La tarde de hoy, 10 de abril de 2021, el presidente Lenín Moreno, envió al Registro Oficial, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Una vez que se publiquen en dicho registro, entrarán en vigencia. 

El Registro Oficial está adscrito administrativa y financieramente a la Corte Constitucional y se encarga de la publicación y difusión de: leyes, decretos, reglamentos u otras normas. Fue institucionalizado en 1895 por el presidente Eloy Alfaro. 

El proyecto de reformas fue aprobado por la Asamblea Nacional, en la tarde del 9 de marzo de 2021. Ese día César Litardo, presidente de la Asamblea, envió el proyecto reformatorio aprobado por el legislativo al presidente Moreno para que lo vete o lo acoja. Hoy, mediante un oficio, Moreno pidió a Hugo Del Pozo, director del Registro Oficial, publicarlas en el Registro Oficial, lo que significa que las acogió totalmente. Jimmy Candell, asambleísta por el Movimiento Peninsular Creyendo en Nuestra Gente, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología dijo que “Ecuador tendrá una ley de educación verdaderamente inclusiva, intercultural y de calidad”. Según Candell, el proyecto fue presentado por más de 30 asambleístas de todas las bancadas en 2015. 

El proyecto de reforma fue aprobado con 126 votos a favor y 8 abstenciones de los 134 asambleístas presentes. Para llegar al documento final, en la Asamblea Nacional se recibieron las comparecencias de Monserrat Creamer, actual Ministra de Educación, expertos, y representantes de organizaciones sociales, como la presidenta de la  Unión Nacional de Educación, Isabel Vargas. También hubo largos debates de los asambleístas. El proyecto reforma el 80% de la ley que entró en vigencia desde 2011. 

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Entre los cambios más importantes que incorporan las reformas aprobadas, están la mejora en las condiciones laborales de los maestros. Los maestros accederán gratuitamente a cursos o capacitaciones profesionales, recibirán incentivos monetarios y no monetarios por sus méritos, logros y aportes relevantes. La reforma establece que recibirán una remuneración acorde a su experiencia, solvencia académica y evaluación. El sueldo base de los docentes será 2,5 salarios básicos unificados, es decir mil dólares. También tendrán derecho a 30 días de vacaciones anuales ininterrumpidas. Los maestros se podrán jubilar con 30 años de servicio, sin límite de edad. 

Según las reformas, el Estado debe garantizar el presupuesto para la educación básica y de bachillerato. La reforma propone que se destine el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación. Actualmente, la ley dice que se debe destinar el 5% del PIB. Sin embargo, durante la emergencia sanitaria por el covid-19 hubo reducción de presupuesto, aunque la ministra Creamer dijo que el presupuesto fue “reprogramado”. 

La rectoría de academias policiales y militares volverá a esas instituciones. En el artículo 59 de la reforma dice que serán consideradas como instituciones fiscomisionales —es decir, financiadas en parte por el presupuesto general del Estado y en parte por el cobro de matrícula o pensiones. Estas instituciones podrán ofrecer asignaturas adicionales al currículo nacional de acuerdo a su identidad, filosofía o valores pero no podrán dar ninguna asignatura de formación militar. 

Se reforzará el bachillerato de Artes, Cultura y Patrimonio. Habrá incentivos administrativos y financieros para las las instituciones que ofrezcan este tipo de educación. 

Además, la reforma busca proteger los derechos de los docentes y estudiantes. Esa protección será independiente de las circunstancias económicas, físicas, psicológicas, nacionalidad, cultura de los niños, niñas y adolescentes, dice el proyecto aprobado. Las personas de las instituciones educativas que sepan sobre vulneración de derechos estarán obligadas a denunciarlas en un plazo de 48 horas. 

Luego de saber que el proyecto no recibió objeciones del ejecutivo, la Unión Nacional de Educadores, histórica organización de maestros, dijo en Twitter “la UNE junto al magisterio alcanza una importante victoria para la educación pública”.