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Para el gobierno la educación superior no es prioridad

La educación superior fue golpeada con un nuevo recorte presupuestario. La Corte Constitucional pide detenerlo pero el gobierno insiste en la merma para las universidades públicas y escuelas politécnicas.
  • presupuesto de la educación superior

    Ilustración de Paula de la Cruz para GK

El recorte presupuestario a 26 universidades públicas, tres universidades de posgrado y ocho particulares cofinanciadas más que un ejercicio financiero, es una declaración de principios. “El gobierno no está tomando en cuenta el rol fundamental que juega la educación superior para enfrentar la pandemia”, dice Mauricio Chiluisa, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE). Sin financiamiento adecuado, la educación no puede tener la calidad que necesita. Sin calidad, el país está arriesgando su futuro para, supuestamente, superar la coyuntura. 

En Colombia, México y Chile, las universidades públicas están haciendo investigación como aporte para combatir la propagación del coronavirus. Pero en Ecuador, el aporte de la academia fue tomado muy tarde en cuenta en la crisis del coronavirus —que fue usado, más bien, como un nuevo pretexto para desfinanciarlas

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Y aunque el recorte presupuestario a las universidades públicas se frenó provisionalmente por orden de la Corte Constitucional y un juzgado de Ambato, si se llegara a reinstaurar, ¿en qué áreas golpearía a las instituciones de educación superior y al país? 

Hay efectos en el bienestar de la sociedad. El principal, es ahondar el desconocimiento del rol que juega la academia en el progreso. Guillermo Santa María Suárez, experto en educación superior, dice que el recorte profundiza el deterioro de la calidad de la educación superior. “Aumentará la fábrica de titulados en el reducido espacio laboral ecuatoriano, se ampliará la brecha entre politécnicas y universidades públicas, la pertinencia de las universidades de provincia casi volverá a desaparecer (lo que daña la relación de la universidad y el entorno), habrá sobrecarga de horas de clase para los profesores titulares y casi no se realizará investigación científica”, dice Santa María. 

Los 98 millones que plantea reducir el gobierno al presupuesto de las universidades públicas ya había sido aprobado y asignado a fines de 2019. Ese dinero según la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Senescyt), proviene de la recaudación del  IVA y el Impuesto a la Renta. Al haber caído la recaudación por la paralización económica que provocó la emergencia sanitaria por el covid-19, argumenta la Senescyt, no hay fondos y el tijeretazo era necesario. 

Los fondos quitados corresponden al rubro de gastos ocasionales destinado al pago de salario para docentes, personal administrativo y de servicio. Muchas instituciones dijeron que la merma ponía aún más presión sobre su operación. Cuando se supo de la suspensión del recorte, la Universidad Central del Ecuador informó que reabrirá el proceso de matrículas el 18 de mayo de 2020, que había sido cancelado el 5 de mayo como consecuencia de la rebaja de fondos. 

Pero varios expertos disienten. Santa María dice que el recorte es inconstitucional porque según la Constitución durante un estado de excepción está prohibido utilizar el dinero destinado a educación y salud. 

No solo es una asunto de mandato constitucional. También hay varias consideraciones técnicas. Santa María dice que para hacerlo, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Caces, antes Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior) debió emitir un informe técnico previo. Pero ni en la gaceta oficial ni en las redes sociales del Caces se ha publicado el documento. “El Ministerio de Economía y Finanzas tomó la decisión de manera desorientada” dice Santa María.

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El recorte presupuestario afectará al desarrollo del conocimiento científico en las universidades. Pablo Jarrín, experto en educación superior y docente de la Universidad Regional Amazónica (Ikiam,) dice que “hacer investigación es costoso y toma mucho tiempo, es como el vino fino”. Jarrín dice que las universidades asiáticas y europeas entienden que es un proceso de largo plazo que requiere sostenidamente financiamiento. Pero con el recorte de presupuesto, la investigación se estancaría. 

Al secretario de la Senescyt, Agustín Albán no le parece grave. En una entrevista en TVC, dijo que con la nueva normalidad por la pandemia del covid-19, “hay investigaciones que no se pueden llevar a cabo, porque la gente no puede viajar o no puede salir al campo, no se afecta, se prioriza ciertas investigaciones”, dijo. Según Santa María, sin proyectos de investigación, las universidades no pueden entregar conocimiento ni profesionales bien preparados a la sociedad. 

Mermar el financiamiento de las universidades públicas tendrá efectos a mediano y largo plazo y, además, nos pone en desventaja para la tan cacareada nueva normalidad. El inventor ecuatoriano Inty Grønneberg dice que el Ecuador debería apostar por la academia como uno de sus ejes de progreso post covid-19, mediante innovación y tecnología. Para eso el país necesita centros de investigación, producción de artículos científicos para lograr libertad intelectual y política basada en evidencia. 

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Para evitar el recorte presupuestario a las universidades, la FEUE y otras organizaciones estudiantiles presentaron propuestas al gobierno. Mauricio Chiluisa ha pedido declarar la moratoria a la deuda externa —según el presidente Moreno, ya se habría conseguido reprogramar más de 800 millones de dólares en pagos. Chiluisa también pide cobrar 1.500 millones de dólares en impuestos a 500 empresas que aparecen como deudoras del fisco. El problema es que muchas de esas obligaciones se remontan a 2005 y 2006, son de compañías que ya no operan en el Ecuador o no tienen bienes ni patrimonio para responder ante esos cobros que serían (ya son) procesos largos y tortuosos ante el Servicio de Rentas y el sistema judicial. 

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La organización propone, además, implementar un impuesto al 2% al patrimonio a las 265 familias más adineradas del país y otro tributo del 5% a las empresas que ganaron más de un millón de dólares en 2019. Es difícil saber si tras los efectos económicos de la pandemia, esas compañías tendrán la liquidez para un impuesto así, si no mermaría su capacidad productiva o si, en el peor de los casos, no haría que cierren (si es que ya no lo hicieron). Chiluisa dice que no han recibido respuestas aún. Algunos expertos han sugerido que los recortes, de ser necesarios, sean redirigidos y aplicados en el gasto militar. Lo que está claro es que un esfuerzo por la educación pública es indispensable.

Mayuri Castro
Periodista de GK. Cubre migración interna, educación y escribe ensayos breves y reflexivos sobre coyuntura nacional.