Fue una sesión de casi cuatro horas. El pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (el CPCCS) se reunió el 22 de julio de 2020, en forma virtual, como ocurre en época de pandemia. Eran casi las seis y media de la tarde cuando su Secretaria leyó la moción de la consejera María Fernanda Rivadeneira para que Christian Cruz renuncie a su cargo como Presidente del Consejo y pida licencia sin sueldo, durante tres meses, mientras se investigan los hechos relacionados a las supuestas irregularidades en la obtención de su carné de discapacidad. Quienes escuchábamos no sabíamos —aunque no nos sorprendería— que iba a hacer la enésima función del circo de un ente caricaturesco, cuya existencia es cada vez menos defendible.

Christian Cruz asumió la presidencia del organismo en agosto de 2019,  tras la salida José Carlos Tuárez, el sacerdote que fue destituido por la Asamblea Nacional, hoy procesado por asociación ilícita (por lo que cumple prisión preventiva hace ya ocho meses). Desde entonces, el CPCCS se ha mantenido en segundo plano, sin aparentes escándalos, intentando defender las razones de su existencia: promover la participación ciudadana. Eso decía, al menos, la Constitución de Montecristi que lo creó. 

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El consejo debía, en teoría, ser independiente de las otras funciones del Estado, pues iba a ser el responsable de elegir autoridades como Defensor del Pueblo, Superintendente de Bancos y Contralor. También debía estar conformado por representantes de la sociedad civil, lejos de la política partidista. 

En la práctica, tras diez años de ser funcional al gobierno de Rafael Correa, después de haber pasado por una consulta popular que cambió la forma de selección de sus consejeros, y tras un período turbulento en el que los dos presidentes han sido cuestionados públicamente —el uno, ya destituido y procesado, el otro aferrándose al cargo— el propósito del consejo parece haber fracasado. 

Entre intercambios de calificativos peyorativos, reclamos por “silenciar los micrófonos” y una disputa por el ejercicio de la presidencia durante la sesión, pasaron las cuatro horas. La consejera Rivadeneira, que dio sus pininos políticos en Alianza País cuando la organización estaba dirigida por Rafael Correa, quería, a toda costa, enfrentarse a Christian Cruz. Él, ignorándola, insinuando acusaciones, tildándonla de mentirosa y controlando la potestad de darle la palabra, procuraba salir invicto. 

— No le haga más daño a esta institución, qué es lo que oculta, qué es lo que quiere, somos parte de la función de Transparencia y Control social, ¿por qué impide que yo hable en los plenos?, decía ella, alzando la voz. 

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Según Rivadeneira y las otras dos consejeras opositoras a Cruz, Ibeth Estupiñán y Sofía Almeida, Cruz silenciaba sus micrófonos, impidiéndoles hablar. Ellas aparecían, cada cierto tiempo, en las ventanitas diminutas de la plataforma Zoom, con carteles. “Es mi derecho argumentar”, decía uno, “Déjenme votar”, decía otro. 

Antes, Rivadeneira había pedido que se le permitiera mostrar en la pantalla los documentos que, según ella, demuestran que Cruz habría obtenido irregularmente su carné de discapacidad en 2009. Según el carné, Cruz, experto en artes marciales, tiene 81% de discapacidad visual y auditiva. 

— Procedo a abrir la caja de Pandora de Christian Cruz. Mentira número uno. 

Con teatralidad, empezaba Rivadeneira su intervención acusatoria. En la media hora siguiente lo cuestionó, enumerando lo que ella llamó, sus mentiras. 

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La acusación contra Cruz sobre su carné de discapacidad no es nueva. En 2010, cuando aspiró por primera vez a participar en el concurso para convertirse en miembro de la institución que hoy preside, fue impugnado por el mismo motivo que hoy pone en riesgo su cargo. 

