“Son los familiares quienes sostienen la vida en prisión”, dijo Sofía Carpio de la Alianza contra las prisiones, un grupo de organizaciones que defienden los derechos humanos, en referencia a que los familiares de los presos entregan hasta 200 dólares a sus seres queridos para sostener su vida dentro de los centros penitenciarios. “Es el sacrificio de los familiares, el 85% son mujeres, de las que 40% son la esposa o la pareja, son quienes tienen que sostener este gasto (de los presos)”, dijo Carpio.
En una rueda de prensa realizada hoy, 13 de octubre, la Alianza anunció que presentarán acciones ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que ya presentaron una ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de la masacre del 28 de septiembre en la Penitenciaría del Litoral en la que murieron 119 reos. Luego de la masacre de febrero de 2021 —en la que fallecieron 80 personas— la Alianza también presentó una acción de protección ante un juez constitucional.
Las acciones internacionales
La primera es un llamamiento urgente que se presentará ante la Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias del Sistema de Naciones Unidas». Que se presenta cuando una persona o grupo de personas corren riesgo a ser sometidos a torturas por parte de funcionarios públicos o de otras personas. Este llamamiento urgente es sobre la grave situación de las cárceles del país. En la rueda de prensa no dieron detalles de cuándo y cómo se realizará la entrega de este documento.
La segunda es una petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de los derechos de los presos. Esta ya fue presentada a inicios de octubre. José Valenzuela, Coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, dijo que para que sea aceptada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se deben cumplir tres requisitos, y mencionó cómo este pedido los cumple:
- Determinar que fue una situación compleja y grave. En este caso se violentan los derechos humanos de la vida, integridad y salud de los presos.
- Urgencia. “Porque (en este caso) entre más pase el tiempo las personas privadas de la libertad se encuentran en riesgo”, dijo Valenzuela.
- El daño irreparable. Sobre este tema dijo que el sistema de rehabilitación social del país no funciona.
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La acción local
La Alianza contra las prisiones también presentó ante la Unidad Penal del Complejo Judicial Sur una acción de protección contra la política pública integral penal y penitenciaria, a través de una de sus organizaciones aliadas, la Fundación Regional para la Asesoría de Derechos Humanos (Inredh) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica. Las organizaciones interpusieron una acción de protección en contra de ocho instituciones públicas: Consejo de la Judicatura, la Presidencia, la Asamblea Nacional, la Fiscalía, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), el Ministerio de Gobierno, la Secretaría Nacional de Planificación y la Procuraduría General del Estado.
La razón de la acción de protección fue por la falta de política pública integral de rehabilitación social en el país luego de la masacre de febrero, donde murieron cerca de 80 personas. El 18 de marzo de 2021, el juez constitucional Ángel Mestanza aceptó el recurso que reconoce la vulneración de los derechos de las personas privadas de la libertad que contemplan, según la Constitución, la rehabilitación, igualdad, no discriminación, salud, educación trabajo y seguridad penitenciaria. Mestanza, además, determinó siete medidas de reparación integral, entre ellas el desarrollo de una política pública integral en un plazo máximo de un año.
José Valenzuela dijo que luego de las centenas de muertos en las cárceles, se ha evidenciado que el sistema no funciona. Además dijo que la intención de la presentación de estos documentos es para que el Estado cumpla con la protección de las personas privadas de la libertad como un grupo de atención prioritaria. “Deben asegurarles la protección de su vida, de su integridad física y psicológica”, dijo.
La grave crisis en las cárceles
Según explicó Sofía Carpio, la crisis carcelaria se desencadenó por el endurecimiento de las penas en el nuevo Código Orgánico Integral Penal de 2014. Eso, dijo Carpio, provocó un aumento de la población carcelaria: de 20 mil presos a 38 mil presos. También dijo que la construcción de mega cárceles contribuyó a esta crisis carcelaria. “Se alejó las cárceles de los lugares más poblados, se restringieron las visitas, se restringió el ingreso de dinero”, dijo Carpio, refiriéndose a los resultados de una investigación de Kaleidos, la organización a la que representa.
La migración y los presos
Crisitina Burneo, docente universitaria e integrante del colectivo de defensa de los derechos de los migrantes, Corredores Migratorios, dijo “estamos frente a un problema transnacional” porque explicó que hay miles de presos extranjeros que están siendo procesados en Ecuador pero sus datos son incompletos. Explicó que hay tratados y leyes que se pueden aplicar para repatriar a una persona requerida por la justicia de su país, y esto solo aparentemente ayudaría a disminuir el hacinamiento, no puede usarse como criterio. «Si no hay datos ni siquiera por grupo de infracción, si no sabemos por qué estas personas están detenidas, si no sabemos si fueron criminalizadas por no tener papeles, no se puede aplicar sin justicia para ellas esas medidas, primero debemos entender por quiénes está conformado este grupo.»
La experta llamó la atención porque el sistema penitenciario no tiene un censo actualizado de los presos por lo que no hubo información inmediata sobre los presos fallecidos en la masacre de la Penitenciaría del Litoral. Tampoco hay información detallada sobre su situación migratoria o si tienen solicitud de refugio. “No es un delito no tener papeles, es una falta administrativa”, dijo Burneo, para explicar que según testimonios recogidos, la policía les dice a los migrantes que han cometido “un delito migratorio” para detenerlos.
De los cerca de 40 mil presos que hay en las cárceles, hay 3 mil personas colombianas y venezolanas. “Los datos están incompletos, no están segregados por infracción, estado de salud, ni redes de apoyo”, dijo Burneo.
La masacre del 28 de septiembre
El pasado 28 de septiembre, la Penitenciaría del Litoral fue el escenario de una de las peores masacres de la historia del país. Allí fueron asesinados 119 presos, por los enfrentamientos de bandas criminales que operan dentro. Muchos cuerpos fueron decapitados, en las afueras de la cárcel, cientos de familiares se aglomeraron para buscar información sobre sus seres queridos. El gobierno de Guillermo Lasso firmó un decreto que ordenó un estado de excepción en las 37 cárceles y 11 centros de rehabilitación de adolescentes infractores. Desde mayo de 2019, hasta hoy, al menos 300 personas han muerto por los enfrentamientos en las cárceles.
