Quito a veces es gris, a veces es de colores. A lo largo de la avenida Amazonas, una de las más importantes de la ciudad, hay pájaros o símbolos andinos pintados en los quioscos de venta de caramelos y periódicos, hay rostros de ancianos o niños en las macetas. “Los jóvenes que hicieron esos graffitis transitan por el sector”, dice Carlos Villavicencio, una de las representantes de la Corporación Cultural DLaKy, que impulsa este tipo de apropiación del espacio público en Quito.
Villavicencio dice que la pintura en los quioscos la hicieron con el apoyo de la Administración Especial Turística La Mariscal (dependencia del municipio) a finales de julio de 2021. Pero lograr el apoyo municipal no siempre ha sido fácil. Según Elisa Puga, socióloga y máster en gestión urbana y desarrollo, se cree que los espacios públicos sólo están relacionados a lo recreativo, la relajación o la distracción. “Es también por la falta de comprensión de las necesidades diferenciadas, piensan que todos quieren hacer deporte, correr o jugar fútbol”, dice Puga. Por eso el uso de los espacios públicos para los jóvenes es limitado, reducido y prohibido.
Quiosco pintado en la avenida Colón y Amazonas. Fotografía cortesía de Shito
A pesar de que la mayor parte de la población de Quito son jóvenes entre 20 a 39 años, que representa el 34% de sus más de tres millones de habitantes, según el Informe de Calidad de Vida de Quito Cómo Vamos, la ciudad no está pensada para ellos. La mayoría de las veces, los jóvenes ocupan el espacio público a riesgo de ser perseguidos por los agentes metropolitanos.
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Para usar espacios públicos -para actividades artísticas, sociales o deportivas- en Quito, como parques, hay que hacer un trámite en el municipio. En el trámite se obtendrá una autorización de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, otra autorización y certificado de aforo de la Secretaría de Educación, Recreación y Deportes. El costo dependerá de cuántos metros se pida ocupar. Katherine Bracamontes, fundadora del colectivo Radical Girls —dedicado al skateboarding, dice que una vez su colectivo intentó sacar un permiso para hacer una competencia en el Parque La Carolina, pero el municipio quiso cobrarles 30 dólares por el uso de cada metro cuadrado. “Dijimos no”, dice enfática Bracamontes.
Otro problema es la burocracia asociada a sacar los permisos. Shito, de 28 años, uno de los jóvenes grafiteros que pintó un par de quioscos en la avenida Amazonas, lleva 10 años pintando murales y graffitis en la ciudad. Shito dice que siempre ha tenido problemas con los agentes metropolitanos cuando lo ven pintando “porque a pesar que tengo permiso de palabra de los dueños de casa, los metropolitanos preguntan dónde están los permisos”. Además, dice que no intenta sacar un permiso en el municipio porque le parece un trámite demasiado largo. De acuerdo a la Ordenanza Metropolitana 0282, cuando se hagan expresiones artísticas en fachadas de viviendas, el dueño debe informar al municipio sobre la realización de esas expresiones.
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El espacio público es un campo de disputa y de afirmación de identidades, según la tesis de grado de la carrera de Artes Plásticas de Juan Pablo Vallejo. Vallejo explica que surge con los primeros asentamientos del ser humano, pues éste no pensaba en la división del público y el privado, sino como una zona compartida de acuerdo a sus necesidades. Con esto coincide Gabriela Moncayo, coordinadora del área de educación y juventudes de la fundación Esquel, una organización de la sociedad civil. Moncayo dice que la apropiación del espacio público es “habitar la ciudad desde las necesidades” —en este caso desde las necesidades de los jóvenes. Una de esas necesidades es expresar lo piensan, en lo que creen o no a través de la música o la pintura.
Carlos Villavicencio dice que las autoridades municipales no comprenden esas necesidades. “La situación va más allá de que tengan la tarima, el sonido, un presupuesto para pagar artistas vayan y disfruten”, dice Villavicencio. Los jóvenes lo que buscan es un proceso de formación, de dar talleres sobre lo que hacen las culturas urbanas, por ejemplo clases de breakdance (danza de hip hop) o emcee (vocalista de rap).
Villavicencio también lidera Ser Festival, una organización que existe desde 2015, formada por culturas urbanas asociadas al hip hop, al reggae y al rock, que quiere apropiarse del espacio público de Quito a través de la música. Su objetivo, afirma Villavicencio, más allá de poder ocupar un parque o cancha para un concierto o una pintada, es que haya proyectos consolidados para los jóvenes en Quito. Y para eso, se necesita que haya un presupuesto fijo para los jóvenes y que sea ejecutado.
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Quito a veces incluye y otras veces rechaza. Según la socióloga Elisa Puga, las políticas de control del espacio público hace una distinción entre quiénes pueden y no usarlo. “Hay espacios barriales que están subutilizados, degradados o están con rejas, eso limita el acceso”, dice. Ella sostiene que las ciudades están construidas según lo que los adultos piensan que requieren los jóvenes. “El espacio público tiene una mirada adultocéntrica”, dice Gabriela Moncayo. Esta aproximación desde la adultez hace que las juventudes no estén incluidas en la forma en que se diseña y vive la ciudad. “El espacio público va más allá de los parques y canchas”, dice Puga. Pero, según el informe de Quito Cómo Vamos, hasta diciembre de 2018, el municipio de Quito entregó 65 canchas, entre las que predominan las de fútbol. El espacio público también es la calle, la vereda, los parques barriales, parterres, pasajes, zonas verdes, quebradas, túneles, puentes peatonales, paradas de buses.
Al ser mayoritariamente áreas para el deporte, dice Puga, “muchas veces no permite que todas y todos puedan usarlas”, pues son monopolizadas por hombres o dirigencias barriales. “Piensan que por poner una cancha ya están aportando a la juventud”, dice Carlos Villavicencio —pero esa es una mirada reduccionista de los intereses de la juventud que pueden también ser culturales o sociales. Que los jóvenes puedan expresarse completamente en la ciudad, tiene un efecto virtuoso: aportarán a la economía y al turismo. “Con esta apropiación se baja el consumo de drogas”, dice Villavicencio. En Quito el 13,4% de los consultados en la Encuesta de Percepción Ciudadana 2020 de Quito Cómo Vamos, creen que el principal problema de seguridad de la ciudad es la drogadicción.
Fotografía cortesía del artista Sach.
Además, los espacios públicos no son del todo públicos. En 2019, Ser Festival quiso organizar un encuentro de artistas en el Palacio de Cristal del Centro Cultural Itchimbía, pero les negaron utilizarlo porque decían “y si pasa algo, y si se matan, se pelean, un estigma hacia nosotros como violentos”, afirma Carlos Villavicencio, representante del Colectivo DLaKy y de Ser Festival. Para evitar estos prejuicios, los espacios públicos deben ser diseñados con la participación de los jóvenes para que sean más seguros, más utilizados por ellos y por el resto de la comunidad.
Hasta hoy, en Quito no hay una política pública dirigida a las expresiones artísticas o culturales, específicamente de los jóvenes. Eso, dice Villavicencio, es lo que impulsa el colectivo Cultural DLaKy. Sin embargo, por la emergencia sanitaria del covid-19, y por los cambios en la administración del Municipio de Quito, que vive en una recurrente crisis, no lo han logrado aún.
