Daniel Mendoza, exasambleísta acusado de delincuencia organizada, se acogió al procedimiento abreviado junto a otros 7 acusados.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el procedimiento abreviado se puede aplicar para las infracciones con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años. La Fiscalía puede solicitarlo hasta la audiencia de juicio, y la persona procesada debe estar de acuerdo con someterse a este procedimiento, en el que el acusado admite haber cometido el delito, y a cambio de esa admisión, su pena es rebajada. De esa forma, se evita un juicio penal completo. El delito de delincuencia organizada, se sanciona con más de cinco años de cárcel si el sentenciado es quien ejercía el mando en la organización delictiva. Mendoza admitió el delito del que lo acusa la Fiscalía.
En la audiencia del procedimiento abreviado realizada hoy, 9 de noviembre en la Corte Nacional de Justicia, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar pidió 50 meses de prisión (4 años y 2 meses) para Mendoza. Para los otros acusados Jennifer Cobeña, Ángel Andrade y José Santos pidió 40 meses de cárcel (3 años y 4 meses). Para Edmundo Tamayo, ex director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Jean Carlos Benavides, asesor legislativo, Franklin Calderón y José Veliz, la Fiscal pidió 34 meses de cárcel (2 años y 10 meses). El juez nacional Marco Rodríguez aceptó el procedimiento abreviado. De esta forma, Mendoza quedó condenado a 4 años y 2 meses de cárcel. Entre todos los sentenciados deberán pagar 8 millones de dólares al estado como reparación integral por el daño material causado por su delito.
Además, Daniel Mendoza, Jennifer Cobeña, Ángel Andrade y José Santos deberán pagar una multa de 10 salarios básicos unificados. Edmundo Tamayo, Jean Carlos Benavides, Franklin Calderón y José Veliz deberán pagar cuatro salarios básicos unificados. El juez Rodríguez ordenó que se suspenda el derecho al voto de todos los sentenciados.
La fiscal Salazar pidió que se aplique el procedimiento abreviado para los ocho acusados en un dictamen presentado el 6 de noviembre. Según las acusaciones de la Fiscalía, los exasambleísta Daniel Mendoza y Eliseo Azuero eran los líderes de la red de corrupción en la construcción del Hospital de Pedernales, en la provincia de Manabí, una de las ciudades más afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. Ambos tienen fuero de Corte Nacional por haber ejercido las funciones de Asambleístas cuando ocurrieron los hechos. Por eso el proceso se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia y no en un juzgado de primera nivel.
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Daniel Mendoza, exasambleísta por Alianza País, fue detenido el 5 de junio de 2020, por el presunto delito de delincuencia organizada durante la construcción del Hospital Básico de Pedernales. Desde el 6 de junio, Mendoza cumple prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito por orden de un juez. Casi un mes después, el 1 de julio de 2020, Mendoza renunció a su cargo como asambleísta de forma irrevocable en una reunión virtual ante la Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional.
Cuatro personas que estaban vinculadas en la investigación, recibieron el sobreseimiento: Tania Saltos, esposa de José Véliz, Olga Macías, familiar de Franklin Calderón, Esteban Velásquez y Mario Ordóñez. El sobreseimiento “es un proceso que da por concluida su tramitación sin emitir una decisión final sobre el fondo del problema”.