Esta impugnación fue desechada porque la persona que lo impugnaba no se presentó a sostener su acusación. Sin embargo no quedó en el aire: Omar Simon, entonces Presidente del Consejo Nacional Electoral —organismo que calificaba las candidaturas al CPCCS—, presentó una denuncia en la Fiscalía. 

Se abrió una investigación —Simon dice que nunca lo llamaron a rendir versión— pero finalmente en mayo de 2011 fue desechada y archivada. Aún así, Cruz no pudo participar como candidato pues una segunda impugnación, por supuestamente haber falsificado documentos que hacían parte de su postulación, sí fue aceptada.

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De eso han pasado diez años. Hoy Cruz evita mencionar el episodio —por el cual no podría volver a ser juzgado por la justicia— y prefiere concentrarse en justificar la validez de su carné. Dice que el método con el que fue evaluado es distinto al método de evaluación actual y que él se ha sometido a varios tratamientos y cirugías que le han permitido mejorar su condición. 

— He encontrado fuerza en la adversidad, a través del deporte. Bajo los principios cristianos, he podido tener la tolerancia suficiente para canalizar esta energía que recibo de algunas personas que están pensando en las próximas elecciones, dijo Cruz suavizando la voz, tras la intervención de Rivadeneira. 

Pero Cruz convence poco o nada. Aún menos a sus propios compañeros consejeros. Cinco de los siete votaron a favor de la moción de María Fernanda Rivadeneira. Además de ella, Ibeth Estupiñán y Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos. Solo Francisco Bravo se abstuvo. 

A él, durante toda la sesión, Rivadeneira lo llamó “el abogado defensor” de Christian Cruz. En una sesión unos días antes, Bravo había dicho —refiriéndose a las consejeras: “Seguramente deben estar ahorita chateando o utilizando el maquillaje y por lo tanto no escuchan”.

Cruz hizo una defensa tibia, apelando al proceso judicial ya cerrado pero evitando ahondar en los detalles de la obtención de su carné. Presentó un video en el que acusa a la prensa y a “sectores políticos” de mentir, habló de Jesucristo, su familia, su honor. Volvió a acusar a Rivadeneira de mentir y difamar, e insistió en que viene de una familia “cristalina y honrada”. Pero de fondo, dijo poco. 

Dos horas habían pasado hasta entonces y Cruz cedió la presidencia a Sofía Almeida, vicepresidenta del organismo. Dijo que no se iba a prestar para un “show” y que mientras durase la votación, él se retiraría. Apagó su cámara y Almeida asumió la presidencia de la sesión que continuó con interrupciones y cruces verbales entre los consejeros Bravo y Rivadeneira. 

— Usted quiere ser presidenta, entonces aprenda a dirigir la sesión — le dijo Bravo a Almeida por permitir que Rivadeneira lo interrumpiera.

Juan Javier Dávalos intervino poco después, brevemente, para decirle a Rivadeneira que él “no tiene por qué responder ni a sus delirios ni a sus odios”. David Rosero, parecía ajeno a la disputa, pues apenas  intervenía para votar. El órgano de la participación social y la transparencia era otra vez, como cada vez que se sabe de su existencia, un show. Cruz, a pesar de lo que dijo, fue parte de él —tan solo se retiró a media función.

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Allá por los tiempos prepandemia, el 10 de marzo de 2020, más de cuatro meses antes de que esta sesión del pleno del CPCCS tuviera lugar, el Consejo Nacional Electoral  aceptó 173.661 firmas como válidas para iniciar un proceso de reforma constitucional para eliminar el CPCCS. 


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El llamado Comité por la Institucionalización Democrática, es liderado por Pablo Dávila, un exconsejero del organismo que pretende eliminar. Dávila fue parte del CPCCS de transición, aquel que se conformó tras la consulta popular de febrero de 2018, cuyo resultado fue la cesación del antiguo consejo —con mayoría afín al correísmo— y  su reestructuración.

