El pedido de medida cautelar de la Universidad Técnica de Ambato contra el de recorte a su presupuesto fue concedido la tarde del miércoles 13 de mayo por un Juez Constitucional de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en Ambato. Horas después, el Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador resolvió en igual sentido. El máximo tribunal constitucional del país dictó una resolución de medidas cautelares deteniendo el recorte presupuestario a la educación superior. 

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Las medidas aprobadas por los entes judiciales detienen provisional e inmediatamente las disposiciones emitidas en el oficio circular del 16 de abril del 2020 por el Viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, donde disponía la merma de más de 98 millones de dólares de asignaciones a las universidades y escuelas politécnicas públicas del país. 

Según el juzgado de Ambato, el recorte presupuestario era “una amenaza a los derechos fundamentales”. Por ello, resolvió la suspensión de los efectos de las disposiciones emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt) en las circulares del 9 y 16 de abril y en el comprobante de modificación presupuestaria. 

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De la misma manera, la Corte Constitucional dispuso que estas instituciones se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que “puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior”. Las medidas son de cumplimiento obligatorio y estarán vigentes hasta que la Corte adopte una decisión de fondo.  

La Corte adoptó la medida  tras las demandas de incumplimiento del Ejecutivo del dictamen 1-20 EE/20 emitido por el alto tribunal el 19 de marzo donde  se pronunciaba sobre la constitucionalidad del estado de emergencia dictado por el Ejecutivo por la pandemia de covid-19. 

El pasado 4 de mayo, el Gobierno Nacional anunció la aplicación de un recorte de 98 millones de dólares al presupuesto de Educación Superior. Según Agustín Albán, Secretario Nacional de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) el recorte se dio debido a una reducción en los ingresos tributarios que sostienen el presupuesto universitario como resultado de la crisis económica que vive el país por la emergencia sanitaria. Sin embargo, la medida ha sido duramente cuestionada por expertos y analistas educativos. 

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Desde su anuncio, la aplicación del recorte presupuestario ha causado molestias en la comunidad educativa, incluyendo directivos, estudiantes, profesores, e incluso padres de familia, provocando protestas en diferentes ciudades del país desde el 5 de mayo incluso a pesar de las restricciones de movilidad impuestas por el Ejecutivo debido a la pandemia. 

La resolución de medidas de cautelares ha sido reconocida por la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y otras organizaciones estudiantiles del país como una “victoria de la educación.”