En un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, el Ministerio de Salud confirmó que hubo “una serie de inconsistencias e irregularidades” en los procesos de seguimiento y control de los carnés de discapacidad. El Ministerio anunció que investigará a los funcionarios involucrados en la entrega de los documentos.

El Ministerio desarrollará un nuevo software para Sistema Nacional Electrónico de Discapacidades, que “automatizará el proceso de calificación para evitar manipulaciones en la emisión de los carnés”. Además, se suspenderán las claves de acceso al Sistema Informático de Línea (SIL), que sirve para emitir estos certificados y para asignar a cada persona su respectivo porcentaje de discapacidad, mientras se suscriben acuerdos de confidencialidad con cada funcionario del equipo de calificación para la entrega del documento.

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Además, el Ministerio dijo que presentará denuncias en la Fiscalía en contra de funcionarios y exfuncionarios de la institución que “se encuentran involucrados en estos presuntos hechos de corrupción”. El Ministerio revisará todos los carnés emitidos durante la emergencia sanitaria por covid-19 y sancionará a los servidores que hayan incumplido con “las normativas y sus obligaciones propias”.

El comunicado del Ministerio se publicó horas después de que el presidente Lenín Moreno hablara sobre las irregularidades en sus redes sociales. El Presidente rechazó el uso “inescrupuloso y fraudulento” que ciertos ciudadanos le habrían dado a los carnés de discapacidad para acogerse a los “beneficios laborales y de importación de vehículos sin aranceles”.

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Moreno anunció nuevas disposiciones para evitar el uso inadecuado del documento: revisar todos los vehículos importados, suspender la exoneración de aranceles para estos casos y detener los autos adquiridos con carnés falsos. 

Además, el Presidente dijo que desde ahora las placas de los autos de personas con discapacidad tendrán un distintivo especial. El Ministerio de Salud será la entidad encargada de hacer una auditoría para revisar caso por caso, denunciar y sancionar a quienes hayan obtenido el documento irregularmente. El presidente Moreno anunció que también se reformarán “todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quienes realmente lo requieren”. Según el Presidente, la Fiscalía se encargará de investigar no solo el delito de importación de vehículos “sino también el caso de las indemnizaciones y beneficios laborales”.  

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dijo en su cuenta de Twitter que está trabajando para erradicar la corrupción. “Cero tolerancia con estas personas mal intencionadas que nunca piensan en el bien común. Garantizamos nuestros servicios de salud a los que más necesitan y en apego a la ley, se sancionará a los responsables”, dijo el ministro Zevallos.

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En una entrevista con Radio Huancavilca, el 2 de julio de 2020, el ministro Zevallos dijo que “existen incluso futbolistas que tienen carnet de discapacidad”. Zevallos confirmó que “las investigaciones ya están en curso”. Por ello, afirmó, no podía dar nombres. 

 El 2 de julio se supo que Christian Cruz Larrea, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y control Social (CPCCS) tiene un carné de discapacidad. Según el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Cruz tiene un 81% de grado de discapacidad y la exoneración de tributos del 80%. Además de ser presidente del CPCCS, Cruz  dice tener varios reconocimientos deportivos internacionales.

En un comunicado, Cruz alegó que en 2008 el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis) —encargado de entregar el carné en esa época— determinó que tenía 81% de discapacidad visual y auditiva por un golpe en la cabeza durante un entrenamiento físico. Según Cruz, esto no ha impedido que continúe con sus actividades deportivas “ya que para competir en artes marciales, esa condición no es excluyente”. El Presidente del CPCCS dijo que nunca ha comprado un bien utilizando su carné de discapacitado. 

El 1 de julio por la noche, por pedido de la Fiscalía, seis personas recibieron prisión preventiva por pertenecer a una presunta organización que utilizaba empresas de courier para ingresar al país mercadería no declarada. Según la Fiscalía, uno de los procesados, a quien no se identificó, estaría involucrado en la venta de certificados de discapacidad por los que presuntamente cobraría entre 1.000 y 1.300 dólares.