La consulta popular, el guion de siempre

El presidente Guillermo Lasso cambió de planes. Si en agosto insinuaba que una consulta popular no era tan prioritaria como la vacunación y la reactivación económica, en estos días ha demostrado lo contrario. Lo anunció primero —y sin mucha atención –en la entrevista que tuvo con Alfonso Espinoza de los Monteros por sus 100 días de gobierno. Luego lo ratificó el 6 de septiembre en RTS. “La consulta es sí o sí”, respondió y aseguró que se realizaría antes de 2022. O sea, la consulta ahora es urgente e innegociable. 

¿Por qué esa repentina premura? Al igual que Lenín Moreno en 2018 y Rafael Correa en 2008, el presidente se dio contra la pared en la Asamblea. Y, también como ellos, sabe que en sus números tempranos está su ventaja: las metas cumplidas de vacunación, por ejemplo, le dan vuelo. Lasso quiere capitalizar la incapacidad de la Asamblea de concretar proyectos, al igual que su prematuro desgaste. Es su oportunidad para mostrarse como un ejecutor eficiente, frente al caos legislativo. Su estrategia, en ese sentido, es parecida a los movimientos tempranos de sus antecesores. Y aunque parece necesaria, la consulta popular revela que en la política nacional, no mucho ha cambiado. 

No duró mucho el idilio entre el presidente, la Izquierda Democrática y Pachakutik. Los gestos que en mayo de este año auguraban madurez política se desvanecieron: la idea del encuentro entre Llori y Lasso, por ejemplo. Se presentía que era un acuerdo legislativo precario, pero no tanto. Ahora la tortilla está parcialmente volteada y Pachakutik es oposición, como ha sido evidente en varias intervenciones de Salvador Quishpe y, de manera aún más beligerante, en  la comparecencia el 7 de septiembre de Tanlly Vera, Ministra de Agricultura: mientras ella hablaba, asambleístas de Pachakutik subieron pancartas contra el plan de gobierno. 

Tampoco ha ayudado el pronto descrédito en que ha caído la Asamblea, protagonista de demasiados escándalos para apenas 100 días de haber empezado su período. En ese contexto, el anuncio de consulta se antoja como una estrategia inevitable de negociación. Lasso quiere mostrar su propia capacidad de movilización y, a la vez, desmarcarse del Legislativo. 

No le queda de otra. La pugna en la Asamblea ya es franca. De ahí que la comparecencia de la ministra de Agricultura, Tanlly Vera, sobre las demandas de agricultores y ganaderos —y por pedido de 108 asambleístas— no tuvo resolución. Fue el primer intercambio en el pleno legislativo con funcionarios del Ejecutivo. No importó. Tampoco auguró nada bueno: Diego Ordóñez, de CREO, describió al debate como “un diálogo de sordos” que, según él se explicaba por “la tara ideológica” de la Asamblea, que pretende que los precios se fijen por decreto. Y esa tara parece tendencia. 

El anuncio del presidente en su entrevista con Alfonso Espinosa de los Montero resaltó que su objetivo es “modernizar el país”. ¿Cómo? Según él, tomando decisiones difíciles que la mayoría de bancadas parecen listas para bloquear, como la Ley de Oportunidades Laborales. Ni él ni Alexandra Vela parecen con ganas de cerrarse a la negociación. Saben, sin embargo, que para negociar se necesita también tener apalancamiento, un as bajo la manga. 

Lasso así adoptó el mismo discurso de Moreno y Correa. En RTS dijo que “irán a consultarle al pueblo directamente, que el pueblo decida su futuro porque si tenemos obstáculos en la Asamblea, que aspiro a no tenerlo, pues bueno, iremos a una consulta popular”. No se quedó en eso. Lasso mencionó la posibilidad de la muerte cruzada — una figura legal que le permitiría al Ejecutivo llamar a elecciones presidenciales y legislativas— si sigue encontrando obstáculos en la Asamblea. 

Según el presidente, la Consulta Popular es independiente del respaldo legislativo a su gobierno. Asegura que hay temas “de carácter político” que deben consultarse directamente con el pueblo. Ya ha sugerido dos principales que serán consultados: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el fortalecimiento de la dolarización. Pero los tiempos lo desenmascaran: si antes no era urgente, es porque el presidente confiaba en los diálogos y acuerdos que podría generar con el legislativo. Ya no. 

Las consultas populares y referendos no son panaceas. Pero en muchos casos han fortalecido la capacidad de los gobiernos de turno de mediatizar sus proyectos, cerrar filas y ofrecer “resultados” electorales en momentos de parálisis legislativa. Correa se desmarcó del entonces Congreso Nacional con el referendo por la Constituyente en 2008 y Moreno se independizó de una Asamblea de oposición con la Consulta Popular de 2018. La paradoja es que, al mismo tiempo, esa dependencia a las consultas populares evidencia la repetitiva costumbre del Legislativo de bloquear, postergar y alargar proyectos de ley urgentes. 

Le queda poco tiempo al presidente para cumplir con sus admoniciones. Quizás se haya disparado en el pie (¿logrará realizarla antes del 2022?). Pero más allá de eso, el llamado a una consulta popular es síntoma de los mismos hábitos que por tanto tiempo han inmovilizado a este país. No importa el plan de gobierno: el país les ata de manos.