El 3 de junio de 2024, la relacionista pública Mayra Salazar —una de las 31 personas detenidas en el caso Metástasis, y cuyos chats permitieron abrir el caso Purga—  rindió su segundo testimonio anticipado en el caso Purga. Al siguiente día, 13 personas más fueron vinculadas al caso. Entre ellas están ex autoridades del Consejo de la Judicatura de Guayas, jueces y ex jueces, un comandante y un funcionario del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 

El caso Purga investiga una presunta red de delincuencia organizada en el sistema judicial. 

Salazar dio su versión en calidad de testigo protegida, esto es lo que dijo. 

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Mayra Salazar reafirmó su cercanía con Fabiola Gallardo. Dijo que trabajaba con la ex presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas y también procesada, desde octubre de 2021. Según Salazar, ella manejó toda la campaña de Gallardo para que llegara a ser la presidenta de la Corte. En 2022, cuando Gallardo ya estaba en la presidencia, Salazar fue contactada por el juez Johann Medina —otro procesado en Metástasis y Purga— para contratar sus servicios profesionales para la presidencia de la Corte Provincial de Guayas. Es decir, para Fabiola Gallardo. 

Según la versión, la coordinación de esta contratación de servicios de comunicación para Gallardo fue a través del ex asambleísta y también procesado por el mismo caso, Pablo Muentes, a quien, según Salazar conoció en ese momento. La contratación, según Mayra Salazar, era externa y pagada por Muentes. Es decir, que no constaba formalmente como funcionaria pública. Además, en esa reunión le pidieron a Salazar que fuera la mano derecha de Gallardo y que cada movimiento fuera reportado a Muentes. 

Durante casi dos años, según el testimonio anticipado de Mayra Salazar, trabajó en el mismo despacho de Gallardo para mejorar su imagen tras asumir su nuevo cargo. Debía indicarle cómo vestirse, maquillarse y peinarse. También escribió algunos discursos, intervenciones, entre otros productos de comunicación. Su relación era tan cercana que Salazar inclusive contestaba llamadas y mensajes del teléfono de Fabiola Gallardo. 

Por ello recibía 2500 dólares mensuales que eran pagados en efectivo en la casa de Pablo Muentes. Este, según Salazar era “su centro de operaciones”. 

En el testimonio anticipado de Mayra Salazar también dijo que Pablo Muentes manejaba el Sistema Judicial de Guayas- En su testimonio contó cómo Muentes promovió al doctor Reinaldo Cevallos —otro de los procesados—  de juez de primer nivel a juez de Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas tras favorecerlo en el caso del Banco del Pacífico, por el que Muentes recibió una indemnización de 4 millones de dólares. 

Muentes también habría ordenado movimientos administrativos a jueces que no quisieron colaborar y, a través de Gallardo y Salazar, manipuló concursos de evaluación y el sistema de sorteo de salas. Esto, supuestamente, para devolver favores y dirigir casos a los jueces que trabajan con Muentes. El exasambleísta también pidió cerrar los sumarios administrativos de Fabiola Gallardo y otro funcionario hoy vinculado al caso Purga. 

“Fue un secreto a voces que Pablo Muentes era quien manejaba el sistema judicial”, dijo Salazar. Por ello, nunca se compartía detalles en la cuenta de la red social X [de la Corte de Justicia de Guayas] sobre los casos que estaban vinculados a Muentes.

Donde sí publicaban contenido era en un centro de troles de Muentes. Estos contenidos eran parte del trabajo de Salazar quien, desde cuentas con perfiles falsos, atacaban al abogado externo del Banco del Pacífico y a un periodista que divulgó la noticia de la denuncia que Fernando Villavicencio —candidato a la presidencia asesinado— hizo contra Muentes por tráfico de tierras. 

Según Salazar, Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, PSC, al que pertenece Pablo Muentes, estaba al tanto del manejo del sistema judicial. “Durante estos años, el sistema judicial de la provincia de Guayas estuvo controlado por el PSC”. 

El mismo Muentes le confesó a Salazar, según ella, que era beneficiario de los contratos por servicios de limpieza de las dependencias judiciales en Guayaquil y otras provincias. Estos contratos se habrían realizado por más de 1,4 millones al año, durante cuatro años, a través de asociaciones vinculadas a Muentes y su familia. 

Cuando se acercaba el fin de la gestión de Gallardo, en enero 2024,  Muentes le pidió a Salazar que esta vez manejara la campaña de Hugo González, postulante para la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Finalmente, González fue elegido, llegó al cargo y, dos meses después, tras ser vinculado al caso Purga, presentó su renuncia el 8 de marzo de 2024. 

Salazar también dijo que tres de los cinco vocales del Consejo de la Judicatura trabajaban para Muentes: Wilman Terán, ex presidente de la Judicatura —detenido por el caso Metástasis— y los vocales Maribel Barreno y Xavier Muñoz —investigado por lavado de activos y obstrucción de la justicia. 

Según Salazar, los vocales lo hacían a cambio de “cuotas o espacios” en el Consejo de la Judicatura y de respaldo político en la Asamblea Nacional. De acuerdo al testimonio, Muentes tuvo un desacuerdo con Muñoz con lo que perdió su mayoría de respaldo en el Consejo de la Judicatura, el órgano de gobierno encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.  

En este entramado, la jueza Fabiola Gallardo buscó hacer acercamientos con procesados en casos en los que podría intervenir. Entre ellos está Daniel Salcedo —procesado por el caso Metástasis— quien conoció a Gallardo a través de Salazar. Mayra Salazar y Daniel Salcedo eran amigos. Tan pronto se conocieron, Salcedo le habría ofrecido a Gallardo 150 mil dólares que serían repartidos entre dos jueces y Gallardo, a cambio de un fallo judicial a su favor.

Uno de los jueces con los que se pensaba repartir el soborno se negó, por lo que la operación no se pudo concretar. Sin embargo, Salcedo y Gallardo siguieron en contacto. 

La ex presidenta de la Corte Provincial de Guayas también pretendía tener un acercamiento con Adolfo Macías, alias Fito, líder de la organización criminal de Los Choneros. Según Salazar, Gallardo pensaba intervenir en una apelación por el traslado de Fito, de la cárcel regional hacia la Roca —el Centro de Privación de Libertad de máxima seguridad. Fito cumplía una condena de 34 años de prisión por tráfico de estupefacientes, asesinato y delincuencia organizada, pero se escapó el 7 de enero.

Mientras Salazar trataba de contactarse con Fito, Gallardo habría encontrado la forma de acercarse al abogado de Los Choneros, Ronald Cantos.  Tras ese contacto, Fito habría enviado a Gallardo una cadena con una esmeralda y 6 mil dólares. Después, Gallardo agendó la apelación del traslado de Fito y, al tiempo, fue la fuga del líder de la organización criminal. 

Mayra Salazar habló de más sobornos. Dijo que Gallardo, a cambio de un fallo judicial a favor de un caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, recibió botellas de whisky, chocolates y estatuillas de bronce —de un militar montando un caballo y sosteniendo una bandera de Ecuador. Estos habrían sido entregados a cada uno de los jueces implicados en el fallo. Por este fallo, el piso del salón de “Los Presidentes” del edificio de la Corte Provincial de Guayas también fue cambiado.  

El cambio de piso habría sido una obra con la que Gallardo quería ser recordada, dijo Salazar en su testimonio anticipado.  

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