Aunque Jorge Yunda ha estado por meses contra las cuerdas, su remoción el jueves en la madrugada —el show detrás y los vaivenes de los votos en el Concejo— demostraron que su vulnerabilidad en este caso nunca han sido las acusaciones de la Fiscalía sino su desgastado capital político. 

Yunda es investigado por el presunto delito de peculado por irregularidades en la compra de pruebas para detectar covid-19. Incluso lleva un grillete electrónico en el tobillo. Sus herramientas de supervivencia se limitaban a su cabildeo dentro del Concejo Metropolitano, máximo órgano de la ciudad, para mantenerse en el cargo. Lo hizo mal, muy mal: olvidó a la bancada que podría salvarlo y regaló argumentos a sus detractores más convencidos. De haber sido un juego de cuarenta, el showman conocido como Loro Homero (y oficialmente como el alcalde Jorge Yunda Machado) perdía por caída y limpia. 

La maratónica jornada No. 148 de los concejales quiteños (duró 16 horas) desnudó el tejemaneje político detrás de la fiscalización a cada funcionario. Es —se sabe— un juego que no siempre se muestra como tal. Yunda fue removido con el mínimo necesario: 14 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones de la bancada de la Revolución Ciudadana, que antes parecía una discreta aliada suya. Drama. 

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Contra Yunda pesaban dos pedidos de remoción: uno presentado por el colectivo Quito Unido y otro por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, aunque el vocero de Quito Unido, Marcelo Hallo, retiró su denuncia a última hora, según él, porque la sesión “era un sainete” y porque creía que los concejales ya estaban listos para votar en contra y se aferró a ese argumento. 

Hallo dijo luego que no presentó todas las pruebas para protegerlas, porque no podría utilizarlas luego en caso de una revocatoria contra Yunda. Salió después de su exposición del Concejo, que dio paso al pedido del Frente de Profesionales, representado por las abogadas Carolina Moreno y Jéssica Jaramillo. Este fue el que se presentó a votación y finalmente fue aprobado. No solo se discutió la acusación de la Fiscalía: este pedido mencionó también “falta de institucionalidad y de liderazgo” y “faltas a resoluciones”. Con una investigación en marcha, los argumentos no podían estancarse en el delito. 

La sesión fue una patada de ahogado para la defensa del alcalde. Yunda no asistió, así que fue su abogado Marcelo Icaza. Se disparó en el pie. Parecía que dejó de importarle el apoyo que por cierto tiempo lo mantuvo vivo dentro del Concejo. Icaza arremetió contra los concejales y apostó por amenazarlos. Fue teatral, dramático e histriónico: habló de Yunda como una víctima de linchamiento, alguien llamado a ser decapitado en la Plaza Grande. No le sirvió de mucho. 

El tono antagónico de Icaza mostraba las pocas cartas que les quedaban: intentar disuadir a los concejales de votar a favor de la remoción apelando a una eventual discusión del caso en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

Adujo, además,  la supuesta violación contra los derechos humanos de Yunda, al no —según él— tratarse de un juicio imparcial. Icaza se refirió a la destitución de la Corte Suprema de Justicia en 2004 para instaurar otra, conocida como“Pichi Corte”. Esa remoción, hecha ilegítimamente por el Congreso (la Asamblea de hoy) terminó en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Ecuador a indemnizar a los magistrados cesados en aquel entonces. “Pagamos todos nosotros”, dijo Icaza. 

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Utilizó también un recurso que su equipo había mencionado antes: el precedente de la destitución de Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, Colombia (y que también terminó en el Sistema Interamericano) por un órgano administrativo. “¿Son jueces ustedes?”, preguntó antes de recordar que la votación por remoción era una violación a los tratados de Derechos Humanos que eran “supralegales” por lo que estarían por encima del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que amparó la remoción de Yunda. 

Icaza nunca abandonó su tesis: recordó que en 2020, la Corte Interamericana condenó al Estado colombiano por la destitución de Petro. Esto incluso fue interpretado por concejales como Bernardo Abad como amenaza: si remueven a Yunda, pagarán. Sin embargo, nunca hizo un matiz sumamente importante: Petro no fue destituido por los concejales, quienes tienen entre sus funciones legales fiscalizar la labor del alcalde, sino por la Procuraduría

Quizás fue la desesperación. Si su remoción queda en firme, Yunda queda desamparado ante la justicia ordinaria. No es poco lo que está en juego y él mismo había insistido en no dejar el cargo, a pesar del consejo de su abogado, el respetado Juan Pablo Albán (quien desistió de defenderlo ante la insistencia de Yunda de permanecer en el cargo). 

Pero a Icaza le salió el tiro por la culata. Las amenazas de Icaza resonaron en los concejales que insistieron en que el argumento del abogado significaba que los concejales no podían ni debían fiscalizar al alcalde. El abogado de Yunda, por un momento, parecía un acusador y no un defensor, era como si su única defensa era una velada —y a ratos no tan velada— amenaza contra los concejales. Fue tan así que el concejal Bernardo Abad, de hecho, aludió directamente a la intervención de Icaza sobre la supuesta indemnización que debería pagar el Estado. La llamó amenaza. Lejos de darles motivos para absolverlo, el abogado de Yunda les dio a los 14 concejales un blanco en común. Prefirieron cargar contra el abogado y su representado y, olvidaron (al menos por esos momentos) viejas heridas entre bancadas. Con la abstención de la Revolución Ciudadana era suficiente —a pesar, incluso, de que la abstención de concejales no está contemplada en la ley. 

Después de la remoción, el Loro Homero de hecho dijo que como alcalde “no había podido trabajar tranquilo, ni en paz”. “Siempre ha habido esa resistencia a que una persona del pueblo haya optado por un cargo de elección popular”, dijo.  Podría ser un elemento: Yunda es el primer alcalde en ser cesado de sus funciones en un proceso de remoción. 

El alcalde todavía puede apelar la decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, el proceso ha evidenciado, por sobre todo, que el alcalde no supo navegar los juegos del Concejo, un cuerpo colegiado que precisa de consensos, no de espectacularidad. 

Su administración ha sido errática, un sube y baja sin dirección de golpes de efecto y gestos intrascendentes. El médico, locutor y cuenta chistes pensó que podría sobrevivir de la ambivalencia y el entusiasmo de sus simpatizantes pero acabó traicionado por ella: no hubo espíritu de cuerpo que lo acogiera, aunque él siempre pareció apostar por eso. Por la popularidad, por lo rimbombante (¿lo recuerdan recibiendo las pruebas PCR de un avión de carga en mayo de 2020?) y no por la sustancia. 

Su período fue un 38 que no juega —tan solo a la espera del remate final, como en el célebre naipe ecuatoriano, pasatiempos proverbial de la fiestas quiteñas: Yunda creyó que para ser alcalde alcanzaba con su showmanship, sin nunca entender que esto era más que una ronda de cuarenta: estaba la ciudad más grande y próspera del país sobre su mesa y no podía gestionarla con un micrófono y un séquito de secundadores. 

La narrativa que él y su defensa intentaron hilvanar así como la actitud cambiante de los concejales apuntan más a la orfandad política de Yunda. El alcalde subestimó la importancia de los aliados y de una gestión consistente (que quizá le habría generado el respaldo que necesitaba desesperadamente) —no cayó por peculado, sino por ser dos veces huérfano: político y administrativo.