LAa gestión de Andrea Arrobo como ministra de Energía y Minas —del gabinete de Daniel Noboa— empezó el 23 de noviembre de 2023 y concluyó el 16 de abril de 2024.
Desde entonces, es el foco de un intenso debate político y social en Ecuador.
En su gestión, se agudizó la crisis energética que vive el Ecuador. Eso derivó en la enemistad con Noboa, una investigación por presunto sabotaje y un juicio político que ya tiene fecha en la Asamblea Nacional: el 13 de diciembre de 2024.
El contexto del juicio político contra Andrea Arrobo
Desde su inicio, el gobierno de Daniel Noboa enfrentó complejos desafíos en el sector energético, exacerbados por factores internos y externos que afectaron la producción y distribución de energía, como el severo estiaje que afecta a la región, la falta de planificación, errores operativos, la escasa previsión y la decisión de Colombia de no vender energía al país.
Todos estos factores expusieron la vulnerabilidad del sistema eléctrico ecuatoriano.
En ese contexto, Andrea Arrobo es clave para entender la dinámica y las decisiones que llevaron al país a dos meses y medio (y contando) de severos racionamientos eléctricos, que han afectado la economía, la producción y la vida cotidiana de los ecuatorianos.
El juicio político en su contra se originó en abril de 2024, cuando el gobierno de Noboa alegó que había ocultado información crucial sobre la crisis energética.
La petición de juicio fue presentada por los legisladores Ana Galarza y Jaime Moreno (del movimiento Construye) y por el socialcristiano Vicente Taiano, quienes argumentaron que Arrobo había tenido conocimiento anticipado de la crisis y no había tomado las medidas necesarias para mitigar sus efectos.
Según ellos, la falta de acción de Arrobo contribuyó al deterioro de la situación energética en el país.
Galarza presentó pruebas que, según ella, demuestran que el estiaje y el deterioro de las estructuras energéticas eran previsibles y requerían intervención inmediata.
Sin embargo, aduce, Arrobo no implementó acciones correctivas, dejando al país vulnerable ante los racionamientos.
En respuesta, la exministra argumenta que su gestión se vio limitada por un marco burocrático que obstaculizó la toma de decisiones rápidas y efectivas.
La solicitud de juicio fue calificada en la Comisión de Fiscalización el 15 de octubre, tras cumplir con los requisitos de forma, entre ellos, la presentación de 36 firmas de las 34 que se requieren según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
Arrobo presentó el 31 de octubre de 2024, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, las pruebas de descargo del juicio político en su contra.
Durante la sesión virtual de ese día, se leyó el documento que Arrobo había enviado previamente a los miembros de la Comisión.
En su exposición, dijo que al asumir el Ministerio de Energía, Ecuador enfrentaba una época de estiaje y racionamientos.
Afirmó que, además de las condiciones climáticas extremas, “los racionamientos también son resultado de la falta de gestión e inversión de gobiernos anteriores, lo que ha hecho que la crisis se vuelva cada vez más compleja con el tiempo”.
También dijo que el presidente Daniel Noboa sí conocía de la situación crítica del sistema energético.
Un día después, el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, le respondió: “Recordamos a la ciudadanía que fuimos nosotros quienes denunciamos ante la Fiscalía a exfuncionarios que habrían ocultado información crucial para la toma oportuna de decisiones”, afirmó en un comunicado publicado en su cuenta de X.
Dieciocho días después, la Comisión de Fiscalización intentó calificar el juicio político contra Arrobo, pero la Revolución Ciudadana votó en contra del informe que recomendaba continuarlo.
Pero el 27 de noviembre, el oficialismo tuvo el respaldo del Partido Social Cristiano y Construye, y con 80 votos afirmativos la Asamblea decidió continuar con el proceso.
Arrobo debe comparecer ante el pleno para escuchar a sus acusadores y defenderse el viernes 13 de diciembre.
En el supuesto caso de que el Pleno decida, con 92 votos, censurar a Arrobo, no podrá ejercer un cargo público por dos años.
Acusación del gobierno y defensa de Arrobo
En abril de 2024, cuando un apagón masivo dejó sin energía a todo el Ecuador, el gobierno de Noboa, en un intento por deslindar responsabilidades, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra Arrobo y cerca de veinte funcionarios, entre ellos, el Viceministro de Electricidad y Energía Renovable, subsecretarios, asesores, gerentes y subgerentes de instituciones públicas, acusándolos de sabotaje.
