Un juez dictó medidas contra siete personas involucradas en el caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). La madrugada de hoy, 23 de junio de 2021, el juez Ubaldo Macías, dictó prisión preventiva para Xavier Neira, Beatriz Dougherty y Maryorie Zamora. Además, el juez Macías dispuso arresto domiciliario para Rodolfo Kronfle, Carlos Carbo y Oriana Rumbea. Mientras que Sonia Bonilla tiene prohibida la salida del país y debe presentarse ante la autoridad, no detalla cada cuánto tiempo deberá asistir. 

Según la información publicada por la Fiscalía General del Estado, la instrucción fiscal (etapa del proceso penal en la que investiga los hechos que podrían ser “los elementos de convicción” que permitan deducir si hay o no un delito) durará 90 días. 

En Ecuador la razón para dictar prisión preventiva es para garantizar que el acusado como autor o cómplice asista al proceso. Se solicita cuando las medidas sustitutivas no son suficientes, cuando hay los elementos de convicción suficientes sobre el cometimiento del delito, que esos elementos sean claros y precisos y cuando el acusado es autor o cómplice del delito investigado. También se puede dictar cuando el delito investigado tiene una pena privativa de libertad de más de un año.

Según el parte policial de la Policía Judicial de la Zona 8 que comprende los cantones costeros Guayaquil, Durán y Samborondón, ayer 22 de junio se desarrollaron los operativos en los que detuvo a las siete personas dentro del caso Isspol en el que la Fiscalía investiga una trama de ilícitos financieros que habría causado un grave perjuicio a los fondos de pensiones de la Policía Nacional del Ecuador. 

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Dentro de esa trama, la Fiscalía dice que las siete personas son investigadas por el presunto delito de falsedad de información en el mercado de valores. El artículo 312 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que este delito ocurre cuando los representantes legales, administradores o funcionarios de las entidades del mercado de valores dan “informaciones falsas sobre operaciones en las que han intervenido”, o cuando las personas proporcionan información falsa en las negociaciones en una “oferta pública de valores”. La sanción por este delito es de tres a cinco años de cárcel. 

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Además de los siete detenidos, la Fiscalía detuvo en un allanamiento realizado en febrero de 2021, a otras cuatro personas por su presunta participación en el delito de peculado dentro del caso Isspol. 

Esto es el caso Isspol 

El caso Isspol es un esquema de sobornos que habría ocurrido en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol). El caso comenzó en mayo de 2020, cuando el Consejo Directivo del Isspol denunció “presuntos delitos en el manejo de inversiones” del Instituto.. El perjuicio ascendería a cerca de 500 millones de dólares. En el caso estarían involucrados ex altos funcionarios del Isspol.  

El caso se ha extendido a investigaciones internacionales. El 2 de marzo pasado, los ecuatorianos John Luzuriaga Aguinaga y Jorge Chérrez Miño fueron acusados, por el Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos, de conspiración para cometer lavado de dinero. 

De acuerdo a información del Departamento de Justicia, Chérrez pagó más de 2,6 millones de dólares en sobornos a autoridades del Isspol para lograr inversiones bursátiles por parte del Instituto. Al menos 1,3 millones fueron para Luzuriaga quien por su cargo tenía influencia en las decisiones de inversión que tomaba el Isspol.