La tarde de hoy, 21 de junio de 2021, la Unidad Judicial de Tránsito en Quito, negó la medida de protección para que se vuelva a abrir el Gimnasio Ecuador. En julio de 2019, la Junta Cantonal de Protección de Derechos de La Delicia, en Quito, ordenó el cierre temporal de este establecimiento deportivo argumentando que no era un lugar seguro para las niñas que ahí entrenaban. Alcides Patiño, dueño del gimnasio y acusado de abuso sexual, pidió medidas de protección para que se vuelva a abrir el establecimiento y hoy, en la audiencia para analizar su pedido de medidas de protección de la reapertura, le fueron negadas.
El cierre del lugar en 2019 se realizó cumpliendo una medida de protección emitida por la Junta Cantonal de Protección de La Delicia. La audiencia de hoy se realizó porque Patiño pidió medidas de protección porque según él se estaba vulnerando su derecho al trabajo, al seguir cerrado el gimnasio. El pedido entró a un sorteo hace más o menos una semana y le fue asignado a un juez de tránsito.
“La decisión es adecuada, respeta la autonomía administrativa y funcional de las Juntas de Protección de Derechos”, dijo en Twitter Surkuna, organización que defiende los derechos de las mujeres. Silvia Bonilla, abogada particular de la Junta de Protección de Derechos La Delicia, dijo en un video de Twitter, que el juez resolvió que “él no puede pronunciarse porque sería interferir en un nivel de autonomía de la junta y sería desnaturalizar las competencias específicas que tienen las Juntas Cantonales de Protección”. Hoy, en las afueras de la Unidad Judicial de Tránsito donde era la audiencia —en el centro norte de Quito— se reunieron en un plantón activistas e integrantes del colectivo Seremos las Últimas, conformado por familiares y amigos de las mujeres que vivieron las agresiones.
Debes Saber
¿Por qué la Junta de Protección ordenó el cierre del gimnasio en 2019?
En julio de 2019, cinco mujeres denunciaron que Alcides Patiño, su profesor de gimnasia olímpica cuando eran niñas, las tocaba en sus partes íntimas en contra de su voluntad; eso pasaba durante o después de los entrenamientos en el Gimnasio Ecuador, al norte de Quito. Sus historias fueron reveladas en la investigación La rutina del terror, publicada en julio de 2019 en GK. El reportaje también demostró que no existe un control estatal para los lugares educativos privados, como el gimnasio donde habrían ocurrido los tocamientos, u otros espacios donde los niños van durante las vacaciones o después de la escuela, como sesiones de natación, clases de guitarra o de acuarela.
Luego de la publicación del reportaje, la Junta Cantonal de Protección de Derechos de La Delicia dictó medidas de protección. Entre las medidas, exigió el cierre del gimnasio hasta que haya las condiciones que garanticen “la integridad física, psicológica y sexual de las niñas”. La Junta ordenó el alejamiento inmediato de Patiño de todas las niñas y adolescentes que entrenaban en el gimnasio. La Junta también pidió que la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) de manera semanal, y por un periodo indeterminado, verifique que se cumpla la suspensión del funcionamiento.
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El 18 de febrero de 2020, Alcides Patiño debía demostrar en una audiencia de contestación en la Junta que el gimnasio es un espacio seguro para las niñas, que el gimnasio tiene permisos municipales y que allí trabajan profesionales que garanticen los derechos de las alumnas, pero en esa audiencia Patiño no pudo demostrarlo. Y el gimnasio siguió cerrado.
En una audiencia de contestación se escucha a las partes y si no se puede resolver, en la segunda audiencia, la de prueba, se debe probar que se necesita protección.
Además del proceso que se sigue en la Junta, en la Fiscalía hay dos procesos abiertos. Uno inició por la denuncia de una activista que administraba un grupo de Facebook en el que dos mujeres denunciaron al dueño del gimnasio por presunto abuso sexual. El otro, por una denuncia de una de las presuntas víctimas que dio su testimonio para el reportaje de 2019.
¿Hasta cuándo estará cerrado el gimnasio?
Mañana, 22 de junio de 2021, será la audiencia de prueba en la Junta de La Delicia. Allí, se supone que Alcides Patiño debe demostrar que el gimnasio es un espacio seguro para las alumnas y así pueda ser reabierto. Esta es la audiencia definitiva para que la Junta determine si levanta o cambia las medidas, dijo la abogada Mayra Tirira, de Surkuna. Tririra dice que no se sabe que medidas podrías dar la Junta mañana, pero “lo que que quisiéramos es que ratifique”.
¿Qué hace la Junta Cantonal de Protección de Derechos?
Este órgano administrativo del Municipio vela por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El Código de la Niñez y Adolescencia dice que la Junta tiene autonomía administrativa y funcional. Su principal función pública es la protección de los derechos individuales y colectivos de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de su cantón en este caso de Quito. En todo el país hay 171 Juntas Cantonales de Protección de Derechos (JCPD). En Quito hay cuatro.
Cada Junta está integrada por tres miembros principales y sus suplentes. Sus miembros son elegidos por el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia por un periodo de tres años y pueden ser reelegidos por una sola vez.
Según el artículo 206 del Código de la Niñez y Adolescencia, la Junta Cantonal tiene 7 funciones:
- Debe conocer de oficio o por una petición, los casos de amenaza o violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de su cantón. Debe disponer las medidas administrativas de protección para restituir el derecho vulnerado o proteger los derechos amenazados, (acciones concretas a favor de un niño, niña o adolescente). Las medidas de protección que imponga una Junta son administrativas, es decir se imponen para hacer cesar el acto que violenta un derecho, para restituir el derecho vulnerado.
La Junta no puede llevar casos de delitos, tenencia, regulación de visitas, pensiones alimenticias, patria potestad, adopciones, casos judicializados, casos de adolescentes en conflicto con la ley, recuperación nacional e internacional de niños, niñas y adolescentes.
- Debe vigilar que se cumplan las medidas que dicte.
- Puede interponer acciones ante una autoridad judicial en caso que no se cumplan sus decisiones.
- Puede pedir a los funcionarios públicos, la información y documentos que necesite para cumplir sus funciones.
- Debe llevar un registro de las familias, de los adultos, niños, niñas y adolescentes a quienes haya aplicado las medidas de protección.
- Puede denunciar ante las autoridades, el cometimiento de infracciones administrativas o penales contra niñas, niños y adolescentes.
- Debe vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales no violen los derechos de los niños y adolescentes.
