Christian Cruz es el segundo presidente destituido del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS —en este período— luego de por lo menos otros cinco funcionarios  de otros poderes del Estado. Su destitución, decidida el martes 12 de octubre de 2020 por la Asamblea Nacional,  demuestra cuán golpeadas por la corrupción están las instituciones en el país.

|¿Quieres saber cómo se hizo esta historia? Únete a la membresía GK para estar en contacto directo con el equipo de la redacción|

Cruz ya había sido cuestionado hace varios meses por, supuestamente, haber conseguido de forma irregular su carnet de discapacidad. Por ello, según el asambleísta socialcristiano, Henry Kronfle, Cruz se habría beneficiado de exoneraciones tributarias. 

— Hace un año ya destituimos a un pillo que mancilló la sotana, hoy es el turno de un farsante con kimono, le dijo Kronfle.

El asambleísta hacía una referencia a José Carlos Tuárez, el sacerdote que llegó a la presidencia del CPCCS y fue cesado apenas dos meses después de ser posesionado, en agosto de 2019. Junto con él fueron destituidos tres consejeros más: Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez. Todos por falta de probidad e incumplimiento de funciones. A Tuárez, además, se lo acusó de falsificación de documentos. 

No son las únicas autoridades que, en los últimos tres años, han pasado por juicios políticos o han renunciado tras señalamientos por presunta corrupción. La propia Asamblea, encargada de fiscalizar a los funcionarios públicos,  ha sido cuestionada. Por lo menos seis legisladores dejaron sus curules entre 2018 y 2020 por actos relacionados a tramas de corrupción. En el ejecutivo la película es muy parecida: dos de las cuatro personas que han ocupado el cargo de Vicepresidente de la República han salido envueltos en escándalos de corrupción.

Ahora, cuando ha arrancado el proceso electoral de 2021, es inevitable preguntarse ya no solo quiénes ganarán, sino quiénes terminarán su período y quiénes serán procesados o destituidos antes de hacerlo. Es una duda que quizás no teníamos en 2017, cuando elegimos a los actuales asambleístas y al presidente Moreno, quien, junto a Jorge Glas, debía gobernar por los cuatro años siguientes. 

PUBLICIDAD

Eso no ocurrió. Menos de seis meses después de ser posesionado, Glas fue sentenciado por asociación ilícita dentro de la trama Odebrecht, y perdió el cargo para el que fue electo. Su caso no ha servido necesariamente para la reflexión sobre el poder público, la corrupción y la responsabilidad que, como electores, tenemos al elegir quiénes van a ocupar esos puestos. Glas insiste en su inocencia y muchos de los partidarios del gobierno anterior se unen a las acusaciones de que es una supuesta víctima de persecución política. Rafael Correa, de quien Glas fue vicepresidente durante cuatro de los diez años en que gobernó, también lo defiende irrestrictamente. No hay en el Ecuador espacio para la autocrítica: todos son mártires, incomprendidos, perseguidos.

Hay más. Alejandra Vicuña, quien sucedió a Glas en el poder, tuvo que dejar su cargo apenas once meses después de ser posesionada. Renunció en diciembre de 2018, después de que un excolaborador la acusara de exigirle miles de dólares a cambio de mantenerlo como su asesor cuando ella era asambleísta. En enero de 2020, fue sentenciada a un año de prisión por concusión.

Este periodo nos dejó , también, al primer Ministro de Inclusión Económica y Social (MIES) de Lenín Moreno, en prisión. Iván Espinel tiene una sentencia por lavado de activos que fue ratificada en diciembre de 2019. Espinel está detenido desde abril de 2018 y tiene dos procesos aún pendientes: enriquecimiento ilícito y peculado. 

Espinel, el hombre que cuando era candidato a la Presidencia de la República en 2017, ofrecía cortar las manos a los corruptos, terminó tras las rejas —y con las manos intactas. Eso sí, su discurso caló en un sector de la población. En primera vuelta quedó en sexto lugar entre ocho candidatos, con un 3.18% de votos: casi 300 mil personas votaron por él. 

Espinel es un candidato que convenció a sus votante ofreciendo cortarle las manos a los corruptos —propuesta, además contraria a todo el marco legal ecuatoriano y a tratados de derechos humanos— y que, poco más de un año después sería detenido, relacionado a presuntos actos de corrupción.

Como otros, como siempre, el encanto del populismo tiene sus resultados: te ofrezco lo que quieras oír —aunque sea inviable— y, a cambio, me das tu voto. “Si es necesario el día de mañana en el país, tanto para violadores como para gente asesina, aplicaremos la pena de muerte”, dijo también el candidto Espinel. Inviable, inconstitucional, ilegal. Hubo, sin embargo, quien le quiso creer, quien eligió una mentira populista que ofrecía una solución mágica a un problema complejo. 

