  • Prevenir nuevos acontecimientos de violencia.
  • Restablecer el normal funcionamiento del sistema.

El estado de excepción fue decretado después de la peor masacre en la historia de las cárceles ecuatorianas. La noche del martes 28 de septiembre murieron 119 personas en la Penitenciaría del Litoral, la misma cárcel en la que ocurrieron los 4 presuntos suicidios. 

Además del estado de excepción, el gobierno ha anunciado otras medidas para intentar controlar la crisis carcelaria: 

  • Dar indultos a personas presas de la tercera edad,  mujeres enfermas, personas con discapacidad y enfermos terminales para disminuir el nivel de hacinamiento. 
  • Aumentar las prácticas de seguridad en la Penitenciaría.
  • Cambiar la distribución de los reos en los pabellones.

Sin embargo, los incidentes han continuado. La noche del 2 de octubre hubo más disparos en la Penitenciaría. La Policía Nacional dijo que en una “intervención” en la Penitenciaría del Litoral, sus agentes “fueron recibidos con disparos de las personas privadas de la libertad”. Además, ese mismo día la Policía detuvo a 7 personas que estaban planificando ingresar armas a esta cárcel. 

Después de los incidentes de esos días, el SNAI dijo que suspendió el servicio de comida en la Penitenciaría del Litoral y los otros cuatro centros penitenciarios que conforman el Complejo Penitenciario del Guayas —en total, cuatro cárceles y un centro de detención provisional. El Comité de Derechos Humanos de Guayaquil rechazó la decisión del SNAI y dijo que se restringieron varios derechos humanos y eso podría agravar la crisis carcelaria.

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Este es el año más violento para las cárceles del país. En lo que va de 2021 han muerto más de 230 personas. En 2019 y 2020, las muertes violentas en los centros penitenciarios fueron 35 y 51, respectivamente.

La crisis carcelaria está siendo investigada por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Además, las autoridades del Ministerio de Gobierno, el SNAI y la Policía Nacional fueron llamadas a comparecer ante el pleno de la Asamblea el pasado 7 de octubre. También la Alianza contra las prisiones dijo que presentará acciones ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que ya presentaron una acción de protección ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la masacre del 28 de septiembre.