Tras el informe del CNE, el proceso pasó a la Comisión de Enmiendas —dirigida por la oficialista Elizabeth Cabezas— de la Asamblea Nacional, otra institución con una imagen severamente desgastada. La comisión debe entregar un informe al pleno —para el que no hay un plazo definido— y luego, el pleno tiene que votar pero, según varios expertos, tampoco está claro cuántos votos se necesitan para reformar la Constitución.

Parece que el futuro del CPCCS sigue siendo incierto, pero la poca o nula utilidad que ha tenido desde su nacimiento, parece ya, repetidamente demostrada

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En la sesión que debía tratar algo tan serio como el pedido de renuncia al segundo presidente del organismo en este período, terminó en una disputa por su presidencia. Una encuesta de Cedatos de julio de 2019 decía que 65% de los ciudadanos quieren eliminar el organismo y en el pleno parecen esforzarse para convencer al 35%.

Tras la votación, Cruz regresó al pleno y quiso volver a tomar el control de la presidencia pero la vicepresidenta Almeida, que la dirigía, se opuso. Cruz acusó a Rivadeneira de “destilar veneno”, olvidándose que poco antes le había deseado, a ella y al resto de sus detractores que “Dios les bendiga”. Entendía, había dicho “que la falta de claridad en la vida, falta de humildad y la falta de asesoramiento hace que los seres humanos actuen de forma descontrolada y oraré por ustedes”. Pero al ver en riesgo su presidencia, parecía olvidar su mensaje. 

Mientras tanto, Almeida intentaba darle sentido a la apelación que la consejera  Ibeth Estupiñán había hecho dos horas antes. Ella quería utilizar este mecanismo legal para intentar que Cruz no presidiera la sesión, argumentando que era incurrir en un conflicto de interés pues en ella se pretendía tratar el pedido de renuncia a Cruz. Sin embargo, su recurso fue ignorado por Cruz, que continuó presidiendo la sesión, estuvo presente en la argumentación en su contra y solamente se ausentó durante la votación. 

Cuando quiso volverla a presidir y Almeida y Cruz empezaron a alzar la voz, al mismo tiempo, intentando, cada uno, mantener el control de la sesión. Una hora duraría la pelea transmitida en vivo, como en los programas de la lucha libre —aunque el show del Consejo no era coreografiado sino de una patética autenticidad. 

— ¡Señora Secretaria, continúe con el orden del día! — decía Cruz.

La Secretaria, aturdida, apenas empezaba a leer el siguiente punto cuando Almeida, le decía: 

— ¡Señora Secretaria, por favor lea el artículo 424 de la Constitución de la República!

La Secretaria ignoró a Almeida para intentar dirigirse a Cruz. Almeida fue silenciada —en la pantalla se veía únicamente el movimiento de sus labios— mientras Cruz insistía a la Secretaria que prosiguiera con el orden del día. 

Finalmente, Cruz le dio la palabra a la consejera Estupiñán que pidió la expulsión de la sala de Cruz y que se reemplace a la Secretaria por obedecer a Cruz y no a Almeida. La sesión terminaría abruptamente, cuando la imagen de la transmisión se congeló sin más explicación. 

El show parecía haber terminado. Sin cierre de sesión, sin clausura, sin explicación —ni siquiera cuando los periodistas preguntaron en el chat de prensa del consejo. Y aunque el pedido de renuncia fue más un acto político que una posibilidad real, Cruz demostró cuánto se aferra a la presidencia de un organismo desgastado, con poca credibilidad y sin propósito. 

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El proceso que Rivadeneira insistía en llevar a la Fiscalía, demostrando desconocer que una persona no puede ser juzgada por el mismo delito dos veces, solo podría tener una vía política: la Asamblea Nacional. Éste es el único organismo con potestad para destituir a Cruz. 

Si eso ocurriera, sería el segundo presidente del consejo destituido en un período. El descrédito del CPCCS podría ahondarse. Si Cruz se queda, también. En un callejón sin salida, parece —nuevamente— que es cuestión de tiempo para que un organismo agonizante sus propios miembros sean quien lo empujen a dar su respiro final.