La presunta violación de una niña en un transporte escolar, explicada

La Fiscalía abrió una investigación por presunta violación de una niña relacionada a un colegio de Quito. El delito se habría cometido en una unidad de transporte escolar. 

El 13 de mayo de 2022, la Fiscalía dijo en su cuenta de Twitter que abrió otra investigación en contra de las autoridades del colegio porque habrían cometido el delito de omisión. Es decir, que las autoridades se abstuvieron de un hacer, o haber dejado de hacer, algo necesario cuando se comete un delito.

El 3 de mayo de 2022, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció la detención del presunto agresor, que era buscado por las autoridades. Lo identificaron solo como Darwin Kléber J. F. 

Después de haber sido detenido en Lago Agrio, en la provincia amazónica de Sucumbíos, el conductor del bus fue trasladado a Quito. 

Ya en la capital, la madrugada del 4 de mayo de 2022 se instaló la audiencia de formulación de cargos. En la audiencia, la Fiscalía presentó las evidencias contra el conductor del bus y le formuló cargos por el presunto delito de violación. 

En base a las pruebas presentadas por Fiscalía, un juez de garantías penales dio paso al inicio de la etapa de instrucción fiscal —que durará 90 días— y dictó prisión preventiva contra el conductor del bus.

Cuatro meses después, el 20 de septiembre de 2022, Darwin Kléber J. F. fue llamado a juicio por la presunta violación de la menor. En la audiencia preparatoria de juicio, el fiscal del caso presentó elementos de convicción. Uno de esos fueron exámenes toxicológicos que revelaron que la adolescente fue obligada a consumir bebidas alcohólicas que le hicieron “perder la voluntad”. 

Otro de los elementos fue un perfil de ADN con el que se determinó que había “fluidos en el cuerpo de la adolescente”, según un comunicado de la Fiscalía. También se tomaron en cuenta las versiones de la adolescente y sus compañeros. 

Además de llamar a Darwin Kléber J. F. a juicio, el juez ratificó la prisión preventiva en su contra y la prohibición de enajenar bienes. Según la Fiscalía, eso se hizo “a fin de garantizar una posible reparación integral a favor de la agredida”. 

El caso

La Fiscalía anunció en su cuenta de Twitter la mañana del 26 de abril de 2022 que el fiscal a cargo del caso “dispuso las respectivas diligencias y se ordenaron medidas de protección para la víctima y su familia”. El nombre del colegio al que prestaba servicios el transporte escolar donde habría ocurrido la agresión fue inicialmente guardada en reserva, pero luego se hizo público que era el colegio fiscal Luis Napoleón Dillon, de Quito.

La presunta agresión se hizo pública el 25 de abril. Sin embargo, Diana Castellanos, subsecretaria para la Innovación Educativa y el Buen Vivir del Ministerio de Educación, dijo anoche en una rueda de prensa que el colegio, la Fiscalía y el Ministerio de Educación conocieron de los hechos el mismo día en que habrían sucedido, el 21 de abril. 

La Subsecretaria dijo que ese día, un grupo de estudiantes acompañó a la víctima al departamento de consejería estudiantil de su colegio. Castellanos dijo que la persona encargada de este departamento habló con los estudiantes y llamó al ECU 9-1-1 y a la madre de la menor, que es su representante legal.  

Después de esa llamada, según Castellanos, llegó al colegio la Policía y miembros de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) para hablar con la víctima y la madre. Después, dijo la Subsecretaria, al lugar llegaron funcionarios de la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía.

Castellanos dijo que con la información entregada por los estudiantes al departamento de consejería se hizo un “informe del hecho de violencia” que sirvió para que el colegio pusiera una denuncia ante la Fiscalía, que fue presentada al día siguiente, el 22 de abril. 

La subsecretaria Castellanos dijo que el conductor del bus acusado de presunta violación trabajaba para una compañía privada contratada por el colegio. Edgar Acosta, coordinador jurídico del Ministerio de Educación, dijo anoche que el conductor no tiene una vinculación directa con el Ministerio y que por eso no pueden aplicar sanciones administrativas. Hasta el momento, no se ha confirmado si el conductor ha sido detenido.

Cuestionamientos sobre la investigación

La Fiscalía dijo que su Equipo de Género ha acompañado a la víctima y a su familia “desde el momento que se conoció el hecho”. Además, dijo que “se solicitó la revisión del accionar de todos quienes intervinieron en la recepción de la denuncia”. Los padres de la niña sostienen que el colegio no actuó de forma correcta después de recibir la denuncia. 