Esta reacción reflejó la gravedad de la crisis, por un lado. Por otro, mostró la necesidad de encontrar culpables en un entorno político altamente polarizado.
En la Asamblea, la bancada correísta intentó archivar el juicio político, pero no logró obtener los votos necesarios. Como resultado, el 27 de noviembre de 2024 se ratificó la continuidad del proceso legislativo contra Arrobo.
A pesar de las acusaciones en su contra, la exministra defiende su gestión. Dice que informó oportunamente al entonces secretario de la Administración Pública, Arturo Félix, sobre el estado crítico del sector energético.
Según Arrobo, la falta de respuesta adecuada por parte del gobierno no era atribuible a ella, sino a una falta de acción coordinada desde el más alto nivel de la administración.
Además, alega que, junto a Arturo Félix, realizó visitas sorpresas a las instalaciones del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) para evaluar la situación y proponer soluciones.
Estas acciones, según su defensa, demostraron su compromiso con la transparencia y la búsqueda de alternativas para enfrentar la crisis.
El juicio político a Andrea Arrobo no solo refleja las tensiones internas dentro del gobierno de Noboa, sino que también pone de relieve la fragilidad del sistema político ecuatoriano.
La polarización que divide a sus partidos y movimientos, así como las luchas de poder dentro del gabinete, complica la gobernabilidad, mientras la ciudadanía espera respuestas efectivas ante un problema tan crítico como los extensos cortes de luz.
El oficialismo sostiene su postura de que la ex ministra de Energía incumplió con sus funciones. “El papel aguanta todo”, dijo Valentina Centeno, asambleísta de ADN, el movimiento del presidente Noboa. “Necesitamos ministros que no solo alerten sobre la problemática, sino que también tomen acciones concretas”, alegó Centeno.
Según la legisladora, en la administración de Arrobo no se tomaron las medidas necesarias a tiempo. “La oposición siempre está aprovechando la confusión”, concluyó Centeno, aludiendo al respaldo que ha recibido Arrobo en la Asamblea de los rivales del gobierno de Daniel Noboa.
A diciembre de 2024, así está el juicio contra Arrobo
Andrea Arrobo fue llamada a comparecer ante el Pleno de la Asamblea el 4 de diciembre de 2024.
El Legislativo le solicitó a Arrobo que presente pruebas sobre la presunta negligencia del presidente Noboa en la crisis energética, las cuales, según ella, están respaldadas por chats en los que advertía al Presidente sobre los apagones.
Sin embargo, Arrobo no asistió a la convocatoria, alegando persecución y acoso por parte del gobierno del que fue parte y la justicia.
Envió una carta pública en la que expresó su temor a posibles acciones en su contra y contra su familia, argumentando que el gobierno vive un momento político “que requiere un chivo expiatorio”.
También apuntó contra la supuesta cercanía del Ejecutivo con ciertos grupos en la Asamblea, lo que la llevó a manifestar su preocupación de que, si decidiera asistir, “podrían acusarme sin pruebas como forma de venganza”.
Arrobo afirmó que tanto ella como su familia han sido objeto de amedrentamiento, mencionando que drones han sobrevolado su hogar y que patrulleros han acosado a sus familiares.
Por esta razón, reiteró su imposibilidad de asistir para “contar la verdad” y solicitó que se actúe con base en las pruebas de descargo que presentó anteriormente ante la Comisión de Fiscalización, en la primera fase del juicio político en su contra.
En respuesta, el Legislativo le ha ofrecido todas las medidas de protección necesarias para que pueda ejercer su defensa sin correr riesgos.
Según el artículo 131 de la Constitución, para proceder con la censura y destitución de Arrobo, se necesita el voto favorable de las dos terceras partes de los asambleístas. Es decir, 92 de los 137.
Por ejemplo, en el juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia, realizado el 23 de octubre de 2024, la moción de censura obtuvo 77 votos a favor, 40 en contra y 16 abstenciones, insuficientes para alcanzar los 92 votos necesarios para su destitución.
Es probable que el Legislativo continúe insistiendo en que la exministra ejerza su defensa y presente las pruebas de sus declaraciones ante el pleno.
La Asamblea Nacional reanudará el juicio político contra la ex ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, el 13 de diciembre a las 9 de la mañana.
Será un proceso fundamental para esclarecer responsabilidades en una crisis que afectó a millones de ecuatorianos.
El juicio político contra Andrea Arrobo, su suspensión e impulso, es un nuevo capítulo de tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo, mientras el país espera respuestas sobre el manejo de la crisis energética y soluciones a los racionamientos.
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