La barra en temas de libertad de expresión está baja en el Ecuador. La Ley Orgánica de Comunicación (LOC) aprobada en 2013 durante el gobierno de Rafael Correa era uno de los ejemplos más distintivos del espíritu autoritario de ese gobierno. Fue su campo de batalla principal. Entonces, los medios eran el chivo expiatorio del Estado. Fueron tantas las restricciones, y tantos los ataques y amenazas a periodistas que, ahora, su derogación se antoja como una oportunidad. Si la premisa de antes era que “la prensa corrupta” y “recadera de la oligarquía” era un enemigo al que se debe derrotar y silenciar, la intención esta vez parece ser la de reconocer que el escrutinio responsable del periodismo al sector público es vital para cualquier sociedad.
No solo eso: la LOC fue aprobada en 2013 con 103 de 137 votos a favor por la aplanadora legislativa que entonces era Alianza País. La nueva ley podría ser la oportunidad que no hubo para tener un debate —no una pelea, esperemos— menos polarizado y muy necesario sobre la libertad de expresión.
La llamada Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación ha activado nuevamente la manida disputa entre el correísmo y el anticorreísmo. Era predecible: representa una de las diferencias principales del discurso del actual gobierno con las políticas y la retórica de Rafael Correa.
Incluso su nombre —que invoca la libre expresión— indica la voluntad de un cambio de relación con la prensa. Es otro el énfasis.
Aun así, el riesgo es que —por todo lo que representa— sea vista únicamente como un voto para “enterrar” el legado de Correa y que por ello se eliminen los aspectos positivos de la anterior ley. O que se omitan elementos que todavía deberían ser debatidos. Es decir: sería un desperdicio enorme que la Ley de Libre Expresión se convierta en un debate totalizante sobre Correa. Más de lo mismo. Aunque la historia de la LOC obviamente informa su derogación, el riesgo es que el nuevo proyecto sea otra patada de la polarización.
La Ley Orgánica de 2013 ya ha sufrido algunas reformas. En diciembre de 2020, por ejemplo, el Legislativo aprobó dos artículos para que la comunicación sea considerada un derecho humano y no un servicio público, como estaba establecido antes. Entonces también fue un cambio significativo, ya que como servicio público su control debía estar a cargo del Estado. La comunicación era su juguete. Como un derecho, en cambio, no necesita injerencia estatal y su garantía puede ampararse a instancias internacionales. Pero en 2020 eran solo reformas.
Según la organización de monitoreo de libertad de prensa Fundamedios, el proyecto de Ley va en buen camino —en especial porque tiene el potencial de recuperar los principios de instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Ojo nuevamente: la barra estaba baja.
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En su comunicado, la organización celebró la predisposición del presidente Lasso a “desmontar la estructura represiva en contra de la prensa que se impuso durante el Gobierno autoritario populista de Rafael Correa”. Enfatizaron lo que describieron como “la despenalización de la opinión”, que también fue blanco constante de los ataques del gobierno de Correa. Sin embargo, una ley que trata de principios internacionales debe dejar de ser analizada “en comparación a” —los principios de derechos establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no se establecen en virtud de los individuos, sino en predisposición de la máxima garantía de las libertades que más benefician, en su conjunto, a la sociedad.
La despenalización de la opinión del proyecto significa que los periodistas no podrán ser procesados penalmente por sus denuncias y que cualquier conflicto con su reportería debería ser resuelta por lo civil. No más casos como los de Emilio Palacio del Universo o Martín Pallares. Aunque con Lenín Moreno, la prensa no fue el punching bag del gobierno, la LOC no ofrecía ninguna garantía de otros gobierno de turno. Este proyecto sería una vacuna contra los posibles y tan frecuentes berrinches de mandatarios.
Pero falta trabajo y debate. La organización advirtió sobre puntos específicos que podrían causar problemas y, de hecho, dificultar el trabajo periodístico.
El artículo 8, sobre la inviolabilidad de las comunicaciones personales, por ejemplo, no tiene definiciones claras sobre lo que es la “comunicación personal”.
La investigación periodística con frecuencia ha recurrido a la filtración de información. Algunas de las investigaciones que se realizaron durante el gobierno de Lenín Moreno, por ejemplo, a María Paula Romo, o más recientemente al hijo del alcalde de Quito, Sebastián Yunda, podrían ser penalizadas con el artículo como está redactado ahora.
También hay omisiones importantes. La abogada Lolo Miño, defensora de los derechos humanos, advirtió en una entrevista con Sol Borja del riesgo de que en aras de descorreizarlo todo se eliminen artículos necesarios e importantes.
Miño habló, por sobre todo, de los estándares y garantías que la LOC brindaba a grupos normalmente excluidos ya sea por una historia de discriminación o por condiciones materiales: las radios comunitarias, por ejemplo, en lugares de difícil acceso, que no están en igualdad de condiciones con medios privados. Sin una perspectiva de género, dijo Miño, tampoco se consideraban mecanismos para garantizar los derechos de mujeres y niños en el tipo de programación. Sin esas normas, tampoco se podría regular mensajes de odio o discriminatorios contra la comunidad LGBTQ+. Miño además dijo que no había los porcentajes para la concesiones de frecuencias que, al menos en teoría, estaban pensadas para democratizar el acceso a los medios. Y ojo, la abogada hizo una precisión importante sobre el tema de promoción local: aunque la LOC imponía contenidos y franjas para artistas locales, faltaba una política pública integral. “Era una solución parche”.
En esto coincide Fundamedios: la omisión respecto al necesario fortalecimiento de medios públicos y comunitarios. No es una omisión menor: las alternativas deberían ser protagónicas en este proyecto. La promoción y fortalecimiento de medios públicos y comunitarios diversos son un mecanismo que, sin espíritu sancionador, estimularía el constante mejoramiento de la prensa libre.
Que venga el debate. La ley enviada por el Ejecutivo era necesaria y urgente, no solo en los cambios que propone sino en la conversación que ha vuelto a generar, esta vez, sin la tutela y las amenazas del aparato estatal.
El rol de la prensa debe ser de fiscalizar la función pública. Por eso, la apertura del gobierno de Lasso a blindar al periodismo de las posibles injerencias o el control del Estado, más que un acercamiento o un estrechón de mano, es lo mínimo que se puede esperar. No es un favor. Su discurso por eso debe alejarse del péndulo polarizador que pretende eliminar todo lo que se hizo antes. Ahora que la ley está en estado embrionario, la conversación nacional y la de la Asamblea tiene es una oportunidad de oro para poner sobre la palestra la necesidad de educar audiencias críticas que permitan a la prensa hacer su trabajo con responsabilidad y con mecanismos de veeduría interna y ética periodística. Esta ley podría ser, a diferencia de la anterior, una herramienta, no un bozal. Depende de la conversación de hoy.