§

Con este récord, es inevitable preguntarse qué estamos haciendo mal para tener esos gobernantes.

Si como votantes, aceptamos propuestas que plantean resolver de un plumazo asuntos complejos —con absoluto desconocimiento de los derechos humanos—, no podemos entonces quejarnos cuando personajes con menos escrúpulos que ansias de poder, llegan a gobernarnos. 

O a legislar. Al menos tres asambleístas fueron destituidas por sus propios compañeros del pleno entre 2018 y 2019: primero Norma Vallejo de Alianza País y Sofía Espín de la Revolución Ciudadana. Luego, Ana Galarza de CREO. 

Vallejo y Galarza fueron acusadas por miembros de sus equipos de pedir colaboraciones indebidas. Vallejo fue sentenciada a un año de prisión y el proceso de Galarza sigue en investigación fiscal. A Espín se la destituyó por incompatibilidad de funciones: había visitado en prisión a Jessica Falcón, agente procesada por el secuestro del político Fernando Balda. 

En 2019, Yoffre Poma, asambleísta de la Revolución Ciudadana, también fue procesado por haber paralizado la refinería de Sucumbíos durante el paro de octubre de 2019. Fue sentenciado a un año y tres meses de prisión. Le siguió la condena a Viviana Bonilla, en abril de 2020, por cohecho, dentro de la trama Sobornos 2012-2016. 

A ellos deben sumarse los otros dos legisladores que renunciaron tras ser involucrados en actos de corrupción relacionados a los hospitales públicos. En julio de 2020, Daniel Mendoza, quien lleva cuatro meses detenido, y Eliseo Azuero, prófugo de la justicia.

Esos casos, ventilados públicamente en los medios de comunicación son, probablemente, parte de aquellos que involucran a 60 de los 137 asambleístas con procesos judiciales. Ese dato lo dio César Litardo, Presidente de la Asamblea Nacional, en una entrevista televisiva.

A pocos meses de terminar el período, la institución en la que el 43% de sus miembros tienen procesos judiciales, es la que debe fiscalizar a los demás funcionarios públicos. Eso es, por lo menos, una dolorosa ironía. 


También podría interesarte:

Transparencia: la deuda siempre pendiente

El CPCCS en agonía


Qué difícil darle legitimidad a las decisiones tomadas por una Asamblea cuyos miembros tienen procesos judiciales en su contra y que, además, tiene los niveles de popularidad más bajos de entre todas las funciones estatales. Entre agosto de 2017 y agosto de 2020, la aprobación ciudadana hacia esta institución cayó del 43% al 5%. La credibilidad en la palabra de los legisladores pasó del 29% al 2 %, según una encuesta de Cedatos. La ironía se vuelve aún más mordaz cuando entendemos que esa gente no está ahí por acto de magia, sino que la elegimos nosotros mismos hace pocos años. 

Los próximos 137 legisladores tendrán una tarea muy difícil: mejorar la tan desgastada imagen de la Asamblea Nacional, que, en este período estuvo llena de escándalos, procesos judiciales y renuncias por presunta corrupción.

Lo preocupante es que, en lugar de que estos escándalos sirvieran de precedente para una mejor calidad de asambleísta, parecen ser más bien una puerta a la impunidad. Una puerta hacia la lección equivocada: hazte asambleísta y estás blindado. 

Eso parece leerse entre líneas en los intentos de algunos personajes de inscribir sus candidaturas a la Asamblea Nacional: Daniel Salcedo pretendió inscribirse como candidato a la Asamblea Nacional por FE, la organización política creada por Dalo Bucaram. Salcedo, en prisión preventiva desde el 19 de junio de 2020, es investigado por cuatro presuntos delitos. Fue detenido después de que la avioneta en la que viajaba junto a su pareja, Joselyn Mieles —también procesada — se estrellara en la frontera con Perú. 

| Si quieres recibir los textos de GK en tu correo, regístrate aquí. |

Abdalá Bucaram Ortiz, otro de los aspirantes a la Asamblea Nacional por ese mismo movimiento, tiene cuatro procesos en su contra —por tráfico de armas, tráfico ilícito de bienes de patrimonio cultural, defraudación tributaria y asociación ilícita. Sus tres hijos Jacobo, Dalo y Michel Bucaram Pulley tienen cuentas pendientes con la justicia —solo Jacobo cumple prisión preventiva, los otros están prófugos. 

Los Bucaram —Salcedo está estrechamente relacionado a ellos— son parte ya de la historia política del país. Bucaram Ortiz gobernó apenas seis meses entre agosto de 1996 y febrero de 1997. La marca de su gobierno fue el autoritarismo, el abuso contra la prensa, la corrupción y el nepotismo. 

