La comunidad Dikapare, de la Nacionalidad Waorani, entre las provincias amazónicas de Pastaza, Orellana y Napo recibió “agresiones y uso desmedido de la fuerza pública”, según un comunicado de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE). Según la información difundida por la Nacionalidad, la mañana del miércoles 14 de abril de 2021, un grupo de militares llegó a esa comunidad cuando un grupo de personas reclamaba el pago de utilidades afuera del campamento Armadillo del bloque petrolero 55 operado por la empresa Ecuaservoil S.A., un consorcio conformado por la estatal bielorusa Belorusneft y la empresa ecuatoriana Edinpetrol.
Darío Villacís, comunicador de la NAWE, dijo que alrededor de 10 personas y sus familias que trabajan para Ecuaservoil, reclaman los pagos de utilidades. Ante las protestas, al menos 5 camiones militares llegaron a la zona, dijo Villacís. Pedimos una versión de lo sucedido a Petroecuador, empresa estatal encargada de todos los bloques petroleros pero hasta las 6 de la tarde de hoy, 16 de abril, no hubo respuesta. “Los trabajadores que piden sus pagos siguen en la protesta”, dijo Villacís. Según el comunicador, los militares lanzaron gases lacrimógenos y perdigones a quienes protestaban por los pagos.
El comunicado de la NAWE publicado ayer, 15 de abril, dice que los militares llegaron ahí para proteger a las empresas petroleras que operan cerca de sus territorios. Villacís dijo que por las hubo cuatro heridos, causados, alegó, por agresiones de los militares. Entre ellos, una anciana matrona de Dikapare, quien fue trasladada a un hospital de El Coca, capital de la provincia amazónica de Orellana. La mujer fue dada de alta luego de unas horas. Su hija presentó una denuncia en la Fiscalía por las agresiones físicas que habría recibido su madre.
Debes Saber
La NAWE dice en su comunicado que estarán “vigilantes” por los hechos de violencia que vivieron. La organización también pidió que la Fiscalía de Orellana investigue los hechos y determine los responsables por la “violación al derecho a la integridad física de las familias Waorani”. La NAWE pidió a la Defensoría del Pueblo que vigile el proceso.
Darío Villacís dijo que, desde hace algunos años, la comunidad Dikapare ha llegado a acuerdos directos con la empresa petrolera. “La NAWE no ha tenido participación”, dijo. En los próximos días, Dikapare resolverá qué acciones tomará sobre lo que Villacís llamó “represión militar”.
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La organización denominada Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos confirmó en una publicación en su cuenta de Twitter que hasta las 6 de la tarde de hoy 16 de abril, los militares permanecían en Dikapare. En su publicación, la organización exigió “que cese violencia contra la comunidad”.
