El exsacerdote dominico y expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez fue llamado a juicio el 24 de julio de 2020 por el presunto delito de asociación ilícita. Tuárez es acusado de ser miembro principal de una presunta organización delictiva dedicada a cobrar dinero para dar cargos en el sector público y por recibir dinero a cambio de contratos con el Estado. La jueza de Garantías Penales Marcela Ortega a cargo del caso aún no determina la fecha de la audiencia de juicio. 

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Tuárez será enjuiciado por el delito de asociación ilícita junto con tres personas más, identificadas como Marco Cadena, Silvia Corral y Jorge Ramírez. Según el artículo 370 del Código Integral Penal (COIP) este delito se castiga con tres a cinco años de cárcel. Dentro de este proceso, la jueza Ortega dictó sobreseimiento para tres personas, es decir fueron absueltas. 

En la audiencia preparatoria de juicio el fiscal César Suárez presentó 45 elementos recabados en la investigación como audios de llamadas telefónicas, facturas, estados de cuenta, letras de cambio y cheques. Según el fiscal Suárez, la organización delictiva liderada por José Carlos Tuárez tenía reuniones en Quito y Guayaquil. El fiscal también dijo que Tuárez estaba encargado de ofrecer puestos de trabajo en instituciones públicas como el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas y Petroecuador. 

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En este caso, doce personas ya fueron sentenciadas a un año de prisión, por el delito de asociación ilícita para ofertar cargos públicos. Entre ellas, Renata Jalkh, la hermana del expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Las doce personas se acogieron al procedimiento abreviado —un procedimiento que implica que los procesados aceptan la culpabilidad en el cometimiento del delito investigado, a cambio de una reducción de la pena y que puede aplicarse en delitos penados hasta con 10 años de prisión—.  Estas doce personas deben, además, pagar multas de cuatro salarios básicos, no podrán postularse a cargos de elección popular por diez años y tienen prohibido hacer contratos con empresas del Estado.

En un operativo de la Policía Nacional y la Fiscalía, el 28 de noviembre de 2019, José Carlos Tuárez fue detenido en Portoviejo por el presunto delito de tráfico de influencias, la policía también detuvo a treinta personas más. En ese momento, José Carlos Tuárez, elegido en marzo de 2019 como miembro del CPCCS y luego nombrado por el pleno del Consejo como presidente de este organismo, ya no estaba al frente del CPCCS porque fue destituido en un juicio político en la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones. 

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Al día siguiente de su detención, Tuárez recibió prisión preventiva por doce meses, de los que ya ha cumplido ocho en la Cárcel 4 de Quito. En este tiempo Tuárez ha solicitado habeas corpus, y caución, pero ambos recursos fueron negados.