El 2021 es el año más violento en las cárceles de Ecuador: 239 personas han perdido su vida por violentos motines y enfrentamientos en las prisiones del país. Tras la más reciente escalada de violencia, que dejó 118 muertos en la Penitenciaría del Litoral, el presidente Guillermo Lasso anunció un estado de excepción y, en el mismo decreto, pidió al Consejo de la Judicatura que en un plazo máximo de diez días —que están corriendo desde el 28 de septiembre— informe sobre tres asuntos relacionados al exceso de presos en las cárceles. El primero es el uso de la prisión preventiva, el segundo, el uso de penas no privativas de la libertad en sentencias condenatorias y el tercero, la implementación de juzgados de garantías penitenciarias en el territorio nacional.

En el cuestionamiento del presidente Lasso a la Judicatura, se entrevé un interés por comprender el origen de uno de los problemas de la crisis carcelaria: el hacinamiento, que alcanza 29%, según cifras oficiales. La capacidad carcelaria del país es de 30.099 personas, pero en mayo de 2021, había 8 mil más dentro de las prisiones locales. Y es aquí donde empieza la contradicción. ¿Cómo, por un lado, el presidente pretende atacar el hacinamiento —podríamos pensar que ese es su objetivo— si es que, por otro, pretende eliminar la tabla de tenencia y consumo de drogas? 

A inicios de septiembre, el mes que terminaría con la matanza más sangrienta en las cárceles, la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, anunció que el gobierno presentará una propuesta a la Asamblea Nacional para eliminar la tabla de tenencia y consumo de drogas —una promesa que Lasso ya había hecho en campaña

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La tabla, aprobada en 2013 por el hoy extinto Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), tiene cuatro escalas sobre el consumo de sustancias estupefacientes y  psicotrópicas, con el propósito de diferenciar al consumidor del traficante de drogas. 

La tabla fija cantidades mínimas y máximas de tenencia de drogas. En marzo pasado, Pamela Aguirre Castro, experta en el tema,  le decía a Doménica Montaño en GK que en los últimos años, la criminalidad en Ecuador se ha complejizado. Ya no hay gente en las cárceles solo por cometer robos, asaltos u homicidios, que era lo común hace 20 años. Según  el Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social del Ecuador —formado por las instituciones que tienen participación en la política carcelaria— ,  3 de cada 10 personas presas en el país  están en la cárcel por delitos relacionados con drogas. En el caso de las mujeres, la cifra es mucho mayor: cinco de cada diez, están presas por ese tipo de delitos. 

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La eliminación de la tabla provocará aumento en la población carcelaria porque ya no se hará distinción entre el consumidor y el traficante. “La idea es que no se prive de libertad a una persona que consume drogas sino que tenga acceso a servicios de salud”, decía Betul Rojeab, miembro del Grupo de Investigación e Intervención sobre Drogas Ecuador, a inicios de septiembre. Según Rojeab, parte del hacinamiento está estrechamente relacionado a la incapacidad de hacer esta distinción —incluso hoy, que existe la tabla— y a la cantidad de personas que están detenidas por microtráfico. “Los microtraficantes son el último eslabón y el más débil” de la cadena narcotráficante, decía Rojeab, pues deja por fuera a los grandes capos que dirigen y manejan el gran negocio ilícito. 

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¿Cómo conviven estas dos miradas en un mismo gobierno? Por un lado, cuestiona a los operadores de justicia sobre su responsabilidad en el hacinamiento y, por otro, plantea un retroceso en la mirada al consumo de drogas o al microtráfico. Le hace falta una visión más amplia para mejorar la aplicación de la tabla de consumo, en lugar de eliminarla. ¿Dónde queda la visión integral de la seguridad, no solo enfocada en el castigo sino también en la prevención?

Guayaquil, una de las ciudades más afectadas por el consumo de drogas, es también la de mayores desigualdades en el país ¿No está el presidente Lasso evitando ver la crisis carcelaria de forma integral? También es urgente enfocarse en la reducción de brechas socioeconómicas y en la estructura de la administración de justicia. 

La respuesta que le dé la Judicatura al presidente Lasso puede ser una oportunidad para replantear el funcionamiento del sistema carcelario. Para eso, no se puede perder de vista el rol de la administración de justicia, pero también las medidas que toma el Ejecutivo para que ambos vayan en concordancia porque si los dos caminos se contraponen, difícilmente se podrá avizorar una solución.