El presidente de la república, Guillermo Lasso Mendoza, habló brevemente hace unos minutos sobre los sangrientos enfrentamientos de ayer y hoy en la Penitenciaría del Litoral. “Estoy mal. Estoy muy triste por lo que está sucediendo”, dijo Lasso, quien además admitió que aún no se retoma el control total de la conflictiva cárcel ubicada en los extramuros industriales de Guayaquil. 

El presidente ecuatoriano confirmó que hasta ahora hay 116 muertos y 80 heridos producto de la violencia. Todas las vítimas son personas privadas de la libertad. La noche de hoy, 29 de septiembre, desde Guayaquil, el presidente Guillermo Lasso dio detalles del estado de excepción por grave conmoción interna que declaró en todas las cárceles del país. “Es lamentable que a las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa del poder por parte de bandas delincuenciales”, dijo el presidente. “El Estado ecuatoriano  va a actuar debe actuar, y debemos actuar”, prometió Lasso, diciendo que su primera acción era dictar un estado de excepción en todas las cárceles del país. El estado de excepción durará 60 días y regirá en todos los centros de privación de libertad. Lasso dijo que las Fuerzas Armadas controlarán las cárceles al interior y exterior. “Este estado de excepción tiene como objetivo precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad”, dijo Lasso. Lasso dijo que el gobierno está trabajando para “recuperar el control de la Penitenciaría del Litoral y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario del Ecuador”. Además, dijo que espera que no haya más muertos. 

Lasso se refirió también a los reclamos desesperados  familiares de los internos, quienes dicen que no saben de sus parientes presos desde hace más de dos meses. Para aclarar la situación de estas personas, el gobierno habilitará un centro de atención en el parque Los Samanes y en el coliseo Abel Gilbert de Guayaquil. 

Ahí, los familiares recibirán atención psicológica, entrega de alimentos e información del estado de sus familiares.  “El director del SNAI tomará nota para evitar que en el futuro se repita esta crisis de familiares de personas privadas de la libertad que no conocen hace dos meses qué pasa con ellos”, dijo Lasso.   

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Lasso habló sobre un plan para controlar las cárceles que primero se iba a aplicar en la cárcel de Latacunga, en la provincia andina de Cotopaxi. “Vamos a acelerar el proceso de ejecución” que tenían previsto para cuatro años, pero que se intensificará en la Penitenciaría. Este plan incluye la colocación de cámaras de seguridad, inhibidores de celulares para controlar lo que ocurre dentro de las cárceles, entre otras medidas. 

El presidente Lasso aseguró que entregará al Servicio Nacional de Atención Integral a personas Adultas privadas de la libertad y adolescentes infractores (SNAI) el presupuesto necesario para que se realice este proyecto. Dijo que solo en la Penitenciaría del Litoral se necesitan 24 millones de dólares. El plan total incluye otros 51 millones de dólares para reformas estructurales en otros centros de privación de libertad conflictivos. 

En julio pasado, para la reestructuración del sistema, Lasso ofreció 75 millones de dólares como presupuesto, pero esta noche dijo que aún no se han desembolsado porque “no se puede hacer esto de la noche a la mañana”. 

En la rueda de prensa también intervino Fausto Cobo, exdirector del SNAI, hoy director del Centro de Inteligencia Estratégica, dijo que nombrar a las bandas delincuenciales que operan dentro de las cárceles sería “hacer apología al delito” y darles popularidad. Según Cobo, la situación que se vive en el sistema carcelario nacional excede su dimensión penitenciaria. “Es una amenaza contra el Estado, que tiene un poder igual o superior al propio Estado. Está conectado con otros temas graves”, dijo Cobo, diciendo que los policías entran sin armas a las cárceles, mientras que los presos tienen granadas y armas. Daniela Oña, experta en derechos humanos de las personas privadas de la libertad, explicó a GK que los policías no pueden entrar a las cárceles con armas, según el Código Orgánico Integral Penal y los estándares internacionales.