En una entrevista en las afueras del Ministerio de Educación, la mañana de hoy, el abogado de los familiares de la niña dijo que “las autoridades del colegio fueron cómplices del supuesto violador”. Según el abogado, la menor denunció lo que pasó cuando el acusado y el dueño del vehículo estaban presentes en la institución educativa, pero las autoridades del colegio habrían ayudado al conductor a escapar. 

El abogado dijo que “ni siquiera la tutora, la directora, nadie tuvo la decencia de llamar a la policía”. Según él, lo que aseguró el Ministerio de Educación sobre un supuesto llamado al ECU 9-1-1 era mentira porque las autoridades del colegio le creyeron al conductor que habría asegurado que la menor “estaba tomada y que estaba hablando incoherencias”. 

La mañana de hoy, María Brown, ministra de Educación, dijo en una rueda de prensa que “la evidencia indica que no ha habido una falta al protocolo establecido [para tratar denuncias de violencia sexual en instituciones educativas] porque tenemos el respaldo de que todos ellos fueron entregados en el tiempo estipulado”. 

Sin embargo, aseguró que la denuncia y los reportes presentados son solo la primera fase de lo que el Ministerio evalúa para determinar si se siguió el procedimiento adecuado para tratar casos de violencia sexual en las instituciones educativas. 

Brown dijo que en una segunda fase “verán cuál fue el accionar” de las autoridades del colegio y podrán determinar si hubo algún error. “Todavía no tenemos evidencia cierta de que haya habido una falta, debemos tener toda la información para emitir un criterio sobre si el accionar de la rectora tuvo algún fallo”, dijo Brown. 

Por eso, la Ministra pidió que si la ciudadanía tiene información o evidencias de que hubo un error en el tratamiento de este caso, presente la información a las instituciones correspondientes: la Fiscalía o el Ministerio de Educación. En caso de que se detecte que alguien no actuó de la forma correcta “podría haber sanción a un funcionario del colegio”, dijo Brown. Aunque, agregó, “por ahora no tienen evidencia de que se haya faltado al proceso”. 

¿Qué encontró la investigación del Ministerio?

La noche del 26 de abril de 2022, la ministra Brown dijo en otra rueda de prensa que aunque las autoridades del colegio “cumplieron con el proceso ordinario” al  entregar copia de denuncia y del informe del departamento de consejería estudiantil “no se cumplió con el protocolo a cabalidad”. 

Según Brown, “no se cumplió con los estándares de respeto, empatía y solidaridad que este tipo de casos demanda”. La Ministra dijo que se tiene que analizar que no solo se cumplan los procesos administrativos “sino que se salvaguarde y se cuide la integridad y el bienestar socioemocional de las víctimas”. 

Brown dijo que después de conversar personalmente con la madre de la víctima y que el personal del Ministerio de Educación hablara con los estudiantes, se pudo determinar que: 

1. No se dio el apoyo psicológico inmediato y permanente a la víctima y a su familia. 
2. No se acompañó de forma adecuada a los familiares y estudiantes para que hagan la denuncia. 
3. No hubo escucha activa a la víctima ni al resto de estudiantes que estaban en el autobús, que son víctimas secundarias. Brown dijo que los estudiantes se reunieron con las autoridades del colegio, pero esas conversaciones “no estaban dirigidas a su contención, sino a orientarles sobre cuál debería ser su discurso si hay preguntas sobre lo que pasó”.
4. Se priorizó mantener una buena imagen del colegio en vez de precautelar la integridad física y emocional de los estudiantes, especialmente de la víctima. 

“La preocupación sobre cuáles podrían ser las represalias sobre la imagen de la institución no tienen cabida en este tipo de casos”, dijo Brown. Por eso, dijo, el Ministerio pidió la renuncia a la rectora del colegio.

Brown dijo que después del mediodía esa renuncia fue aceptada y que en la tarde de hoy se formó una terna para encontrar su reemplazo. La Ministra aseguró que en las primeras horas de mañana decidirán quién será el nuevo rector o rectora de ese colegio. 

La ministra Brown dijo que tienen el nombre, la dirección y la foto del conductor del transporte escolar. Sin embargo, aclaró que deben esperar a que la justicia lo declare culpable y que van a “respetar el debido proceso”. Por eso, dijo, no se ha difundido más información sobre el sujeto. 

La mañana de hoy, los estudiantes del colegio en el que ocurrió el presunto delito hicieron una manifestación para rechazar la violencia sexual. Decenas de estudiantes caminaron desde la institución hasta el Ministerio de Educación con carteles y globos morados gritando “¡queremos justicia!”. En la rueda de prensa, Brown dijo que “se pretendió sancionar a los estudiantes que salieron a la marcha hoy”. La Ministra dijo que esa no fue una instrucción del Ministerio y que incluso el subsecretario de educación de la zona acompañó a los estudiantes a la marcha en la mañana y la tarde.