¿Tan pronto el país lo ha olvidado que aún cabe la mínima posibilidad de que Bucaram Ortiz vuelva a tener cabida en la vida pública del país? ¿Estamos dispuestos a entregarle un espacio de poder a un personaje misógino, xenófobo, violento y homofóbico? El riesgo es nuevamente que los ciudadanos aceptemos que Bucaram nos ofrezca un show de mala calidad —como fue ya su gobierno— a cambio de blindaje tras el poder legislativo. 

Y aunque quizás Salcedo y Bucaram son los ejemplos más burdos de ese intento de usar al poder en su beneficio, hay otros. Aquellos siete candidatos que intentaron participar en la contienda electoral pero que quedaron fuera porque adeudan pensiones alimenticias. Según El Telégrafo, entre ellos estaban los candidatos a asambleístas por Pachakutik, Salvador Quishpe, por Libertad es Pueblo, Fernando Balda y Marco Vinicio Rosas, y por Unión Ecuatoriana, César Rodríguez y Oscar Llerena.

 ¿Cómo pueden aspirar a un cargo público personajes que ni siquiera están al día con el pago de las pensiones alimenticias de sus hijos? Esto, que podría parecer un tema personal, demuestra la importancia que para ellos, tiene el bienestar de los niños, los suyos, los propios. ¿Qué podríamos esperar sobre su actuar con los demás ciudadanos?

Esto habla de la atención que, como votantes debemos prestar a quienes aspiran a llegar al poder —o a quedarse en él— también debe centrarse en las organizaciones políticas que los respaldan. Dos de las cuatro organizaciones que habían sido eliminadas del registro electoral por presuntas irregularidades en la obtención de su personería jurídica, están participando con binomio presidencial: Podemos, de Paúl Carrasco y Libertad es Pueblo de Gary Moreno, hermano del Presidente de la República.

Además, el exfiscal Washington Pesántez, excandidato presidencial en 2017 y líder del movimiento Unión Ecuatoriana, que postula binomio propio para 2021, fue denunciado ante la Fiscalía, en agosto de 2020, por Richard Intriago, dirigente del Movimiento Nacional campesino. Intriago dijo que Pesántez le quiso cobrar un 1.200.000 dólares para que Intriago “usara” su organización para candidatizarse a la Presidencia de la República. Según Intriago, hay también una tarifa para respaldar las candidaturas a la Asamblea: 400 mil para los que pretendan ser candidatos nacionales y 200 mil para los provinciales. No se conoce de ningún pronunciamiento de Pesántez al respecto. 

Con una acusación tan grave como esta, ¿qué confianza podríamos tener los electores en ese movimiento y sus candidatos? Nuestra obligación, ante casos como este, es, por lo menos dudar. Y si queremos evitar que los próximos asambleístas, presidente y vicepresidente caigan como figuras de dominó, dejando tras de sí una estela de duda, desconfianza y desasosiego, debemos, por lo menos cuestionarnos sobre las motivaciones que tenemos para elegir uno u otro candidato. 

Recordemos también que esos vicepresidentes sentenciados, los asambleístas destituidos o procesados, son una representación de la sociedad. Surgen de entre nosotros, de nuestro sistema de educación, de nuestra forma de pensar en la política y en la vida pública —por lo tanto, no pueden ser muy ajenos a lo que somos como colectivo. 

|Para saber las últimas actualizaciones sobre las Elecciones de 2021 en Ecuador, haz clic aquí|

Verlo, aceptarlo y entenderlo es también un primer paso para cambiarlo: empezando por aquello que, como ciudadanos hacemos y toleramos. Las coimas que estamos dispuestos a dar para no ser multados si hacemos mal uso de nuestro auto,  el tramitador que estamos dispuesto a pagar para acelerar un trámite, el silencio que estamos dispuestos a asumir por miedo a denunciar a una autoridad abusiva, la piedra que estamos dispuestos a lanzar al periodista cuyo reportaje nos molestó. Si eso somos, no podemos pedir más. Si queremos más, debemos ser mejores.

Las próximas elecciones son una nueva oportunidad para elegir bien a los personajes a cargo de tomar decisiones, elegir ministros y otros funcionarios de Estado, de fiscalizar y crear leyes. ¿Queremos perpetuar la historia de candidatos prontuariados, con poca calidad moral para llevar a juicio político a otros? ¿Queremos más candidatos que, al llegar al poder, abandonen su compromiso con sus votantes para ser sometidos ante la justicia?

 El voto es el único mecanismo que tenemos para decidir quiénes están frente a las instituciones del Estado. El voto y el compromiso permanente de vigilar que quienes lleguen al poder cumplan con el compromiso para el que fueron electos.