El Consejo de Administración Legislativa (CAL) es el máximo órgano de administración de la Asamblea Nacional de Ecuador.
El CAL está establecido y regulado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que en su artículo 13 lo define como el órgano con mayor autoridad en la administración interna de la Asamblea Nacional.
Está conformado por siete integrantes: la presidencia de la Asamblea, dos vicepresidencias y cuatro vocalías. La presidencia del CAL recae en quien ocupa la presidencia de la Asamblea Nacional, mientras que su secretaría está a cargo del secretario general o del prosecretario general del Legislativo. Actualmente, ese cargo lo ejerce Alejandro Xavier Muñoz Hidalgo.
Una vez que inicie el nuevo periodo legislativo (2025-2029), deberán designarse nuevamente a los siete miembros del CAL.
¿Qué funciones tiene el CAL?
La función del Consejo de Administración Legislativa es establecer la prioridad con que se presentan los proyectos de ley. Además de planificar las actividades legislativas. Libia Rivas, Presidenta del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos y ex secretaria de la Asamblea Nacional, explica que el CAL “es el primer filtro en el procedimiento legislativo”.
En el ámbito legislativo, dice Rivas, el CAL es quien verifica el cumplimiento de los requisitos de los proyectos de ley para que sean calificados o no y después sea remitido a las comisiones especializadas de la Asamblea.
Entre sus atribuciones está sugerir al Pleno de la Asamblea Nacional la creación de comisiones especializadas ocasionales. Rivas explica que estas comisiones son creadas siempre y cuando el asunto no pueda ser tratado en las catorce comisiones ya existentes, pero la creación de las comisiones debe ser aprobada por el pleno de la Asamblea.
En el ámbito fiscalizador, dice Rivas, el CAL tiene la competencia de admitir a trámite los juicios políticos en contra del Presidente o Vicepresidente de la República o de funcionarios públicos — entre los que están ministros de Estado, la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social—.
En el ámbito de los indultos o amnistías, el CAL verifica el cumplimiento de requisitos y admiten a trámite o no.
¿Cómo se conforma el CAL?
El CAL está compuesto por asambleístas de las bancadas más numerosas en la Asamblea Nacional.
Según la ley, sólo pueden constituirse como bancadas aquellas agrupaciones que cuenten con al menos 15 legisladores. En el periodo 2025-2029, únicamente la alianza entre la Revolución Ciudadana y Reto, con 67 curules, y el movimiento oficialista ADN, que logró 66 escaños (y ahora cuenta con 74 gracias a alianzas con otras fuerzas) cumplen con ese requisito.
Esto deja a los bloques minoritarios, como Pachakutik y el Partido Social Cristiano, en una posición en la que su participación en el CAL depende de negociaciones con las dos bancadas principales. Aunque ADN encabeza el número de curules, aún necesita al menos tres más para alcanzar la mayoría absoluta.
Las decisiones que han puesto al CAL en el centro del debate
En los últimos años, el Consejo de Administración Legislativa ha tomado resoluciones que han generado cuestionamientos tanto dentro como fuera del Parlamento. Una de las más discutidas fue su decisión de permitir el trámite del proyecto que planteaba elevar el IVA del 12% al 15%. La propuesta, impulsada por el gobierno de Daniel Noboa como parte de un paquete de seguridad, fue criticada por sus posibles efectos sobre el costo de vida.
Otra resolución que provocó controversia fue la admisión del proceso de juicio político contra la fiscal general Diana Salazar. Aunque la actuación fue interrumpida por una licencia médica y luego archivada, el caso alimentó denuncias sobre un uso político de los mecanismos de control.
También causó debate la aprobación del juicio político a la ex ministra de Energía, Andrea Arrobo, en pleno contexto de cortes de luz y desabastecimiento. Para algunos sectores, esta acción tuvo más motivaciones políticas que técnicas.
No es la primera vez que el CAL se involucra en episodios clave. En 2023, calificó el pedido de juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso. Esa acción precipitó la aplicación de la llamada “muerte cruzada”, que terminó con la disolución del Legislativo y abrió el camino a elecciones anticipadas, en las que Daniel Noboa ganó la presidencia.
Un año antes, en 2022, el organismo decidió dejar sin efecto el juicio contra el entonces ministro del Interior, Patricio Carrillo, debido a fallos en el procedimiento. La decisión fue vista como una forma de frenar el proceso, aunque más adelante este se reactivó y concluyó con la censura del exfuncionario.
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