Hace un año exacto, cinco mujeres rompieron el silencio: contaron cómo cuando eran niñas su profesor de gimnasia olímpica, Alcides Patiño, las tocaba, en contra de su voluntad, en sus partes íntimas antes, durante o después de los entrenamientos en el gimnasio Ecuador, al norte de Quito. Cinco días después de la publicación de La rutina del terror, el reportaje que recogió sus historias, la Junta de Protección de Derechos de La Delicia —el ente administrativo que vela por los derechos de los niñas, niños y adolescentes— dictó medidas de protección. Exigió que el gimnasio se cierre hasta que haya condiciones que garanticen “la integridad física, psicológica y sexual de las niñas”, y ordenó el alejamiento inmediato de Alcides Patiño a todas las niñas y adolescentes que entrenaban en el gimnasio.
En estos doce meses, el proceso administrativo en la Junta ha avanzado; el de la Fiscalía, con menos agilidad, también.
El 18 de febrero de 2020 se realizó la audiencia de contestación en la Junta, una instancia que es parte del proceso que empezó en julio del año anterior. En la audiencia, el representante del gimnasio, Alcides Patiño, que es también el acusado, debía presentar pruebas de que el gimnasio es un espacio seguro para sus alumnas menores de edad, que cuenta con permisos municipales y que tiene profesionales que garanticen los derechos de las alumnas. “Pero no se pudo evidenciar que sea un espacio seguro para las niñas”, dijo la abogada de la fundación Surkuna, Mayra Tirira.
Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, en la primera audiencia —la de contestación— se escucha a las partes y si no se puede resolver, en la segunda se debe probar que se necesita protección. Ese fue el caso para el gimnasio Ecuador.
El 20 de marzo debía ser la segunda audiencia, la de prueba, pero se canceló por el estado de emergencia declarado cuatro días antes por la propagación del covid-19. En este caso serían las pruebas de maltrato físico y psicológico como forma de enseñanza. Entre que se dictaron las medidas de protección y la primera audiencia —la de contestación—, sí se cumplieron los plazos normales en estos procesos. Por ahora no se sabe cuándo se instalará la audiencia porque el Municipio no tiene sistema telemático, como el que tiene el Consejo de la Judicatura.
En la Fiscalía existen dos procesos abiertos: uno inició por la denuncia de una activista que administraba un grupo de Facebook en el que dos mujeres denunciaron al dueño del gimnasio por presunto abuso sexual. El otro, por una denuncia de una de las presuntas víctimas que dio su testimonio para el reportaje de 2019. Ambos están en investigación previa —la etapa preprocesal en que la Fiscalía debe recabar todos los elementos de convicción, vestigios, presunciones en torno al tema y que puede durar hasta dos años.
Según información enviada vía correo electrónico por la Fiscalía, uno de los dos casos se ha delegado a la Policía Judicial para que realice las diligencias “previstas en los numerales 1, 2, 3, y 4 del el artículo 444 del Código Integral Penal” que se refieren, entre otros, a recibir denuncias escritas o verbales, reconocer lugares y huellas, formular cargos, disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal.
El otro caso, según el mismo correo electrónico de la Fiscalía, se ha delegado a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) para que haga las diligencias investigativas. Dice, también, que “se ha delegado al agente investigador la localización y ubicación” de tres presuntas víctimas, se ha señalado versión de una persona que no asistió a rendirla, y se gestionan otras versiones solicitadas por el dueño del Gimnasio Ecuador “a fin de que entregue documentación puntual que necesita la fiscal para hacer uso en la investigación”.
La Fiscalía dijo también que ha pedido información a diferentes instituciones del Estado como el Servicio de Rentas Internas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, la Junta de Protección de Derechos La Delicia, y el Servicio de Atención Integral de la misma Fiscalía.
Ana Vera, una de las abogadas que defiende a las sobrevivientes, dice que la Fiscalía no ha avanzado mucho con las investigaciones. “Pero en estos días se ha asignado a una fiscal que se hará cargo de los dos casos —porque los procesos han sido unificados—, y esperamos que pueda impulsarse de una manera más efectiva del proceso”, dice Vera.
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El avance de los trámites en la Fiscalía no es solo una garantía de que se haga justicia sino una forma directa de evitar que más niñas estén en riesgo.
